
DECRETO SUPREMO N° 258-2026-EF
Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor de diversos gobiernos locales
LA PRESIDENTA DE LA REPÃBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 19 del artÃculo 118 de la Constitución PolÃtica del Perú establece que corresponde a la Presidenta de la República dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando asà lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Senado;
Que, el artÃculo 22 de la Constitución PolÃtica del Perú reconoce que el trabajo es un deber y un derecho, asà como la base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Asimismo, el artÃculo 23 dispone que el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante polÃticas de fomento del empleo productivo;
Que, el incremento de los precios de los combustibles, asociado a las disrupciones del suministro energético internacional y acentuado hasta alcanzar en setiembre de 2026 sus mayores niveles del año, eleva los costos de transporte, producción y comercialización de las microempresas y reduce los recursos disponibles para atender sus obligaciones remunerativas, en un contexto de limitada capacidad financiera para absorber estos mayores desembolsos;
Que, simultáneamente, la intensificación del fenómeno El Niño Costero, reflejada en el aumento de las anomalÃas de la temperatura del mar entre agosto y setiembre de 2026 y en los episodios recientes de lluvia en la costa norte y sequÃas en la zona andina, altera las condiciones en las que se desarrolla la actividad productiva y concurre con el encarecimiento de los combustibles, acumulando presiones sobre la producción, el abastecimiento y los costos de las microempresas;
Que, la experiencia nacional evidencia la magnitud de los daños que este fenómeno puede ocasionar sobre la actividad económica. Conforme a estimaciones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fenómeno El Niño de 1982-1983 generó pérdidas, por aproximadamente, US$ 3 283 millones, equivalentes al 11,6% del Producto Bruto Interno (PBI) de 1983, y el de 1997-1998 ocasionó pérdidas por cerca de US$ 3 500 millones, equivalentes al 6,2% del PBI de 1998, de las cuales el 46% recayó sobre los sectores productivos: agricultura, industria y comercio. Asimismo, según el Banco Central de Reserva del Perú, el Niño Costero de 2017 originó pérdidas cercanas a US$ 3 000 millones, equivalentes al 1,6% del PBI;
Que, la concurrencia de estos hechos fortuitos de origen externo y climático genera presiones simultáneas sobre los costos y la liquidez de las microempresas, reduciendo los recursos que tienen disponibles para atender sus demás obligaciones, entre ellas las remuneraciones, lo que compromete su capacidad para sostener el empleo formal;
Que, las microempresas con ventas anuales de hasta ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) presentan restricciones de acceso al financiamiento y una mayor dependencia de sus recursos propios para sostener sus operaciones, lo que limita su capacidad para absorber el incremento de los costos y atender sus obligaciones remunerativas en la coyuntura descrita;
Que, los antecedentes de 2023 muestran que las microempresas que tienen desde dos (2) hasta diez (10) trabajadores concentraron la caÃda del empleo durante una coyuntura de choques adversos que incluyó el fenómeno El Niño Costero, evidenciando la mayor vulnerabilidad del empleo en las unidades de menor escala; por lo que corresponde focalizar el apoyo en las microempresas que tengan de dos (2) a diez (10) trabajadores, considerando conjuntamente su reducida dimensión económica y laboral, con un mÃnimo de dos (2) trabajadores que orienta la intervención al sostenimiento de una pluralidad de empleos dependientes;
Que, ante la afectación inmediata de la liquidez de estas microempresas, resulta necesario otorgar un apoyo económico por única vez que contribuya al cumplimiento de sus obligaciones remunerativas y a la continuidad de las relaciones laborales vigentes, toda vez que la demora que supone el procedimiento parlamentario para la aprobación de una ley incrementa el riesgo de que los recursos se encuentren disponibles después de la pérdida de puestos de trabajo, cuya recuperación exige tiempo y recursos adicionales;
Que, conforme a lo expuesto, el evento extraordinario e imprevisible consiste en la afectación de la liquidez de las microempresas, ocasionada por el incremento de los costos operativos derivado de las disrupciones del suministro energético internacional y de las alteraciones de la actividad productiva y del abastecimiento asociadas a la intensificación del Fenómeno El Niño Costero, cuya concurrencia restringe la capacidad de estas unidades económicas para cumplir oportunamente sus obligaciones remunerativas y compromete la continuidad de las relaciones laborales vigentes, con el consiguiente riesgo de pérdida de puestos de trabajo;
Que, en consecuencia, corresponde otorgar, por única vez, un subsidio extraordinario a las microempresas que cumplan las condiciones de elegibilidad, cuyo monto se determina a razón de S/ 100,00 por cada trabajador que reúna las condiciones previstas, priorizando la preservación del empleo de quienes perciben menores remuneraciones y disponen de recursos más limitados para afrontar la pérdida de sus ingresos; de este modo, el apoyo económico que recibe la microempresa guarda correspondencia con el número de puestos de trabajo cuya continuidad se busca proteger;
Que, la medida tiene alcance nacional y se dirige a una categorÃa objetiva y amplia de empleadores de distintas actividades económicas, mediante requisitos de aplicación uniforme que responden a su mayor vulnerabilidad frente a la coyuntura descrita, y sus beneficios se extienden al sostenimiento de los ingresos de los trabajadores y sus hogares, del consumo y de las relaciones económicas con proveedores y clientes, lo que sustenta el interés nacional de la intervención;
Que, para ejecutar el subsidio extraordinario de manera oportuna, resulta necesario encargar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) el procesamiento de la información y gestión del subsidio. Para tal efecto, necesitará la identificación de las microempresas beneficiarias para lo cual la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) brindará la información tributaria que no afecte la reserva tributaria, el Ministerio de EconomÃa y Finanzas (MEF) transferirá al MTPE los recursos y el Banco de la Nación (BN) efectuará la validación de los Código de Cuenta Interbancario (CCI) y realizará los abonos/transferencias en las cuentas de titularidad de los beneficiarios;
Que, el otorgamiento del subsidio extraordinario por única vez concentra el apoyo en las necesidades inmediatas de liquidez vinculadas con la preservación del empleo formal, mientras que la vigencia de las medidas hasta el 31 de diciembre de 2026 delimita el periodo para ejecutar las actuaciones de identificación, financiamiento y pago correspondientes; por lo que resulta necesario dictar medidas extraordinarias y temporales en materia económica y financiera para atender la coyuntura descrita;
Que, en virtud de la excepción establecida en el literal c) del numeral 41.1 del artÃculo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por el Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, la presente norma se considera excluida del alcance del Análisis de Impacto Regulatorio â AIR Ex Ante, por tratarse de un Decreto de Urgencia que establece medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera, de carácter excepcional, orientadas a la preservación del empleo formal en las microempresas que tengan de dos (2) a diez (10) trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, mediante la asignación de un subsidio extraordinario.
En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artÃculo 118 de la Constitución PolÃtica del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Senado;
ArtÃculo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer una medida urgente y extraordinaria en materia económica y financiera, de carácter excepcional, orientada a la preservación del empleo formal en las microempresas que tengan de dos (2) a diez (10) trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, mediante la asignación de un subsidio extraordinario.
ArtÃculo 2.- Ãmbito de aplicación
La asignación del subsidio regulada en el presente Decreto de Urgencia se aplica a las empresas privadas que califican como microempresas conforme a lo establecido en el artÃculo 4 de la presente norma.
ArtÃculo 3.- Alcance del subsidio extraordinario
3.1 El subsidio constituye un monto dinerario que se otorga por única vez a favor de la microempresa con el objeto de preservar el empleo formal, de acuerdo con las condiciones reguladas en el presente Decreto de Urgencia.
3.2 La microempresa que cumpla con las condiciones establecidas en el presente Decreto de Urgencia recibe, de manera excepcional, un subsidio extraordinario de S/ 100,00 (Cien y 00/100 Soles) por cada trabajador que genere rentas de quinta categorÃa, de acuerdo con la información declarada en la Planilla Electrónica, correspondiente al periodo agosto de 2026 y que hubiera sido presentada hasta el 30 de setiembre de 2026.
3.3 La remuneración básica mensual de cada trabajador por el cual la microempresa recibirá el subsidio debe ser igual a S/ 1 130.00 (Mil Ciento Treinta y 00/100 Soles) a agosto de 2026, de acuerdo con la información declarada en la casilla 0121-Remuneración o jornal básico de la Planilla Electrónica, cuya presentación hubiera sido efectuada hasta el 30 de setiembre de 2026.
Adicionalmente, los trabajadores por los que se otorga el subsidio deben mantener una relación laboral vigente con el empleador a la fecha de publicación del presente Decreto de Urgencia, de acuerdo con la información del Registro de Información Laboral (T-Registro) de la Planilla Electrónica.
3.4 El monto de subsidio extraordinario percibido por la microempresa regulado en la presente norma no tiene carácter remunerativo ni constituye concepto computable para el cálculo de beneficios sociales del trabajador; asimismo, no puede ser compensado, deducido, imputado ni aplicado al cumplimiento de las obligaciones remunerativas, laborales o de seguridad social a cargo del empleador, ni exime a éste del cumplimiento de la remuneración mÃnima vital vigente, conforme al Decreto Supremo N.° 015-2026-TR, ni de las demás obligaciones establecidas en la normativa laboral.
ArtÃculo 4. Condiciones para ser microempresa elegible
Las condiciones que debe cumplir la microempresa para ser considerada elegible son las siguientes:
4.1 Realizar ventas anuales de hasta ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
4.1.1 Para efecto de lo dispuesto en este numeral, se entiende por ventas anuales:
a)Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, tratándose de microempresas comprendidas en el Régimen General del Impuesto a la Renta o en el Régimen MYPE Tributario, creado por el Decreto Legislativo N.° 1269. Decreto Legislativo que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Rentaâ.
b)Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial del Impuesto a la Renta, tratándose de microempresas de este régimen.
c)Los ingresos brutos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Nuevo Régimen Ãnico Simplificado (NRUS), tratándose de microempresas de este régimen.
4.1.2 Para el cómputo de las ventas anuales:
a)Se consideran las declaraciones juradas mensuales del Impuesto a la Renta o en su caso, del NRUS correspondientes a los periodos setiembre de 2025 hasta agosto de 2026, presentadas hasta el 30 de setiembre de 2026, incluyendo las declaraciones juradas rectificatorias que hubieran surtido efecto hasta dicha fecha.
b)Tratándose de microempresas que han iniciado actividades con posterioridad al periodo setiembre de 2025, se consideran las declaraciones juradas mensuales correspondientes a los periodos vencidos desde el inicio de actividades hasta agosto de 2026, presentadas hasta el 30 de setiembre de 2026, incluidas las declaraciones juradas rectificatorias que hubieran surtido efectos hasta dicha fecha.
c)Si la microempresa elegible se encuentra exceptuada, de acuerdo con la normativa de la materia, de presentar las declaraciones juradas mensuales referidas en el numeral 4.1.1 por todos los periodos comprendidos en los literales a) o b), según corresponda, del presente numeral, se considera que no ha superado las ciento cincuenta (150) UIT.
d)Se utiliza la UIT establecida para el año 2026.
4.2 Tener de dos (2) a diez (10) trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada de acuerdo con el total de trabajadores declarados en la Planilla Electrónica correspondiente al periodo agosto de 2026 que hubiera sido presentada hasta el 30 de setiembre de 2026.
4.3 Haber efectuado la declaración, a través del Programa de Declaración Telemática (PDT) Planilla Electrónica – PLAME, Formulario virtual N° 0601 o del Formulario Virtual N.° 0601 – PLAME WEB, de las contribuciones al Seguro Social de Salud – EsSalud y de las retenciones por Impuesto a la Renta de quinta categorÃa, según corresponda, respecto de los trabajadores por el periodo agosto de 2026, hasta el 30 de setiembre de 2026.
4.4 Encontrarse en estado activo en el Registro Ãnico de Contribuyentes (RUC) y tener la condición de domicilio fiscal habido al 30 de setiembre de 2026.
ArtÃculo 5.Procedimiento para determinar el monto del subsidio extraordinario, de la comunicación del CCI y de la apertura de la cuenta
5.1 En un plazo no mayor a los tres (3) dÃas hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto de Urgencia, la SUNAT proporciona al MTPE el listado de los contribuyentes que cumplan con lo establecido en los numerales 4.1 y 4.4 del artÃculo 4, asà como la información a que se refiere el numeral 3.3 del artÃculo 3 del presente Decreto de Urgencia, considerando la reserva tributaria.
En un plazo máximo de cinco (5) dÃas hábiles posteriores a la recepción de la información a que hace referencia el párrafo precedente, el MTPE realiza su procesamiento, a fin de determinar las microempresas elegibles beneficiarias y el subsidio extraordinario que les corresponde.
5.2 El procesamiento para determinar el monto del subsidio, se efectúa de acuerdo con los criterios que se establecen en el presente artÃculo, y conforme a lo siguiente:
i.Se considera únicamente a las microempresas que cumplen con las condiciones establecidas en el artÃculo 4.
ii.Se contabilizan a los trabajadores que cumplan con las condiciones establecidas en los numerales 3.2 y 3.3 del artÃculo 3 del presente Decreto de Urgencia.
iii.El número de trabajadores que cumplan dichas condiciones se multiplica por S/ 100,00 (Cien y 00/100 Soles).
5.3 Culminado el procesamiento a que se refiere el segundo párrafo del numeral 5.1, el MTPE aprueba en un plazo no mayor a los dos (2) dÃas hábiles, mediante resolución, la relación de las microempresas elegibles beneficiarias y el subsidio extraordinario que les corresponde, la cual se publica en su sede digital.
5.4 Para que el pago del subsidio se efectúe en la modalidad de abono en cuenta, las microempresas, dentro del plazo de cinco (5) dÃas hábiles contados a partir del dÃa siguiente de la publicación a que se refiere el numeral 5.3, deben informar a la SUNAT su CCI, para lo cual, deben ingresar a SUNAT Operaciones en LÃnea y acceder a la opción âCCI Ãnicoâ disponible en âMis Trámites y Consultasâ.
Para dicho efecto, el CCI debe corresponder a una cuenta corriente o de ahorros:
a)Abierta en moneda nacional en una empresa del sistema financiero nacional que esté comprendida en la opción âCCI Ãnicoâ a la fecha de publicación del presente Decreto de Urgencia,
b)Que se mantenga activa hasta el momento del abono del subsidio,
c)Que se encuentre habilitada para recibir transferencias interbancarias del BN,
d)Que no sea una cuenta de Compensación por Tiempo de Servicios, cuenta de detracciones y,
e)Que su titular sea exclusivamente la microempresa.
5.5La microempresa que antes de la publicación del presente Decreto de Urgencia hubiera informado un CCI a la SUNAT, lo debe modificar, según corresponda, considerando lo establecido en el numeral 5.4.
5.6 Recibida la información del CCI, la SUNAT lo remite por lotes al BN para efectos de su validación. La SUNAT termina de remitir toda la información al BN como máximo hasta un dÃa hábil después de concluido el plazo al que se refiere el numeral 5.4 del artÃculo 5. El resultado de dicha validación es comunicado a la SUNAT dentro de un plazo de cuatro (4) dÃas hábiles y puede ser consultado por la microempresa en SUNAT Operaciones en LÃnea.
5.7 La SUNAT en un plazo de un (1) dÃa hábil de recibida la información a que se refiere el numeral anterior informa al MTPE tanto los CCI validados por el BN como aquellos que no han sido validados o han sido rechazados por dicha entidad.
5.8 El MTPE, en un plazo no mayor de tres (3) dÃas hábiles contados desde el dÃa siguiente a que se hace referencia en el numeral 5.7 instruye al BN la apertura de cuentas bancarias que se encuentren en los siguientes supuestos: (i) cuyo CCI no haya sido validado; ii) cuyo CCI haya sido rechazado; o iii) que, a la fecha de publicación del presente Decreto de Urgencia, no cuente con una cuenta en alguna de las empresas del sistema financiero nacional comprendidas en la opción «CCI Ãnico».
5.9El BN, en un plazo no mayor de dos (2) dÃas hábiles contado desde el dÃa siguiente de recibida la comunicación del MTPE prevista en el numeral precedente, abre una cuenta bancaria a favor de cada una de las microempresas que cumplan con los supuestos señalados en el numeral 5.8, sin necesidad de aceptación previa de éstas, de acuerdo con el producto que tenga habilitado el Banco para ello. Asimismo, dentro del mismo plazo, remite al MTPE la relación de las cuentas bancarias abiertas; información que se encuentra exceptuada de la protección del secreto bancario.
5.10 Las cuentas bancarias abiertas conforme al numeral 5.9 se destinan a la transferencia del subsidio correspondiente; y pueden ser cerradas cuando éstas no mantengan saldo o cuando no presenten movimientos en un periodo de 30 dÃas calendario o por aplicación de normas prudenciales o a solicitud del titular. En caso el BN proceda con el cierre de la cuenta y exista saldo en la misma, se pondrá a disposición del titular el dinero en los canales que tenga habilitados para tales efectos. El BN, bajo sus propios recursos, asume las comisiones y gastos que apliquen o se generen por el servicio de pagadurÃa prestado, si se abre una nueva cuenta bancaria para el abono del subsidio o se utiliza otra modalidad de pago, distinta a depósito en cuenta.
ArtÃculo 6.- Procedimiento para el pago del subsidio
6.1 En un plazo no mayor a dos (2) dÃas hábiles, contado a partir del dÃa siguiente de haber recibido la información a que se refieren los numerales 5.7 y 5.9 del artÃculo 5, el MTPE instruye al BN que efectúe los abonos en cuenta del subsidio extraordinario correspondiente, hasta por el monto de S/ 29 000 000,00 (Veintinueve Millones y 00/100 Soles), de acuerdo con los procedimientos del Sistema Nacional de TesorerÃa; para cuyo efecto, le remite una base de datos que incluye, como mÃnimo, la información de las microempresas beneficiarias: Carta de orden, cuenta de cargo, el RUC, CCI y monto del subsidio extraordinario correspondiente.
6.2 El BN efectúa los mencionados abonos en cuenta, en un plazo no mayor a un (1) dÃa hábil contado a partir del dÃa siguiente de recibida la instrucción del MTPE. Asimismo, en un plazo no mayor a cinco (5) dÃas hábiles contados a partir del dÃa siguiente de culminados los pagos a las microempresas, remite al MTPE un reporte de los abonos realizados, información que está exceptuada de la protección del secreto bancario.
6.3 El MTPE, en la misma instrucción que efectúa al BN para los abonos en cuenta, señala el tratamiento operativo a seguir para los casos en que el BN no pueda abonar por causas atribuibles a la cuenta de destino, de conformidad con los procedimientos del Sistema Nacional de TesorerÃa.
ArtÃculo 7.- Transferencia de Partidas a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
7.1Se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 29 000 000,00 (Veintinueve Millones y 00/100 Soles), a favor del pliego 012: M. de Trabajo y Promoción del Empleo, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de EconomÃa y Finanzas, para financiar el subsidio extraordinario a que se refiere el artÃculo 3 del presente Decreto de Urgencia, de acuerdo al siguiente detalle:
7.2 El Titular del pliego habilitado en la Transferencia de Partidas aprueba, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 7.1, a nivel programático, dentro de los cinco (5) dÃas calendario de la vigencia del presente Decreto de Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (5) dÃas calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artÃculo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
7.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
7.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes âNotas de Modificación Presupuestariaâ que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en el presente artÃculo.
7.5 Las demás acciones a cargo de las entidades involucradas para la implementación del presente Decreto de Urgencia, incluidos los costos operativos del pago, se financian con cargo a sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
7.6 Los recursos transferidos mediante el presente Decreto de Urgencia tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del Año Fiscal 2026.
ArtÃculo 8. Responsabilidades y limitación sobre el uso de los recursos
8.1 Los titulares de los pliegos comprendidos en los alcances de la presente norma son responsables de su adecuada implementación, asà como del uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación del presente Decreto de Urgencia, conforme a la normativa vigente y en el marco de sus competencias.
8.2 Los recursos que se transfieran en el marco del presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos de aquellos para los cuales son transferidos.
ArtÃculo 9.- Financiamiento
Las acciones a cargo de las entidades involucradas para la implementación del presente Decreto de Urgencia se financian con cargo a sus presupuestos institucionales y con los recursos a los que se refiere el numeral 7.1 del artÃculo 7 del presente Decreto de Urgencia, según corresponda.
ArtÃculo 10.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y por el Ministro de EconomÃa y Finanzas.
PRIMERA.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
SEGUNDA.- Normas complementarias
El MTPE emite las normas complementarias adicionales que resulten necesarias para la aplicación del presente Decreto de Urgencia.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete dÃas del mes de noviembre del año dos mil veintiséis.
LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE
Primer Vicepresidente de la República
Encargado del despacho de la
Presidencia de la República
RAFAEL JORGE BELAUNDE LLOSA
Ministro de Defensa
Encargado del despacho de la
Presidencia del Consejo de Ministros
ELMER RAFAEL CUBA BUSTINZA
Ministro de EconomÃa y Finanzas
JUAN MANUEL KOSME SHEPUT MOORE
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
LA PRESIDENTA DE LA REPÃBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 19 del artÃculo 118 de la Constitución PolÃtica del Perú dispone que corresponde al Presidente de la República dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando asà lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Senado;
Que, el artÃculo 10 de la Constitución PolÃtica del Perú reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida; y, su artÃculo 11 establece que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas;
Que, conforme a la Ley N° 28532, Ley que establece la reestructuración integral de la Oficina de Normalización Previsional, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) administra el Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990, Decreto Ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social;
Que, el Fenómeno El Niño 2026-2027 viene ocasionando intensas precipitaciones pluviales que afectan diversas zonas del paÃs, situación que ha motivado la declaratoria del estado de emergencia mediante Decreto Supremo N° 149-2026-PCM del 3 de noviembre de 2026;
Que, las precipitaciones pluviales vienen afectando las actividades productivas y las cadenas de abastecimiento de alimentos, generando presiones al alza en los precios de los productos que conforman la canasta básica familiar, lo que repercute directamente en el poder adquisitivo de la población, especialmente de los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990, que agrupa mayoritariamente a los pensionistas cuyos ingresos oscilan entre 300, 400 y 600 soles, que tienen carácter fijo;
Que, en el Informe Técnico N° 11 Variación de los Indicadores de Precios de la EconomÃa del mes de noviembre de 2026, emitido por el INEI, se destaca el incremento de los precios del choclo, la arveja verde, la zanahoria, la cebolla de cabeza, las distintas variedades de papa, el olluco, la palta, la mandarina y el azúcar rubia, registrados durante el mes de octubre, asociándolo con los efectos del Fenómeno El Niño Costero, que afecta además la disponibilidad de especies hidrobiológicas, como bonito y jurel, generando restricciones en los volúmenes de oferta y abastecimiento de los mercados;
Que, en atención a dicha situación extraordinaria e imprevisible, resulta necesario adoptar medidas económicas inmediatas que permitan mitigar la pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990, mediante el otorgamiento de una bonificación extraordinaria, a fin de contribuir a la atención de sus necesidades básicas;
Que, la aprobación de la bonificación, de alcance nacional, responde a criterios objetivos, al interés general y a la coyuntura extraordinaria, sin generar obligaciones permanentes, sin incorporarse a la pensión, servir de base para futuros beneficios ni afectar la sostenibilidad financiera del sistema;
Que, el inciso 3 del numeral 2.2 del artÃculo 2 de la Ley N° 32514, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, dispone que todo dispositivo legal que autorice gastos no previstos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 especifica su financiamiento;
De conformidad con lo establecido en el numeral 19 del artÃculo 118 de la Constitución PolÃtica del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Senado de la República;
DECRETA:
ArtÃculo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto autorizar el otorgamiento de una bonificación extraordinaria por única vez a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990.
ArtÃculo 2.- Bonificación extraordinaria
2.1. Se autoriza a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a otorgar, de manera excepcional y por única vez, una bonificación extraordinaria ascendente a S/ 200,00 (doscientos y 00/100 soles) a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990.
2.2. La bonificación extraordinaria se entrega al pensionista cuya pensión ha sido otorgada con carácter definitivo y que se encuentre registrada en la planilla de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones al 30 de noviembre de 2026.
2.3. Al pensionista que percibe más de una pensión se le otorga una sola bonificación extraordinaria.
2.4. La percepción de la bonificación extraordinaria es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público.
2.5. La ONP paga la bonificación extraordinaria en el mes de diciembre de 2026.
ArtÃculo 3.- Naturaleza de la bonificación extraordinaria
3.1. La bonificación extraordinaria no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable. No se incorpora a la pensión ni constituye base de cálculo para reajustes, beneficios o prestaciones de cualquier Ãndole.
3.2. La ONP no efectúa retenciones ni descuentos sobre la bonificación extraordinaria, salvo los ordenados por mandato judicial.
ArtÃculo 4.- Financiamiento
El gasto que ocasione la aplicación del presente Decreto de Urgencia es financiado con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 095: Oficina de Normalización Previsional â ONP.
ArtÃculo 5.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
ArtÃculo 6.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de EconomÃa y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete dÃas del mes de noviembre del año dos mil veintiséis.
LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE RAFAEL
Primer Vicepresidente de la República
Encargado del despacho de la
Presidencia de la República
JORGE BELAUNDE LLOSA
Ministro de Defensa
Encargado del despacho de la
Presidencia del Consejo de Ministros
ELMER RAFAEL CUBA BUSTINZA
Ministro de EconomÃa y Finanzas
2575821-2
Lima, 14 de noviembre de 2026
CONSIDERANDO:
Que, el artÃculo 12 del Decreto Ley N° 21021, que crea la Caja de Pensiones Militar – Policial, modificado entre otros por la Ley N° 32561, establece que el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar – Policial está integrado, entre otros, por un director designado por los ministros de Defensa, Interior y del Ministerio de EconomÃa y Finanzas, quien presidirá el Consejo Directivo;
Que, asimismo, el artÃculo 13 del citado Decreto Ley establece que los directores del Consejo Directivo son nombrados por resolución suprema, refrendada por los Ministros de los sectores correspondientes; y que su mandato se ejerce por un perÃodo de dos (2) años, prorrogable por una sola vez y por el mismo plazo;
Que, se encuentra vacante el cargo de Director del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar â Policial, por lo que se estima conveniente designar a quien asumirá dicho cargo y ejercerá la presidencia del citado órgano colegiado;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, en el Decreto Ley N° 21021, Ley que crea la Caja de Pensiones Militar â Policial;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-Designar al señor Arturo Williams GarcÃa Villacorta como Director del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar – Policial, quien lo preside.
ArtÃculo 2.-La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Defensa, el Ministro de Interior y el Ministro de EconomÃa y Finanzas.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
KEIKO SOFÃA FUJIMORI HIGUCHI
Presidenta de la República
RAFAEL JORGE BELAUNDE LLOSA
Ministro de Defensa
ELMER RAFAEL CUBA BUSTINZA
Ministro de EconomÃa y Finanzas
CÃSAR AUGUSTO ASTUDILLO SALCEDO
Ministro del Interior
2575820-3
Lima, 17 de noviembre del 2026
VISTOS:
El Informe N° D000239-2026-MIDIS/PNPAIS-URRHH de fecha 17 de noviembre de 2026 de la Unidad de Recursos Humanos y el Informe N° D0000784-2026-MIDIS/PNPAIS-UAJ de fecha 17 de noviembre de 2026 de la Unidad de AsesorÃa JurÃdica del Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social – PAISâ, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se constituye el Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social – PAISâ sobre la base del Programa Nacional Tambos, disponiendo en su Primera Disposición Complementaria Final que: âA partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social – PAISâ;
Que, a través de la Resolución Dirección Ejecutiva N° 219-2020-MIDIS/PNPAIS, se aprueba el Manual de Perfiles de Puestos del Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social – PAISâ, como documento de gestión, que describe de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la entidad;
Que, en virtud de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 108-2021-SERVIR-PE, se formaliza el Acuerdo de Consejo Directivo de SERVIR, adoptado en sesión N° 018-2021, por el cual, se aprobó el Cuadro de Puestos de la Entidad del Programa Nacional de âPlataformas de Acción para la Inclusión Social – PAISâ;
Que, el artÃculo 6 de la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos establece que: âTodas las Resoluciones de designación o nombramiento de funcionarios en cargos de confianza surten efecto a partir del dÃa de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo disposición en contrario de la misma que postergue su vigenciaâ;
Que, el artÃculo 7 del Manual de Operaciones del Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social – PAISâ, aprobado con la Resolución Ministerial N° D000237-2025-MIDIS, señala que: âLa Dirección Ejecutiva es la unidad funcional de dirección y máxima autoridad ejecutiva y administrativa, responsable de conducir y supervisar la gestión del Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social – PAISâ;
Que, mediante Resolución Dirección Ejecutiva N° D000239-2026-MIDIS/PNPAIS-DE, se aprueba el Instructivo: Formulación, presentación y trámite para la designación y/o designación temporal en el Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Socialâ â PAIS (Instructivo N° PAIS.GRH.I.006-2026-MIDIS/PNPAIS), cuyo numeral 6.2, literal d), establece que: âLa URRHH remitirá a la DE, dentro del plazo estipulado, el informe de cumplimiento o no cumplimiento de requisitos y verificación de impedimentosâ; asimismo, dispone que: âLa UAJ, dentro del plazo máximo de un (01) dÃa hábil contado desde el dÃa siguiente de la recepción del expediente, emitirá su informe y proyectará la Resolución correspondiente a la DEâ, y que: âLa DE realizará la suscripción de la RDE y su posterior publicación en el Diario Oficial âEl Peruanoâ y en el portal institucional del PN PAISâ;
Que, Resolución Dirección Ejecutiva N° D000199-2026-MIDIS/PNPAIS-DE de fecha 7 de octubre del 2026, se designa temporalmente, a partir del 9 de octubre del 2026, al servidor Rufino Jurado Mancha en el puesto de confianza de Coordinador de la Unidad Territorial Ancash del Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social â PAISâ;
Que, a través del Memorando N° D000261-2026-MIDIS/PNPAIS-DE de fecha 13 de noviembre del 2026, la Dirección Ejecutiva solicita evaluar el currÃculo vitae del señor Zósimo Ernesto MejÃa Morante para su designación como Coordinador de la Unidad Territorial Ancash;
Que, con informe de vistos y el correo electrónico de fecha 17 de noviembre de 2026, la Unidad de Recursos Humanos, recomienda dar por concluida, la designación efectuada con la Resolución Dirección Ejecutiva N° D000199-2026-MIDIS/PNPAIS-DE, y designar al señor Zósimo Ernesto MejÃa Morante, a partir del 18 de noviembre de 2026, en el puesto de confianza de Coordinador de la Unidad Territorial Ancash del Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social â PAISâ, al haber acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en los instrumentos de gestión aplicables y no haberse advertido impedimentos que imposibiliten su acceso y ejercicio del puesto;
Que, con Informe de vistos, la Unidad de AsesorÃa JurÃdica, concluye que corresponde emitir el acto resolutivo que dé por concluida la designación del señor Rufino Jurado Mancha al puesto de confianza de Coordinador de la Unidad Territorial Ancash del Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social â PAISâ, y designar en dicho puesto de confianza al señor Zósimo Ernesto MejÃa Morante, a partir del 18 de noviembre del 2026;
Con el visto de la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de AsesorÃa JurÃdica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, mediante el cual se crea el Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social â PAISâ sobre la base del Programa Nacional Tambos; la Resolución Ministerial N° D000237-2025-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social â PAISâ; y la Resolución Dirección Ejecutiva N° D000239-2026-MIDIS/PNPAIS-DE, que aprueba el Instructivo: Formulación, presentación y trámite para la designación y/o designación temporal en el Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Socialâ â PAIS (Instructivo N° PAIS.GRH.I.006-2026-MIDIS/PNPAIS);
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.- Dar por concluida,la designación temporal del señor Rufino Jurado Mancha en el puesto de confianza de Coordinador de la Unidad Territorial Ancash del Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social â PAISâ, efectuada mediante Resolución Dirección Ejecutiva N° D000199-2026-MIDIS/PNPAIS-DE; dándosele las gracias por los servicios prestados.
ArtÃculo 2.-Designar, al señor Zósimo Ernesto MejÃa Morante en el puesto de confianza de Coordinador de la Unidad Territorial Ancash del Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social â PAISâ.
ArtÃculo 3.-Disponer que los citados señores realicen, en su oportunidad, la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, conforme a la Ley N° 27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, debiendo comunicar a la Unidad de Administración dicha acción.
ArtÃculo 4.-Encargar a la Unidad de Administración las acciones necesarias para la notificación de la presente resolución a las citadas personas, a las Unidades Orgánicas, Unidades Territoriales, al Coordinador Técnico del Programa y gestionar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial âEl Peruanoâ.
ArtÃculo 5.-Encargar a la Unidad de Comunicaciones e Imagen que realice las acciones necesarias para la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional y en el Portal de Transparencia del Programa Nacional âPlataformas de Acción para la Inclusión Social – PAISâ.
RegÃstrese, comunÃquese, notifÃquese y/o publÃquese.
JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS
Director Ejecutivo
Programa Nacional PAIS
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LA PRESIDENTA DE LA REPÃBLICA
CONSIDERANDO:
Que, en el literal a) del numeral 17.1 del artÃculo 17 de la Ley N° 32513, se autoriza, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2026, al Ministerio de EconomÃa y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, con cargo a los recursos a los que se refiere el artÃculo 53 del Decreto LegislativoN° 1440, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar los gastos asociados a la reactivación de la economÃa a través de la ejecución de la inversión e intervenciones de mantenimiento. Asimismo, en el numeral 17.2 del citado artÃculo, se establece que las referidas modificaciones presupuestarias se aprueban utilizando solo el mecanismo establecido en el artÃculo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, debiendo contar con el refrendo del ministro del sector correspondiente en el caso de las entidades del Gobierno Nacional, a propuesta del titular de la entidad solicitante.
Que, además, en el numeral 17.3 del artÃculo 17 de la Ley N° 32513, se dispone que para las intervenciones financiadas en el marco del citado artÃculo que generen gastos en los años fiscales subsiguientes, los pliegos habilitados y/o el sector solicitante, según corresponda, son responsables de garantizar la sostenibilidad de las intervenciones con cargo a su Asignación Presupuestaria Multianual, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, bajo responsabilidad del titular del pliego;
Que, los artÃculos 53 y 54 del Decreto Legislativo N° 1440, establecen que las Leyes de Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva de Contingencia que constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del Ministerio de EconomÃa y Finanzas, disponiendo que las transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de EconomÃa y Finanzas;
Que, mediante el Oficio N° 2893-2026-MTC/04, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 17 086 264,00 (DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de EconomÃa y Finanzas, a favor de ocho (8) gobiernos locales, para financiar los gastos asociados a la reactivación de la economÃa a través de la ejecución de doce (12) inversiones, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 17.1 y en el numeral 17.2 del artÃculo 17 de la Ley N° 32513; adjuntando, para dicho efecto, el Informe N° 0751-2026-MTC/09.03, de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con los sustentos correspondientes; asà como el Oficio N° 1079-2026-EF/63.04 de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones que adjunta el informe N° 0587-2026-EF/63.04 con la opinión técnica favorable;
Que, mediante el Oficio N° D001918-2026-MIDAGRI-SG, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 21 461 354,00 (VEINTIÃN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de EconomÃa y Finanzas, a favor de diez (10) gobiernos locales, para financiar los gastos asociados a la reactivación de la economÃa a través de la ejecución de once (11) inversiones, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 17.1 y en el numeral 17.2 del artÃculo 17 de la Ley N° 32513; adjuntando, para dicho efecto, el Informe N° D000641-2026-MIDAGRI-SG-OGPP-OPRES, de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del citado ministerio, con los sustentos correspondientes; asà como los Oficios N° 0865-2026-EF/63.04 y N° 1035-2026-EF/63.04 de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones que adjuntan los informes N° 0527-2026-EF/63.04 y N° 0578-2026-EF/63.04, respectivamente, con la opinión técnica favorable;
Que, mediante el Oficio N° 02055-2026-VIVIENDA/SG, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 55 232 667,00 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de EconomÃa y Finanzas, a favor de diecinueve (19) gobiernos locales, para financiar los gastos asociados a la reactivación de la economÃa a través de la ejecución de veinte (20) inversiones, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 17.1 y en el numeral 17.2 del artÃculo 17 de la Ley N° 32513; adjuntando, para dicho efecto, el Informe N° 522-2026/VIVIENDA/OGPP-OP, de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con los sustentos correspondientes; asà como el Oficio N° 1099-2026-EF/63.04 de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones que adjunta el informe N° 0593-2026-EF/63.04 con la opinión técnica favorable;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma deS/ 88 031 712,00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de EconomÃa y Finanzas, a favor de diversos gobiernos locales, para financiar lo señalado en los considerandos precedentes;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 17.1 y en el numeral 17.2 del artÃculo 17 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; y, en los artÃculos 53 y 54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
DECRETA:
ArtÃculo 1.- Transferencia de Partidas a favor de gobiernos locales
1.1 Se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 88 031 712,00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de diversos gobiernos locales, para financiar los gastos asociados a la reactivación de la economÃa a través de la ejecución de cuarenta y una (41) inversiones en materia de transporte, agropecuaria y saneamiento, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 17.1 y en el numeral 17.2 del artÃculo 17 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de EconomÃa y Finanzas, de acuerdo con el siguiente detalle:
1.2 El detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 1.1 se encuentra en el Anexo âTransferencia de Partidas a favor de diversos pliegos de los gobiernos localesâ, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica en la sede digital del Ministerio de EconomÃa y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano.
ArtÃculo 2.- Procedimiento para la aprobación institucional
2.1 El Titular de los pliegos habilitados en la Transferencia de Partidas autorizada en el artÃculo 1, aprueba, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el citado artÃculo, a nivel programático, dentro de los cinco (5) dÃas calendario contados desde la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la resolución se remite dentro de los cinco (5) dÃas calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artÃculo 31 del Decreto LegislativoN° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de EconomÃa y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en el pliego involucrado, instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes âNotas de Modificación Presupuestariaâ que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. Para el caso de los Gobiernos Locales, la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego elabora las correspondientes âNotas de Modificación Presupuestariaâ que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
ArtÃculo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artÃculo 1 del presente Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos de aquellos para los cuales son transferidos.
ArtÃculo 4. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de EconomÃa y Finanzas, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce dÃas del mes de noviembre del año dos mil veintiséis.
KEIKO SOFÃA FUJIMORI HIGUCHI
Presidenta de la República
MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
ELMER RAFAEL CUBA BUSTINZA
Ministro de EconomÃa y Finanzas
JOSÃ ANGELLO TANGHERLINI CASAL
Ministro de Transportes y Comunicaciones
MAURICIO FERNANDO ARNILLAS GONZÃLEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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LA PRESIDENTA DE LA REPÃBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artÃculo 2 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, define al deporte como la actividad fÃsica que se promueve como un factor importante para la recreación, la mejora de la salud, la renovación y desarrollo de las potencialidades fÃsicas, mentales y espirituales del ser humano, mediante la participación y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas y recreativas;
Que, el artÃculo 7 de la Ley N° 28036 establece que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) constituye un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Educación, con autonomÃa técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones; y constituye un pliego presupuestal. El IPD, en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), formula, imparte e implementa la polÃtica del deporte en general y, por ende, de cada uno de sus componentes; asà como organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza, en el ámbito nacional, el desarrollo del deporte, la actividad fÃsica y la recreación en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorÃas, y ejerce la rectorÃa del SISDEN;
Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2022-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba la PolÃtica Nacional de Actividad FÃsica, Recreación, Deporte y Educación FÃsica â PARDEF, se establece como cuarto objetivo prioritario (OP.4) de la citada polÃtica nacional âIncrementar el desempeño exitoso de deportistas de alta competencia en torneos internacionalesâ. Asimismo, la PARDEF desarrolla aprendizajes relacionados con la actividad fÃsica, recreación, deporte y educación fÃsica, orientados a desarrollar en la población hábitos para una vida activa y saludable, y en los deportistas federados y de alta competencia logros deportivos internacionales;
Que, el artÃculo 1 de la Ley N° 31816, Ley de facilitación aduanera para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional, señala que esta tiene por objeto coadyuvar a la reactivación del turismo de negocios, reuniones y eventos, restableciendo el marco legal para la facilitación de trámites aduaneros y el ingreso de participantes, entre otros, para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional por el Poder Ejecutivo; asimismo, según el literal d) del artÃculo 2 de la citada Ley, se considera como evento a la asamblea, foro, congreso, cumbre, competencia deportiva o cualquier actividad programada de relevancia internacional que hayan sido declarados de interés nacional por el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Que, mediante los Oficios N° 0399-2026-FDNTP y N° 0420-2026-FDNTP, la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana, en su condición de ente que promueve y regula la práctica del tiro deportivo a nivel nacional, solicita al IPD se gestione la Declaración de Interés Nacional del evento deportivo internacional âXV CAMPEONATO DE TIRO DE LAS AMÃRICAS â LIMA 2026â, programado para desarrollarse del 21 de noviembre al 1 de diciembre de 2026, en el PolÃgono de Tiro Las Palmas, ubicado en la Base Aérea Las Palmas, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, República del Perú;
Que, el âXV CAMPEONATO DE TIRO DE LAS AMÃRICAS â LIMA 2026â es un evento deportivo de gran relevancia internacional, organizado por la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana por designación de la Confederación Americana de Tiro (CAT), organismo continental afiliado a la International Shooting Sport Federation (ISSF), que constituye la competencia continental clasificatoria del sistema olÃmpico para el continente americano, en la cual se otorgarán las primeras doce (12) plazas para los Juegos OlÃmpicos de Los Ãngeles 2028 y más de doscientas (200) plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027; asimismo, congregará aproximadamente a ochocientos (800) participantes, entre ellos quinientos (500) deportistas de las federaciones nacionales afiliadas a la CAT en las modalidades de rifle, pistola y escopeta, con proyección de participación de sesenta (60) deportistas peruanos, treinta (30) hombres y treinta (30) mujeres, quienes representarán al paÃs en las distintas pruebas del campeonato;
Que, con los Oficios N° 000253-2026-GG/IPD y N° 000281-2026-GG/IPD; los Informes N° 000628-2026-DINADAF/IPD y N° 000005-2026-NTA-DINADAF/IPD, ratificados con el Memorando N° 003178-2026-DINADAF/IPD; el informe N° 000456-2026-UPTO-OPP/IPD, ratificado en el Memorando N° 002216-2026-OPP/IPD; y, los Informes N° 001026-2026-OAJ/IPD y N° 001113-2026-OAJ/IPD, el IPD sustenta y propone el decreto supremo que declara de interés nacional la realización del evento deportivo internacional âXV CAMPEONATO DE TIRO DE LAS AMÃRICAS â LIMA 2026â;
Que, mediante los Informes N° 02144-2026-MINEDU/SPE-OPEP-UPP y N° 02233-2026-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la SecretarÃa de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación, emite opinión favorable a la propuesta de decreto supremo que declara de interés nacional la realización del referido evento deportivo internacional;
Que, considerando lo expuesto, resulta necesario declarar de interés nacional la realización del evento deportivo internacional âXV CAMPEONATO DE TIRO DE LAS AMÃRICAS â LIMA 2026â;
Que, en virtud del literal a) del párrafo 41.1 del artÃculo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, el presente Decreto Supremo se encuentra excluido del alcance del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante por la materia que comprende, al tratarse de una declaratoria de interés nacional de la realización del referido evento deportivo, el cual no genera efectos a terceros;
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del artÃculo 118 de la Constitución PolÃtica del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte; la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; y, la Ley N° 31816, Ley de facilitación aduanera para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
ArtÃculo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer las disposiciones que permitan la adecuada organización y realización del evento deportivo internacional âXV CAMPEONATO DE TIRO DE LAS AMÃRICAS â LIMA 2026â, a partir de su declaratoria de interés nacional.
ArtÃculo 2.- Finalidad
El presente Decreto Supremo tiene como finalidad habilitar un marco de articulación institucional que permita a cada organismo público de los diversos sectores y niveles de gobierno, a los que se refiere el artÃculo 5 del presente Decreto Supremo, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptar las acciones pertinentes para garantizar la adecuada realización del evento deportivo internacional y consolidar una plataforma estratégica orientada al fortalecimiento del deporte de alto rendimiento y a la proyección internacional del paÃs.
ArtÃculo 3.- Declaración de interés nacional del evento deportivo internacional âXV CAMPEONATO DE TIRO DE LAS AMÃRICAS â LIMA 2026â
Se declara de interés nacional la realización del evento deportivo internacional âXV CAMPEONATO DE TIRO DE LAS AMÃRICAS â LIMA 2026â, a llevarse a cabo en el PolÃgono de Tiro Las Palmas, ubicado en la Base Aérea Las Palmas, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, República del Perú, del 21 de noviembre al 1 de diciembre de 2026.
ArtÃculo 4.- Responsable del evento deportivo internacional
La Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana es la responsable de la organización y realización del evento deportivo internacional âXV CAMPEONATO DE TIRO DE LAS AMÃRICAS â LIMA 2026â.
ArtÃculo 5.- Participación de entidades
Todos los organismos públicos de los diversos sectores y niveles de gobierno cuyo ejercicio de competencias incida en la organización y realización del evento deportivo internacional âXV CAMPEONATO DE TIRO DE LAS AMÃRICAS â LIMA 2026â, participan de manera conjunta, coordinada, oportuna y con respeto de la diversidad cultural y lingüÃstica del paÃs.
ArtÃculo 6.- Facilitación aduanera y de ingreso de participantes y bienes
El Estado facilita los trámites aduaneros y el ingreso de participantes y bienes para la realización del evento declarado de interés nacional en el artÃculo 3 de la presente norma, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 31816, Ley de facilitación aduanera para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional, sin perjuicio de las autorizaciones y controles que correspondan a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), conforme a la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-IN.
ArtÃculo 7.- Financiamiento
La organización y la realización del evento deportivo internacional denominado âXV CAMPEONATO DE TIRO DE LAS AMÃRICAS â LIMA 2026â se financian con cargo a los recursos de la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
ArtÃculo 8.- Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en la Plataforma Digital Ãnica del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), asà como en la sede digital del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu) y del Instituto Peruano del Deporte (www.gob.pe/ipd), el mismo dÃa de su publicación en el Diario Oficial âEl Peruanoâ.
ArtÃculo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Educación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete dÃas del mes de noviembre del año dos mil veintiséis
LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE
Primer Vicepresidente de la República
Encargado del despacho de la
Presidencia de la República
JOSE ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación
Lima, 17 de noviembre de 2026
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Secretario Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación;
Que, resulta necesario designar a la persona que ejercerá el cargo al que se hace referencia en el considerando precedente;
De conformidad con lo previsto en la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
ArtÃculo Ãnico.-Designar al señor TONY DAVID PULIDO CAMINO, en el cargo de Secretario Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
JOSÃ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación
2575809-1
Lima, 13 de noviembre de 2026
VISTOS: El Informe N° 291-2026-MINEM/DGH de la Dirección General de Hidrocarburos; y, el Informe N° 1505-2026-MINEM/OGAJ de la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica del Ministerio de EnergÃa y Minas; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artÃculo 2 de la Constitución PolÃtica del Perú, establece que toda persona tiene derecho a su bienestar y libre desarrollo. Asimismo, el artÃculo 44 del citado cuerpo normativo dispone que es deber primordial del Estado, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;
Que, el artÃculo 2 del Texto Ãnico Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM establece que el Estado promueve el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica con la finalidad de lograr el bienestar de la persona humana y el desarrollo nacional;
Que, el artÃculo 3 del Texto Ãnico Ordenado de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, dispone que el Ministerio de EnergÃa y Minas es el encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la polÃtica del Sector Hidrocarburos;
Que, asimismo, el artÃculo 76 del referido Texto Ãnico Ordenado, dispone que el transporte, la distribución mayorista y minorista y la comercialización de los productos derivados de los Hidrocarburos se regirán por las normas que apruebe el Ministerio de EnergÃa y Minas, las cuales deben contener mecanismos que satisfagan el abastecimiento del mercado interno;
Que, el literal a) del artÃculo 83 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de EnergÃa y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM, dispone que la Dirección General de Hidrocarburos, a través de su Dirección Normativa de Hidrocarburos, tiene como una de sus funciones el analizar y emitir opinión sobre asuntos normativos y legales que correspondan exclusivamente al Subsector Hidrocarburos, asà como respecto a otros vinculados a dichas actividades;
Que, mediante el Comunicado Oficial ENFEN Nº 19-2026 del 30 de octubre de 2026, emitido por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno âEl Niñoâ â ENFEN, se mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero y prevé que el calentamiento del mar frente a la costa peruana se mantenga con magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, para luego disminuir gradualmente hasta junio de 2027, con lluvias superiores a lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 124-2026-PCM se declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Ãncash, ApurÃmac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, JunÃn, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San MartÃn, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027;
Que, en este contexto, el ENFEN recomienda a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) adoptar oportunamente medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta, a fin de mitigar los impactos sobre la población, la infraestructura y los medios de vida;
Que, el Informe Situacional Nº 000027-2026-INDECI/DIRES del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) tiene como sustento los informes emitidos por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Servicio Nacional de MeteorologÃa e HidrologÃa del Perú (SENAMHI), la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno âEl Niñoâ – ENFEN y la Sub Dirección de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres de la Dirección de Preparación del INDECI; y determina la necesidad de declarar en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Ãncash, ApurÃmac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, JunÃn, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San MartÃn, Tacna, Tumbes, Ucayali y de la Provincia Constitucional del Callao;
Que, asimismo, los eventos climáticos y peligros inminentes asociados al Fenómeno El Niño 2026 â 2027 (FEN), tales como lluvias intensas, inundaciones, huaicos, deslizamientos y descargas atmosféricas representan un riesgo para la infraestructura eléctrica, a través de la cual se desarrollan las actividades de generación, transmisión y distribución de energÃa eléctrica, asà como la infraestructura destinada para la refinación, procesamiento, el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, incluyendo gasoductos;
Que, el 67% de la composición de la matriz energética del paÃs es dependiente de los recursos energéticos a base de Hidrocarburos, tales como el petróleo crudo, Gas Natural y los productos terminados como los combustibles lÃquidos y GLP, que son empleados como fuente de energÃa a nivel nacional. Cabe precisar que, a la fecha, no se cuenta con capacidad instalada de producción de energÃa que sustituya los mencionados combustibles con otras fuentes que aseguren el abastecimiento y acceso a tal cantidad de energÃa. Asimismo, muchas de las instalaciones de hidrocarburos que forman parte importante del suministro de energÃa en la matriz energética se encuentran como elementos en riesgo o expuestos ante eventualidades consecuentes del FEN que generan un peligro inminente de desabastecimiento o dificultad de acceso a los combustibles, empleados como fuente de energÃa;
Que, la afectación a la continuidad operativa de las actividades de hidrocarburos puede interrumpir servicios públicos esenciales, restringir la movilidad de personas y bienes, paralización de actividades económicas y domésticas, afectar cadenas logÃsticas y productivas, incrementar los costos de transporte, comprometer la continuidad de servicios públicos que protegen la vida y la salud de la población, afectar la continuidad de los servicios de suministro de energÃa eléctrica e hidrocarburos, entre otros, y, por consecuencia, incrementar la presión inflacionaria e impactar el equilibrio económico nacional;
Que, la cadena de suministro de combustibles opera como un sistema logÃstico interdependiente, en el que las instalaciones de procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, atienden a zonas distintas de aquellas en las que se ubican, tal es el alcance de las regiones que señala el Decreto Supremo Nº 124-2026-PCM. En consecuencia, la resiliencia del abastecimiento de combustibles en una zona declarada en emergencia depende sistémicamente de la autonomÃa de inventarios que disponen las instalaciones de hidrocarburos a nivel nacional, por lo que se considera pertinente que la declaratoria de emergencia debe tener un alcance nacional, de modo tal que se afiance la continuidad operativa de todas las instalaciones de hidrocarburos y la sinergia que generan dichas instalaciones en el equilibrio de la matriz energética, durante el periodo del FEN;
Que, el artÃculo 1 del Decreto Supremo N° 063-2010-EM, norma que otorga facultad al Organismo Supervisor de la Inversión en EnergÃa y MinerÃa (OSINERGMIN), para dictar medidas transitorias que permitan exceptuar el cumplimiento de los reglamentos de comercialización y seguridad ante diversas situaciones, modificada por el Decreto Supremo N° 002-2026-EM, establece, entre otros, que durante la vigencia de la declaratoria del estado de emergencia o situación de emergencia declarada por el Ministerio de EnergÃa y Minas que afecten a las actividades de hidrocarburos, el OSINERGMIN debe dictar medidas urgentes y transitorias que permitan exceptuar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos de comercialización y de seguridad emitidos por el Ministerio de EnergÃa y Minas, bajo determinadas condiciones técnicas de seguridad de acuerdo a sus funciones, para lo cual puede aprobar medidas alternativas a las previstas por los citados reglamentos, con la finalidad de asegurar la continuidad de las actividades de Hidrocarburos;
Que, de acuerdo con el Informe N° 291-2026-MINEM/DGH de la Dirección General de Hidrocarburos se evidencia que, a nivel nacional, se tiene alto riesgo estructural y sistémico que conllevan a un peligro inminente para el normal abastecimiento de combustibles lÃquidos y GLP, empleados como fuente de energÃa, por consecuencia de los eventos climáticos anómalos derivados del FEN, toda vez que la continuidad operativa de diversas instalaciones de hidrocarburos se encuentra como elementos en riesgo o expuestos; asimismo, se estima eventuales interrupciones en el sistema logÃstico asociados al abastecimiento de combustibles lÃquidos y GLP, cuyas rutas están expuestas a factores sociales, fenómenos naturales como huaicos y/o deslizamientos de masas, o accidentes;
Que, asimismo, mediante el citado Informe N° 291-2026-MINEM/DGH se concluye que, dado el alto riesgo de que se afecte significativamente el abastecimiento de combustibles a nivel nacional, corresponde al Ministerio de EnergÃa y Minas declarar en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos a nivel nacional debido al alto riesgo estructural y sistémico, en el suministro de combustibles lÃquidos y GLP empleados como fuente de energÃa, por consecuencia de los eventos climáticos anómalos derivados del FEN 2026-2027, por un periodo de hasta ocho (8) meses, concordante con las estimaciones de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno âEl Niñoâ – ENFEN;
Que, a través del Informe N° 1505-2026-MINEM/OGAJ, la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica del Ministerio de EnergÃa y Minas concluye que resulta legalmente viable la emisión de la Resolución Ministerial que declare en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos debido al alto riesgo estructural y sistémico, en el suministro de combustibles lÃquidos y GLP como fuente de energÃa, por consecuencia de los eventos climáticos anómalos derivados del FEN 2026-2027, de conformidad con lo establecido en el artÃculo 1 del Decreto Supremo N° 063-2010-EM, modificado por Decreto Supremo N° 002-2026-EM;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de EnergÃa y Minas; el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de EnergÃa y Minas; y el Decreto Supremo N° 063-2010-EM, que otorga facultad al OSINERGMIN para dictar medidas transitorias que permitan exceptuar el cumplimiento de los reglamentos de comercialización y seguridad ante diversas situaciones; y con los vistos de la Dirección General de Hidrocarburos, de la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica y del Despacho Viceministerial de Hidrocarburos;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-Declarar en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles a nivel nacional; desde el procesamiento, refinación y almacenamiento hasta la comercialización; debido al alto riesgo estructural y sistémico en el suministro de combustibles lÃquidos y GLP como fuente de energÃa, como consecuencia de los eventos climáticos anómalos derivados del Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027, por un periodo de hasta ocho (8) meses, contado a partir del dÃa siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial, de conformidad con lo establecido en el artÃculo 1 del Decreto Supremo N° 063-2010-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 002-2026-EM.
ArtÃculo 2.-Notificar al Organismo Supervisor de la Inversión en EnergÃa y MinerÃa – OSINERGMIN para que, previa evaluación y en el marco de sus competencias, establezca las medidas transitorias que resulten necesarias para atender la situación de emergencia declarada en el artÃculo 1 de la presente Resolución, incluyendo excepciones al cumplimiento de determinados artÃculos de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, para lo cual puede aprobar medidas alternativas a las previstas por los mencionados reglamentos, que considere pertinentes.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
GUILLERMO SHINNO HUAMANÃ
Ministro de EnergÃa y Minas
2575709-1
2575678-1
Lima, 13 de noviembre de 2026
VISTOS, los Informes N° 130-2026-JUS/CN/REGISTRO y N° 131-2026-JUS/CN/REGISTRO, de la Coordinación de Registro Nacional de Notarios y Juntas Directivas de los Colegios de Notarios del Consejo del Notariado; el Informe N° 50-2026-JUS/CN y el Memorando N° 460-2026-JUS-CN, de la Presidencia del Consejo del Notariado; el Memorando N° 830-2026-JUS/OGAJ y el Informe N° 1460-2026-JUS/OGAJ, de la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0148-2015-JUS, de fecha 27 de mayo de 2015, se nombró al señor abogado VÃCTOR DANIEL CORAL PÃREZ como Notario del distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San MartÃn, Distrito Notarial de San MartÃn;
Que, mediante Oficio N° 335-2026-CNSM, de fecha 07 de octubre de 2026, el Colegio de Notarios de San MartÃn, comunicó a la Presidencia del Consejo del Notariado que, a través de la Resolución N° 210-2026-CNSM, de fecha 29 de setiembre de 2026, se designó al notario John Arenas Acosta como notario administrador del archivo notarial y acervo documental del fallecido notario VÃCTOR DANIEL CORAL PÃREZ, por la causal de fallecimiento, de conformidad con el literal a), del artÃculo 21 del Decreto Legislativo N° 1049, adjuntando para tal efecto la citada resolución;
Que, mediante Oficio N° 352-2026-CNSM, de fecha 22 de octubre de 2026, el Colegio de Notarios de San MartÃn, remitió a la Presidencia del Consejo del Notariado, el acta de defunción del citado notario entre otros documentos;
Que, mediante Informe N° 50-2026-JUS/CN, de fecha 23 de octubre de 2026, la Presidencia del Consejo del Notariado remitió a la SecretarÃa General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Informe N° 130-2026-JUS/CN/REGISTRO, de la Coordinación de Registro Nacional de Notarios y Juntas Directivas de los Colegios de Notarios del Consejo del Notariado, con sus respectivos antecedentes, a fin de tramitar la emisión de la resolución de cancelación de tÃtulo de Notario del señor VÃCTOR DANIEL CORAL PÃREZ;
Que, en la documentación remitida por la Presidencia del Consejo del Notariado, obran las copias del acta de defunción del señor VÃCTOR DANIEL CORAL PÃREZ, expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, asà como de las actas de cierre de los registros;
Que, mediante Memorando N° 830-2026-JUS/OGAJ, de fecha 26 de octubre de 2026, la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó a la Presidencia del Consejo del Notariado precisar si hubo cambios en la competencia territorial y administrativa del referido notario;
Que, en respuesta a ello, mediante Memorando N° 460-2026-JUS-CN, de fecha 29 de octubre de 2026, la Presidencia del Consejo del Notariado remitió el Informe N° 131-2026-JUS/CN/REGISTRO; a través del cual la citada Coordinación señaló que, de los antecedentes evaluados, se advierte que el señor VÃCTOR DANIEL CORAL PÃREZ fue objeto de nombramientos sucesivos en distintas circunscripciones territoriales que fueron canceladas en su oportunidad; asimismo, se precisa que su último nombramiento correspondió al distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San MartÃn, Distrito Notarial de San MartÃn, conforme a la Resolución Ministerial N° 0148-2015-JUS, siendo esta última sobre la cual opera la cancelación por la causal de muerte invocada;
Que, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artÃculo 21 del Decreto Legislativo N° 1049, modificado por el Decreto Legislativo N° 1232, el notario cesa por causal de muerte; por lo que, habiendo operado dicha causal, resulta necesario expedir la resolución ministerial de cancelación de tÃtulo de Notario;
Con los vistos de la Presidencia del Consejo del Notariado y de la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1232; la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-Cancelar, por causal de muerte, el tÃtulo de Notario del distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San MartÃn, perteneciente al Distrito Notarial de San MartÃn, otorgado al señor VÃCTOR DANIEL CORAL PÃREZ.
ArtÃculo 2.-Remitir copia de la presente Resolución al Consejo del Notariado y al Colegio de Notarios de San MartÃn, para los fines que correspondan.
ArtÃculo 3.-La presente Resolución Ministerial es publicada en la Sede Digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus), el mismo dÃa de su publicación en el diario oficial El Peruano.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
ERNESTO ALVAREZ MIRANDA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
2575447-1
LA PRESIDENTA DE LA REPÃBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1.1 del artÃculo 1 de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;
Que, el artÃculo 4 de la referida Ley, señala que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanÃa, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;
Que, los literales a), b), c) y e) del artÃculo 3 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, establecen como principios de dicho Sistema la orientación al ciudadano, la orientación a resultados, la eficacia y eficiencia, y la simplicidad y armonización, conforme a los cuales las entidades públicas orientan su actuación hacia el logro de objetivos institucionales y el manejo racional y óptimo de los recursos, eliminando la duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones;
Que, los artÃculos 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señalan que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el organismo del Poder Ejecutivo rector en las polÃticas nacionales y sectoriales sobre mujer y promoción y protección de las poblaciones vulnerables, que tiene como finalidad diseñar, establecer, promover, ejecutar y supervisar polÃticas públicas a favor de las mujeres y de las poblaciones vulnerables, consideradas como grupos de personas que sufren discriminación o situaciones de desprotección con el objeto de garantizar sus derechos, con visión intersectorial;
Que, el artÃculo 4 del citado Decreto Legislativo establece que el sector mujer y poblaciones vulnerables comprende al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones de nivel nacional, regional y local vinculadas a las competencias establecidas en dicha norma; siendo que, para los fines del presente Decreto Supremo, el proceso de modernización y reorganización comprende al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y sus programas nacionales;
Que, a su vez el numeral 3 del artÃculo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que, entre otras, por Decreto Supremo se regula la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional;
Que, el numeral 22.3 del artÃculo 22 de la referida Ley establece que los Ministerios están confiados a los Ministros de Estado, quienes son responsables de la dirección y gestión de los asuntos públicos de su competencia; y los numerales 3 y 4 de su artÃculo 25 asignan a los Ministros de Estado, entre otras funciones, establecer las mediciones de gestión de las entidades de su Sector y evaluar su cumplimiento, asà como proponer la organización interna de su Ministerio;
Que, el literal e) del numeral 23.1 del artÃculo 23 de la citada Ley dispone que son funciones generales de los Ministerios, realizar seguimiento respecto del desempeño y logros alcanzados a nivel nacional, regional y local, y tomar las medidas correspondientes;
Que, en ese sentido, se han identificado limitaciones en la provisión de los servicios a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a las personas que atiende, respecto a su integralidad, oportunidad y cobertura, lo que evidencia la necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer su capacidad institucional y mejorar la atención de los servicios;
Que, en tal contexto, resulta necesario declarar en proceso de modernización y reorganización el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y sus programas nacionales, a fin de evaluar y proponer las acciones y medidas de reforma de su situación administrativa, organizacional y de gestión, orientadas a fortalecer su capacidad institucional y mejorar la eficacia de sus intervenciones en favor de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad;
Que, la presente declaración tiene carácter temporal y de evaluación, por lo que no aprueba el redimensionamiento ni la reorganización a que se refiere el numeral 22.5 del artÃculo 22 de la Ley N° 29158, ni modifica la estructura orgánica, las competencias o la naturaleza jurÃdica de las entidades comprendidas; las medidas que se deriven del proceso se aprueban con sujeción a los requisitos, procedimientos e instrumentos establecidos en la normativa de la materia;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artÃculo 118 de la Constitución PolÃtica del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM; y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado por Resolución Ministerial N° 000380-2025-MIMP;
DECRETA:
ArtÃculo 1.- Declaración de modernización y reorganización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y sus programas nacionales
Se declara en proceso de modernización y reorganización el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y sus programas nacionales, por el plazo de sesenta (60) dÃas calendario, contado a partir del dÃa siguiente de la publicación del presente Decreto Supremo, con el objeto de evaluar integralmente su situación administrativa, organizacional y de gestión, y proponer, sobre la base de dicha evaluación, las acciones y medidas de modernización y reorganización que correspondan, orientadas al fortalecimiento de su capacidad institucional y a la mejora de la articulación, gestión y cumplimiento de sus competencias.
ArtÃculo 2.- Finalidad
La finalidad del presente Decreto Supremo es fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y sus programas nacionales, mediante la evaluación y adecuación de su organización, gestión y funcionamiento, a fin de mejorar la provisión eficiente y oportuna de los servicios a su cargo.
ArtÃculo 3.- Resultados del proceso de modernización y reorganización
3.1 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización elabora un diagnóstico e informe de modernización y reorganización, que contiene la evaluación de la situación organizacional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y sus programas nacionales, que incluye la propuesta de medidas de reforma y mejora organizacional; para dicho efecto, debe considerar el análisis de la situación administrativa, organizacional, de planeamiento estratégico, presupuestal, de inversión pública, de recursos humanos y de integridad, entre otros aspectos que sean necesarios para la implementación de lo dispuesto en el artÃculo 1 del presente Decreto Supremo.
El informe de diagnóstico y de modernización y reorganización es remitido al Despacho Ministerial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, previa conformidad de los Despachos Viceministeriales y de la SecretarÃa General, según el ámbito de sus competencias.
3.2 El Plan de modernización y reorganización contiene las medidas y acciones priorizadas para la implementación de las propuestas resultantes del diagnóstico, incluyendo responsables, plazos y mecanismos de seguimiento y evaluación; es elaborado por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sobre la base del diagnóstico y se aprueba mediante Resolución Ministerial, dentro del plazo previsto en el artÃculo 1.
3.3 Las medidas que impliquen la modificación de la estructura orgánica, la fusión, el cambio de dependencia u otros mecanismos de reforma de la estructura del Estado se aprueban con sujeción a los requisitos, procedimientos e instrumentos establecidos en la normativa de la materia.
3.4 La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización presenta a la Alta Dirección un informe de avance del diagnóstico a los treinta (30) dÃas calendario de publicado el presente Decreto Supremo.
ArtÃculo 4.- Conducción de la modernización y reorganización
La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es responsable de la conducción del proceso de modernización y reorganización a que se refiere el artÃculo 1.
ArtÃculo 5.- Coordinación
Las unidades de organización y los programas nacionales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables proporcionan, dentro del plazo que se les señale, la información y el apoyo que requiera la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, bajo responsabilidad.
ArtÃculo 6.- Financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto Supremo se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional del pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
ArtÃculo 7.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en la Plataforma Digital Ãnica del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe)y en la sede digital del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.gob.pe/mimp) el mismo dÃa de su publicación en el diario oficial El Peruano.
ArtÃculo 8.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce dÃas del mes de noviembre del año dos mil veintiséis.
KEIKO SOFÃA FUJIMORI HIGUCHI
Presidenta de la República
MARÃA MAGDALENA SEMINARIO MARÃN
Ministra de La Mujer y Poblaciones Vulnerables
2575820-2
Lima, 17 de noviembre del 2026
Visto, el Expediente N° OGPPM-OPMI20260000504 que contiene el Memorándum N° D004116-2026-OGPPM-MINSA emitido por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Informe N° D001017-2026-OGAJ-MINSA de la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1252 crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del paÃs;
Que, el literal a) del numeral 4.1 del Texto Ãnico Ordenado del Decreto Legislativo 1252 (TUO del Decreto Legislativo N° 1252), aprobado por Decreto Supremo 242-2018-EF, establece como una de las Fases del Ciclo de Inversión a la Programación Multianual de Inversiones, la cual consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, de proyección tri-anual, como mÃnimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual, el cual está a cargo, entre otros, de los Sectores;
Que, el numeral 5.3 del artÃculo 5 del TUO del Decreto Legislativo N° 1252, dispone que el Ministro o la más alta autoridad ejecutiva del Sector, en su calidad de Ãrgano Resolutivo, presenta al Ministerio de EconomÃa y Finanzas el Programa Multianual de Inversiones (PMI) conforme a lo establecido en la Directiva correspondiente a la Programación Multianual, y lo aprueba conforme a los procedimientos del SNPMGI, establecidos en el Reglamento y sus normas complementarias. Asimismo, precisa que las modificaciones a los objetivos priorizados, metas e indicadores contenidos en el PMI Sectorial se realizan siguiendo el mismo procedimiento establecido para su aprobación; en los demás casos las modificaciones se efectúan de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento;
Que, el numeral 5.4 del artÃculo 5 del TUO del Decreto Legislativo N° 1252 establece que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector tiene a su cargo la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión;
Que, el numeral 26 del artÃculo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 140-2026-EF, define al PMI como un instrumento de gestión del SNPMGI, resultado de la fase de Programación Multianual de Inversiones, que comprende el diagnóstico de brechas, los criterios de priorización y la cartera de inversiones, que orienta la asignación de recursos y la ejecución de inversiones públicas para alcanzar las metas del cierre de brechas establecidas por las entidades que conforman el SNPMGI;
Que, el numeral 9.1 del artÃculo 9 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, dispone que el Ãrgano Resolutivo es el Ministro, el titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector; asimismo, el subnumeral 1 del numeral 9.4 de referido artÃculo dispone que corresponde al Ãrgano Resolutivo del Sector aprobar el PMI del Sector; asà como sus modificaciones cuando se incorporen inversiones no programadas, que no formen parte de la cartera de inversiones del PMI vigente o del año anterior;
Que, el subnumeral 7 del numeral 10.3 del artÃculo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 señala que es función de la OPMI del Sector aprobar las modificaciones del PMI del Sector cuando se trate de inversiones que forman parte de la cartera de inversiones del PMI vigente o del año anterior, asà como registrar las referidas modificaciones en los aplicativos informáticos del SNPMGI y las que hayan sido aprobadas por el Ãrgano Resolutivo;
Que, el numeral 14.11 del artÃculo 14 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 prevé que la modificación de la cartera de inversiones del PMI se realiza de manera excepcional; su registro es realizado por la OPMI, la que es responsable de sustentar técnica y financieramente estas modificaciones, conforme a las disposiciones que establece la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, para lo cual deberá contar con la aprobación del Ãrgano Resolutivo, en los casos de incorporación de inversiones no programadas;
Que, el numeral 19.2 del artÃculo 19 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, señala que la OPMI del Sector registra en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) las inversiones no previstas en la Cartera de Inversiones del PMI, conforme al procedimiento y requisitos establecidos en el Anexo N° 05: Lineamientos para las modificaciones de la Cartera de Inversiones del PMI, cuando corresponda;
Que, la Sexta Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 indica que, de presentarse situaciones no previstas en el marco del SNPMGI, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones dispone las acciones aplicables para el caso concreto;
Que, el Anexo N° 05: Lineamientos para las modificaciones de la Cartera de Inversiones del PMI, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, modificado por las Resoluciones Directorales N° 0004-2026-EF/63.01 y N° 0007-2026-EF/63.01, establece que la modificación de la cartera de inversiones, tras la aprobación del PMI, tiene un carácter estrictamente excepcional, dicha modificación es registrada por la OPMI y solo se puede efectuar mediante la incorporación de inversiones no programadas (INP) y/o la modificación de inversiones programadas (MIP);
Que, el acápite I del Anexo N° 05 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 define la INP como aquella inversión viable o aprobada, no programada, que se incorpora a la cartera de inversiones del PMI, durante el año fiscal en curso, por la necesidad de iniciar o continuar con su ejecución para atender un servicio prioritario conforme a lo establecido en los Lineamientos de PolÃtica Nacional de Inversión Pública (LPNIP), siempre que la entidad cuente con la capacidad operativa, técnica y financiera para ejecutarla hasta su culminación. Asimismo, establece que la incorporación de una INP está sujeta a la evaluación de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones;
Que, el numeral 1 del acápite IV del citado Anexo N° 05 establece los siguientes requisitos para el registro de modificaciones de la cartera de inversiones de las INP: a) La inversión debe estar vinculada a los servicios prioritarios establecidos en los LPNIP; b) Sustento de la importancia del servicio que atiende la inversión, respecto a otros servicios con brecha en el Sector, la razón por la que no se programó la inversión en el proceso regular de la Programación Multianual de Inversiones, y la urgencia de su programación y la imposibilidad de esperar el próximo proceso regular; c) Documento de la UEI que sustente el cumplimiento de las condiciones para iniciar o continuar la ejecución de la inversión; d) La opinión favorable de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en la entidad; y e) Reporte de impacto de la programación de la inversión en la programación de la cartera de inversiones, respecto del monto máximo de programación y al PIM de la entidad. Asimismo, establece que quedan exceptuadas de los requisitos de los literales del a) al d), las inversiones cuyo financiamiento proviene de una norma con rango de Ley propuesta por el Gobierno Nacional;
Que, mediante numeral 3.1 del artÃculo 3 de la Ley N° 32744, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de acciones frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, impulso de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, salud, educación y otros servicios y obligaciones esenciales, se aprueba la incorporación de recursos vÃa crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 8 228 414 502,00 (OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOS Y 00/100 SOLES), con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales;
Que, el numeral 3.2 del artÃculo 3 de la Ley N° 32744 señala que el detalle de los pliegos y los recursos asociados al crédito suplementario aprobado en el numeral 3.1 se encuentra en el Anexo I: âCrédito Suplementario a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacionalâ, en el Anexo II âCrédito Suplementario a favor de diversos Gobiernos Regionalesâ, y en el Anexo III âCrédito Suplementario a favor de diversos Gobiernos Localesâ;
Que, al respecto del Anexo I de la Ley N° 32744 se contempla la incorporación de recursos hasta por la suma de S/ 450 000,00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) para la inversión âADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO – ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA – LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMAâ con CUI N° 2555944; por la suma de S/ 350 000,00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) para la inversión âADQUISICION DE ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS; EN EL(LA) HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA EN EL CENTRO POBLADO LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMAâ con CUI N° 2714147; por la suma de S/ 121 282,00 (CIENTO VEINTIÃN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 00/100 SOLES) para la inversión âADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO ECOGRAFO Y INCUBADORA NEONATAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA – LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMAâ con CUI N° 2523689; por la suma de S/ 170 915,00 (CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 SOLES) para la inversión âCONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS PARAISO – SAN JUAN DE MIRAFLORES AA.HH PARAISO DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMAâ con CUI N° 2513327; y, por la suma de S/ 169 600,00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES) para la inversión âADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO Y UNIDAD DENTAL; EN EL(LA) CENTRO MATERNO INFANTIL SAN GENARO DE VILLA DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMAâ con CUI N° 2667162;
Que, es preciso indicar que mediante la Resolución Ministerial N° 131-2025/MINSA se aprueba el Programa Multianual de Inversiones del Sector Salud 2026-2028, en el marco del SNPMGI;
Que, mediante Memorándum N° D004116-2026-OGPPM-MINSA, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remite el Informe N° D001190-2026-OGPPM-OPMI-MINSA, a través del cual la Oficina de Programación Multianual de Inversiones solicita la incorporación de las inversiones con CUI N° 2555944, N° 2714147, N° 2523689, N° 2513327 y N° 2667162 en el Programa Multianual de Inversiones del Sector Salud 2026-2028, por un monto total de S/ 1 261 797,00 (UN MILLÃN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES) en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en el marco del TUO del Decreto Legislativo N° 1252 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 140-2026-EF, y de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01;
Con el visado de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica, de la SecretarÃa General y del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; Decreto Supremo 242-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Ãnico Ordenado del Decreto Legislativo 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; el Decreto Supremo N° 140-2026-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; el Decreto Supremo N° 008-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Resolución Directoral que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-Aprobar la incorporación de las inversiones con CUI N° 2555944, N° 2714147, N° 2523689, N° 2513327 y N° 2667162 en el Programa Multianual de Inversiones del Sector Salud 2026-2028, aprobado por Resolución Ministerial N° 131-2025/MINSA, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
ArtÃculo 2.-Notificar la presente Resolución a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Salud para los fines pertinentes.
ArtÃculo 3.-Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de EconomÃa y Finanzas para los fines correspondientes.
ArtÃculo 4.-Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la SecretarÃa General la publicación de la presente Resolución Ministerial y su anexo en la sede digital del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la citada Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
LUIS WILLIAMS DYER FERNÃNDEZ
Ministro de Salud
Lima, 17 de noviembre del 2026
Visto, el expediente N° DIGEP20260000717; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Directoral N° D001204-2026-OGGRH/MINSA, de fecha 27 de octubre del 2026, se actualizaron los cargos comprendidos en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la Administración Central del Ministerio de Salud, aprobado con Resolución Secretarial N° 322-2023/MINSA, según el cual, el cargo de Director/a Ejecutivo/a (CAP – P N° 2643), Nivel F-4, de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la Salud de la Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud, se encuentra clasificado como cargo de confianza;
Que, se ha visto por conveniente designar al señor CHRISTOPHER CESAR VASQUEZ CHUQUIHUACCHA en el cargo señalado en el considerando precedente;
Con el visado de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica, de la SecretarÃa General y del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-Designar al señor CHRISTOPHER CESAR VASQUEZ CHUQUIHUACCHA, en el cargo de Director Ejecutivo (CAP – P N° 2643), Nivel F-4, de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la Salud de la Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud.
ArtÃculo 2.-Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la SecretarÃa General, la publicación de la presente Resolución Ministerial en la sede digital del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
LUIS WILLIAMS DYER FERNÃNDEZ
Ministro de Salud
2575660-1
Lima, 17 de noviembre de 2026
VISTO: El escrito de registro N° T-397916-2026mediante el cual la empresa A.L TELECOM S.A.C. solicita otorgamiento de Concesión Ãnica para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones en todo el territorio de la República del Perú; precisando que el primer servicio a prestar será el servicio portador local, en la modalidad conmutado; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3 del artÃculo 75 del Texto Ãnico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en materia de telecomunicaciones;
Que, el artÃculo 47 del Texto Ãnico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, modificado por el artÃculo 1 de la Ley N° 28737, define la concesión como âal acto jurÃdico mediante el cual el Estado concede a una persona natural o jurÃdica la facultad de prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará concesión única para la prestación de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, independientemente de la denominación de éstos contenida en esta Ley o en su Reglamento, con excepción de la concesión para Operador Independiente. La concesión se perfecciona mediante contrato escrito aprobado por resolución del Titular del Sectorâ;
Que, adicionalmente, el citado artÃculo señala que âlas personas naturales o jurÃdicas, titulares de una concesión única, previamente deberán informar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los servicios públicos a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones correspondientes a cada uno de los servicios conforme a la clasificación general prevista en la Ley, a lo dispuesto en el Reglamento, normas complementarias y al respectivo contrato de concesiónâ. Asimismo, indica que âEl Ministerio tendrá a su cargo el registro de los servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamentoâ;
Que, el artÃculo 53 del citado dispositivo legal, modificado por el artÃculo 1 de la Ley N° 28737, dispone que âEn un mismo contrato de concesión el Ministerio otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos de telecomunicacionesâ;
Que, el artÃculo 121 del Texto Ãnico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, dispone que âLos servicios portadores, finales y de difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento, y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular del Ministerioâ. El artÃculo 144 del citado reglamento indica los requisitos que deben ser adjuntados a las solicitudes de otorgamiento de concesión única;
Que, el artÃculo 143 del Texto Ãnico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, señala que âEl otorgamiento de la concesión única confiere al solicitante la condición de concesionario para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones establecidos en la legislaciónâ;
Que, el literal a) del numeral 5 del artÃculo 144 del Texto Ãnico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, establece que siempre que el área de cobertura involucre en su área la provincia de Lima y/o la Provincia Constitucional del Callao, se deberá presentar la âCarta fianza por el quince (15%) de la inversión inicial a fin de asegurar el inicio de las operaciones. Dicha carta se presenta conforme a lo previsto en el artÃculo 124â;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar servicios adicionales al servicio portador local, en la modalidad conmutado, debe cumplir con lo establecido en el artÃculo 155 del Texto Ãnico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la inscripción de dichos servicios en el registro habilitado para tal fin, los que se sujetan a los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de Concesión Ãnica y en la ficha de inscripción en el registro que forma parte de aquel;
Que, mediante Memorando N° 1621-2026-MTC/27 e Informe N° 1121-2026-MTC/27.02, la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones señala que habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos que establece la legislación para otorgar la Concesión Ãnica solicitada para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la solicitud formulada por la empresa A.L TELECOM S.A.C.;
Que, con Informe N° 1397-2026-MTC/08 la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica emite pronunciamiento, considerando legalmente viable el otorgamiento de la Concesión Ãnica solicitada;
Deconformidad con lo dispuesto en el Texto Ãnico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC; el Texto Ãnico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC; elTexto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución MinisterialN° 658-2021-MTC/01; el Texto Ãnico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2022-MTC;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-Otorgar a la empresaA.L TELECOM S.A.C.Concesión Ãnica para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el área que comprende todo el territorio de la República del Perú, estableciéndose como primer servicio a prestar el servicio portador local, en la modalidad conmutado.
ArtÃculo 2.-Aprobar el Contrato de Concesión Ãnica a celebrarse con la empresaA.L TELECOM S.A.C.para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, el que consta de veintiocho (28) cláusulas.
ArtÃculo 3.-Autorizar al titular de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones para que en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscriba el Contrato de Concesión Ãnica que se aprueba en el artÃculo 2 de la presente Resolución Ministerial, asà como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a suscribir la escritura pública del referido contrato y de las adendas.
ArtÃculo 4.-La concesión otorgada quedará sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo correspondiente, si el Contrato de Concesión Ãnica no es suscrito por la empresaA.L TELECOM S.A.C.en el plazo máximo de sesenta (60) dÃas hábiles computados a partir de la publicación de la presente Resolución Ministerial. Para la suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el derecho de concesión y la presentación de la carta fianza que asegure el inicio de operaciones.
ArtÃculo 5.-Remitir copia de la presente Resolución Ministerial a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones para conocimiento y fines.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
JOSÃ ANGELLO TANGHERLINI CASAL
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Lima, 13 de noviembre de 2026
VISTO:
El Informe Nº 249-2026-MTC/20.5 de fecha 13 de noviembre de 2026 emitido por la Oficina de Recursos Humanos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos Nº 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL (en adelante, PROVÃAS NACIONAL), encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional no concesionada, asà como de la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional no concesionada;
Que, a través de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 098-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la calificación y relación de los Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo, se actualiza la calificación -entre otros- de PROVÃAS NACIONAL, calificándolo desde el punto de vista organizacional, como un programa, bajo dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC), sin afectar sus funciones, continuidad de sus actividades, identidad organizacional, denominación, ni las obligaciones o derechos que tuviera;
Que, el artÃculo 1 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0828-2020-MTC/01.02, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 0731-2023-MTC/01, establece que PROVÃAS NACIONAL tiene por finalidad proveer infraestructura vial nacional a la población en óptimos niveles de servicio a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo;
Que, el artÃculo 6 del citado Manual de Operaciones, establece la estructura orgánica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL, considerando como Unidad de Dirección a la Dirección Ejecutiva, y a su vez, como Unidades Desconcentradas a las Unidades Zonales;
Que, el literal m) del artÃculo 8 del Manual de Operaciones de PROVÃAS NACIONAL, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0828-2020-MTC/01.02 y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 0731-2023-MTC/01, establece que entre las funciones de la Dirección Ejecutiva se encuentra la de designar o encargar, según corresponda, al personal de confianza de PROVÃAS NACIONAL, asà como encargar las direcciones, oficinas y jefaturas de las unidades zonales, en caso de ausencia de sus titulares, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva;
Que, el numeral 28.2 del artÃculo 28 del Decreto Supremo Nº 053-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones, sobre verificación de cumplimiento del perfil de puesto, señala que la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, verifica el cumplimiento de los requisitos, emitiendo el informe de cumplimiento, o no cumplimiento, de corresponder;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 809-2026-MTC/20 de fecha 10 de setiembre de 2026, se designó temporalmente a partir del dÃa 10 de setiembre de 2026, y en tanto se designe al titular, al ingeniero RICARDO ALONSO BENAVENTE ABARCA, el puesto de Jefe de la Unidad Zonal XV – Arequipa, en adición a sus funciones de Ingeniero Supervisor – Arequipa de PROVÃAS NACIONAL del MTC;
Que, se ha estimado conveniente dar por concluida la designación temporal a la que se hace referencia en el considerando precedente, en atención a ello, la Dirección Ejecutiva requirió a la Oficina de Recursos Humanos efectuar la evaluación del perfil del ingeniero RICARDO ALONSO BENAVENTE ABARCA para ocupar el cargo de confianza de Jefe de la Unidad Zonal XV – Arequipa de PROVÃAS NACIONAL del MTC;
Que, mediante Informe Nº 249-2026-MTC/20.5 de fecha 13 de noviembre de 2026, la Oficina de Recursos Humanos efectuó la evaluación del perfil del ingeniero RICARDO ALONSO BENAVENTE ABARCA, concluyendo que cumple con los requisitos aplicables al cargo de confianza de Jefe de la Unidad Zonal XV – Arequipa de PROVÃAS NACIONAL, conforme al marco normativo vigente, y que no se advierten impedimentos para el acceso a la función pública, de acuerdo con las verificaciones efectuadas;
Con la visación de la Oficina de AsesorÃa JurÃdica y la Oficina de Recursos Humanos, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;
De conformidad con el Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL; la Resolución Ministerial Nº 0828-2020-MTC/01.02, que aprueba su Manual de Operaciones, modificada por Resolución Ministerial Nº 0731-2023-MTC/01; y la Ley Nº 31419, modificada por la Ley Nº 32507, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 053-2022-PCM y modificatorias;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-DAR POR CONCLUIDA la designación temporal de puesto de Jefe de la Unidad Zonal XV â Arequipa del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL, del ingeniero RICARDO ALONSO BENAVENTE ABARCA.
ArtÃculo 2.-DESIGNAR al ingeniero RICARDO ALONSO BENAVENTE ABARCA en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad Zonal XV – Arequipa del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con efectividad a la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.
ArtÃculo 3.-NOTIFICAR la presente resolución al ingeniero RICARDO ALONSO BENAVENTE ABARCA y transcribirla a todas las Unidades Funcionales del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL, para su conocimiento y fines pertinentes.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
ALEX SEGUNDO DÃAZ GUEVARA
Director Ejecutivo
PROVÃAS NACIONAL
Lima, 17 de noviembre del 2026
VISTO:
El Informe N° 251-2026-MTC/20.5 de fecha 17 de noviembre de 2026 emitido por la Oficina de Recursos Humanos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos N° 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional no concesionada, asà como de la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional no concesionada;
Que, a través de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 098-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la calificación y relación de los Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo, se actualiza la calificación -entre otros- de PROVÃAS NACIONAL, calificándolo desde el punto de vista organizacional, como un programa, bajo dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC), sin afectar sus funciones, continuidad de sus actividades, identidad organizacional, denominación, ni las obligaciones o derechos que tuviera;
Que, el artÃculo 1 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, aprobado por Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02, modificado mediante Resolución Ministerial N° 0731-2023-MTC/01, establece que PROVIAS NACIONAL tiene por finalidad proveer infraestructura vial nacional a la población en óptimos niveles de servicio a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo;
Que, el artÃculo 6 del citado Manual de Operaciones, establece la estructura orgánica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, considerando como Unidad de Dirección a la Dirección Ejecutiva, y a su vez, como Unidad de LÃnea a la Dirección de Puentes;
Que, el literal m) del artÃculo 8 del Manual de Operaciones de PROVÃAS NACIONAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02 y modificado mediante Resolución Ministerial N° 0731-2023-MTC/01, establece que entre las funciones de la Dirección Ejecutiva se encuentra la de designar o encargar, según corresponda, al personal de confianza de PROVÃAS NACIONAL, asà como encargar las direcciones, oficinas y jefaturas de las unidades zonales, en caso de ausencia de sus titulares, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva;
Que, el numeral 28.2 del artÃculo 28 del Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones, sobre verificación de cumplimiento del perfil de puesto, señala que la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, verifica el cumplimiento de los requisitos, emitiendo el informe de cumplimiento, o no cumplimiento, de corresponder;
Que, mediante Resolución Directoral N° 790-2026-MTC/20, de fecha 8 de setiembre de 2026, publicada el 10 de setiembre de 2026 en el Diario Oficial El Peruano, se designó al ingeniero JULIO CESAR PALACIOS GARCIA en el cargo de confianza de Director de la Dirección de Puentes de PROVÃAS NACIONAL del MTC;
Que, se ha estimado conveniente dar por concluida la designación a la que se hace referencia en el considerando precedente, en atención a ello, la Dirección Ejecutiva requirió a la Oficina de Recursos Humanos efectuar la evaluación del perfil de la ingeniera LIZ LESLEY ARROYO RUBIO para ocupar el cargo de confianza de Directora de la Dirección de Puentes de PROVÃAS NACIONAL del MTC;
Que, mediante Informe N° 251-2026-MTC/20.5 de fecha 17 de noviembre de 2026, la Oficina de Recursos Humanos efectuó la evaluación del perfil de la ingeniera LIZ LESLEY ARROYO RUBIO, concluyendo que cumple con los requisitos aplicables al cargo de confianza de Directora de la Dirección de Puentes de PROVÃAS NACIONAL, conforme al marco normativo vigente, y que no se advierten impedimentos para el acceso a la función pública, de acuerdo con las verificaciones efectuadas;
Con la visación de la Oficina de AsesorÃa JurÃdica y la Oficina de Recursos Humanos, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;
De conformidad con el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL; la Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02, que aprueba su Manual de Operaciones, modificada por Resolución Ministerial N° 0731-2023-MTC/01; y la Ley N° 31419, modificada por la Ley N° 32507, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 053-2022-PCM y modificatorias;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-DAR POR CONCLUIDA la designación del ingeniero JULIO CESAR PALACIOS GARCIA al cargo de confianza de Director de la Dirección de Puentes del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con efectividad al término del dÃa de la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, dándosele las gracias por los servicios prestados.
ArtÃculo 2.-DESIGNAR a la ingeniera LIZ LESLEY ARROYO RUBIO en el cargo de confianza de Directora de la Dirección de Puentes del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con efectividad al dÃa siguiente de la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.
ArtÃculo 3.-NOTIFICAR la presente resolución al ingeniero JULIO CESAR PALACIOS GARCIA y a la ingeniera LIZ LESLEY ARROYO RUBIO y transcribirla a todas las Unidades Funcionales del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÃAS NACIONAL, para su conocimiento y fines pertinentes.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
ALEX SEGUNDO DÃAZ GUEVARA
Director Ejecutivo
Provias Nacional
2575698-1
San Isidro, 17 de noviembre del 2026
VISTOS:
La Carta N° S/N (SIAE: 2026088169) del 13 de noviembre de 2026, suscrita por la señora Carla Paola Castillo Silva; el Informe N° D000701-2026-COFOPRI-URRHH del 16 de noviembre de 2026, emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; y, el Informe N° D000631-2026-COFOPRI-OAJ del 16 de noviembre de 2026, emitido por la Oficina de AsesorÃa JurÃdica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artÃculo 3 de la Ley N° 27594, âLey que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicosâ, la designación en cargos de confianza distintos a los comprendidos en el artÃculo 1 de la acotada Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;
Que, de conformidad a lo previsto en el artÃculo 9 y literal i) del artÃculo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal â COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, el Director Ejecutivo es el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad de designar y cesar a los empleados de confianza;
Que, mediante el artÃculo 2 de la Resolución Directoral N° D000018-2025-COFOPRI-DE del 03 de marzo de 2025, se resuelve designar, a partir de la publicación de la Resolución Directoral en el Diario Oficial âEl Peruanoâ, a la señora Carla Paola Castillo Silva, en el cargo de confianza de Directora de la Oficina de AsesorÃa JurÃdica del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, bajo el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728;
Que, mediante documento de vistos, la señora Carla Paola Castillo Silva presenta su renuncia al cargo mencionado;
Que, con Resolución de Gerencia General N° D000096-2025-COFOPRI-GG del 30 de octubre de 2025, se resuelve aprobar el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, el cual consta de un (01) funcionario público (FP), diez (10) directivos públicos (DP), veintidós (22) servidores civiles de carrera (SCC) y dos (02) servidores de actividades complementarias (SAC);
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000188-2025-SERVIR-PE de fecha 13 de noviembre de 2025, se formaliza el acuerdo del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil â SERVIR, adoptado en la Sesión N° 16-2025-CD, mediante el cual se aprueba el Cuadro de Puestos de la Entidad â CPE del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal â COFOPRI;
Que, con el documento de vistos, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, señala que de la revisión de los requisitos del perfil del puesto del Manual de Perfiles de Puestos del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado mediante Resolución Gerencia General N° D000096-2025-COFOPRI-GG de fecha 30 de octubre de 2025, y del Decreto Supremo N° 145-2025-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley N° 31419, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, a fin de adecuarlo a las modificaciones dispuestas por la Ley N° 32507, asà como de lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 002-2024-SERVIR-GDSRH âDiseño y estructura de puestos y posiciones para la elaboración, aprobación, administración y modificación del cuadro de puestos de la entidadâ, en la Novena Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 003-2024-SERVIR-GDSRH âDiseño de perfiles de puestos y elaboración, aprobación, administración y modificación del manual de perfiles de puestosâ, directivas cuya aprobación se formalizaron con Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nros000017-2024-SERVIR-PE y 000018-2024-SERVIR-PE respectivamente; y en el Decreto Legislativo N° 1602, emite opinión favorable para aceptar la renuncia formulada por la señora Carla Paola Castillo Silva al cargo de confianza de Directora de la Oficina de AsesorÃa JurÃdica del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal â COFOPRI; asà como encuentra viable designar al señor Juan Nicanor Jiménez RuidÃas, en el citado cargo de confianza, bajo el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728; lo cual va en la lÃnea del numeral 3.7 del Informe Técnico N° 001300-2024-SERVIR-GPGSC del 13 de setiembre de 2024;
Que, en atención a ello, con el informe de vistos, la Oficina de AsesorÃa JurÃdica opina que resulta legalmente viable expedir el acto resolutivo respectivo;
De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros27594, 31419 y 32507; los Decretos Legislativos N° 728 y 1602; los Decretos Supremos Nros025-2007-VIVIENDA, 053-2022-PCM y 145-2025-PCM; las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nros.000017-2024-SERVIR-PE, 000018-2024-SERVIR-PE y 000188-2025-SERVIR-PE; la Resolución Gerencia General N° D000096-2025-COFOPRI-GG; y con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de AsesorÃa JurÃdica y de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-Aceptar, a partir de la publicación de la Resolución Directoral en el Diario Oficial âEl Peruanoâ, la renuncia formulada por la señora Carla Paola Castillo Silva, al cargo de confianza de Directora de la Oficina de AsesorÃa JurÃdica del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, con relación al artÃculo 2 de la Resolución Directoral N° D000018-2025-COFOPRI-DE, dándole las gracias por los servicios prestados.
ArtÃculo 2.-Designar, a partir de la publicación de la presente Resolución Directoral en el Diario Oficial âEl Peruanoâ, al señor Juan Nicanor Jiménez RuidÃas, en el cargo de confianza de Director de la Oficina de AsesorÃa JurÃdica del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal â COFOPRI, bajo el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728.
ArtÃculo 3.-Disponer que la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, notifique la presente resolución a las personas a que se refiere los artÃculos 1 y 2 de la presente resolución, para su conocimiento y fines.
ArtÃculo 4.-Disponer que la Unidad de Trámite Documentario y Archivo y la Oficina de Sistemas realicen las acciones correspondientes, a fin de que la presente resolución sea publicada en el Diario Oficial âEl Peruanoâ y en el Portal Institucional del COFOPRI (www.gob.pe/cofopri).
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
CECILIA ANTONIETA CASTRO TORRES
Directora Ejecutiva – COFOPRI
2575747-1
San Isidro, 17 de noviembre de 2026
VISTOS:
El Informe Técnico N° 0121-2026-ANA-DOUA de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua; y, el Informe Legal N° 0927-2026-ANA-OAJ de la Oficina de AsesorÃa JurÃdica; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme al artÃculo 14 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos HÃdricos, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos HÃdricos, responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley;
Que, mediante la Ley N° 32085, Ley que promueve la gestión eficiente y el mantenimiento sostenible de la infraestructura de riego menor mediante Núcleos Ejecutores, se establece el marco normativo para la formación y operación de Núcleos Ejecutores destinados a la planificación, ejecución y supervisión del mantenimiento anual de la infraestructura de riego menor;
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2025-MIDAGRI se aprobó el Reglamento de la Ley N° 32085, modificado posteriormente por el Decreto Supremo N° 010-2026-MIDAGRI;
Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2026-MIDAGRI, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de noviembre de 2026, se modificaron e incorporaron diversas disposiciones al Reglamento de la Ley N° 32085, con la finalidad de optimizar la planificación, ejecución y gestión de las actividades de mantenimiento de infraestructura de riego menor mediante Núcleos Ejecutores, asà como simplificar los procedimientos e instrumentos operativos correspondientes;
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 014-2026-MIDAGRI dispone que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), mediante Resolución Jefatural, aprueba, en un plazo máximo de dos (2) dÃas hábiles contado desde la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, un formato simplificado para la elaboración y presentación de los Planes de Mantenimiento de la Infraestructura de Riego Menor (PMIRM), que facilite el cumplimiento del contenido mÃnimo establecido en el Anexo 01 del Reglamento, evitando la duplicidad de información y exigencias documentales innecesarias; asimismo, establece que la ANA adopta las medidas necesarias para agilizar la evaluación y aprobación de dichos planes, conforme a sus competencias y a los plazos previstos en el Reglamento;
Que, mediante Informe Técnico N° 0121-2026-ANA-DOUA, la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua sustenta y propone la aprobación del âFormato Simplificado para la Elaboración y Presentación de los Planes de Mantenimiento de Infraestructura de Riego Menor (PMIRM)â, el cual permite conservar la trazabilidad técnica y presupuestal del PMIRM, concentrando la información en cinco Ãtems principales incluido los anexos indispensables, y que sustenta técnicamente las actividades, metrados, costos unitarios, costos directos e indirectos, fotografÃas, croquis, presupuesto y cronograma de ejecución.
Que, mediante Informe Legal N° 0927-2026-ANA-OAJ, la Oficina de AsesorÃa JurÃdica opina que resulta legalmente viable emitir la Resolución Jefatural correspondiente;
Con los vistos de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, de la Oficina de AsesorÃa JurÃdica y de la Gerencia General; y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29338, Ley de Recursos HÃdricos; la Ley N° 32085; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2025-MIDAGRI y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 014-2026-MIDAGRI; y, el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.- Aprobación del Formato Simplificado.
Aprobar el âFormato Simplificado para la Elaboración y Presentación de los Planes de Mantenimiento de Infraestructura de Riego Menor (PMIRM)â, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural, en cumplimiento de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 014-2026-MIDAGRI.
ArtÃculo 2.- Ãmbito de aplicación.
El Formato Simplificado aprobado mediante el artÃculo 1° es aplicable a la elaboración y presentación de los Planes de Mantenimiento de Infraestructura de Riego Menor (PMIRM) cuya aprobación corresponda a la Autoridad Nacional del Agua, de conformidad con la Ley N° 32085 y su Reglamento. Las Organizaciones de Usuarios de Agua formulan y presentan los PMIRM utilizando el citado formato, Su evaluación y aprobación se efectúan por los órganos competentes de la ANA, conforme a sus atribuciones y procedimientos establecidos en la normativa vigente.
ArtÃculo 3.- Simplificación documental
3.1. El Formato Simplificado estandariza la presentación de la información correspondiente al contenido mÃnimo establecido del Anexo 01 del Reglamento de la Ley 32085. Su presentación no constituye aprobación automática del PMIRM ni sustituye la evaluación que corresponde realizar a los órganos competentes de la Autoridad Nacional del Agua, conforme a los artÃculos 7, 10 y 11 del citado Reglamento.
3.2.Las Administraciones Locales de Agua, según sus competencias, no exigen documentación duplicada ni requisitos adicionales sin sustento normativo. Ello no limita la formulación de observaciones técnicas debidamente motivadas ni la solicitud de precisiones o subsanaciones necesarias para verificar el cumplimiento de las condiciones y del contenido mÃnimo establecidos en el Reglamento
ArtÃculo 4.- Medidas para agilizar la evaluación de los PMIRM
La Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, en el ámbito de sus competencias promueve acciones de orientación y estandarización técnica para facilitar la aplicación del Formato Simplificado, sin perjuicio de las funciones de evaluación y aprobación que corresponden a los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, conforme a la normativa vigente
ArtÃculo 5.- Aplicación del formato simplificado.
5.1. El Formato Simplificado es aplicable a los Planes de Mantenimiento de Infraestructura de Riego Menor (PMIRM) que se presenten a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución Jefatural.
5.2. Los PMIRM presentados con anterioridad continúan su trámite sin exigirse su adecuación al nuevo formato, sin perjuicio de las subsanaciones que correspondan conforme al Reglamento de la Ley 32085.
5.3. Los PMIRM aprobados mantienen los efectos de los actos administrativos que los aprobaron.
5.4. Para los planes comprendidos en la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 014-2026-MIDAGRI se mantienen los instrumentos operativos vigentes a la fecha de su priorización, en los términos previstos en dicha disposición.
ArtÃculo 6.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural en el Diario Oficial El Peruano, y de su Anexo en la sede digital de la Autoridad Nacional del Agua (www.gob.pe/ana), el mismo dÃa de su publicación en el Diario Oficial.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
JUAN CARLOS CASTRO VARGAS
Jefe
ÃNDICE
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR â PMIRM
1.OBJETIVOS
2.JUSTIFICACIÃN
3.DESCRIPCIÃN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR
4.DESCRIPCIÃN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
5.ANEXOS
Descripción de cada uno de los Ãtems:
1.Objetivos:
Anotar el objetivo general y especÃficos, del PMIRM
2.Justificación:
Indicar las razones por la que ha elaborado del PMIRM
3.Descripción general de la infraestructura de riego menor:
En forma breve y con referencia al último inventario de infraestructura hidráulica, se describe en forma general las estructuras hidráulicas, indicando para el conjunto de obras una reseña que defina sus caracterÃsticas más importantes (ubicación, caudal, área de servicio, caracterÃsticas hidráulicas, geométricas, estado de conservación).
4.Descripción de las actividades y presupuesto por cada una de ellas.
Para las actividades, tomar en cuenta:
– Información sobre las necesidades de mantenimiento.
– El ciclo de mantenimiento.
– La prioridad entre los diversos trabajos, de acuerdo a su urgencia y a la secuencia técnica de su realización.
– Los dÃas disponibles del año para realizar los trabajos.
– La disponibilidad de la fuerza de trabajo, entre otros.
Para el presupuesto, se debe tener en cuenta los aspectos siguientes:
– Necesidades de labores de mantenimiento.
– Tipo de labores que comprende el mantenimiento.
– Rendimientos y costos unitarios de mano de obra.
– Cantidad, calidad y costos de materiales a emplear.
– Costo de equipo (botas, cascos, chalecos-EPP) y materiales (Herramientas: Picos, palanas, machetes, etc.)
– Cronogramas de gastos y desembolsos
5.Anexos:
Adjuntar la ficha técnica por cada infraestructura hidráulica de riego menor a intervenir, según el formato establecido en el âManual para la ejecución de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura de Riego (AMIR) y Planes de Mantenimiento de Infraestructura de Riego, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutoresâ.
2575818-1
Lima, 13 de noviembre de 2026
CONSIDERANDO:
Que, el inciso 1 del artÃculo 127 del Texto Ãnico Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2026-JUS, establece el régimen de fedatarios de las entidades de la Administración Pública, señalando que cada entidad debe designar fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental, en número proporcional a sus necesidades de atención;
Que, el inciso 2 del mencionado artÃculo precisa que el fedatario tiene como labor personalÃsima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de la entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida la agregación de los documentos o el administrado desee agregarlos como prueba;
Que, mediante la Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas N.os000086-2023-SUNAT/800000 y 000145-2021-SUNAT/800000 se designaron a los servidores Emilio Alberto Rumiche Casas y Estephany Yrasely Ramos Pacheco, como Fedatarios Administrativos Titular y Alterno, respectivamente, de la Intendencia de Aduana de Ilo;
Que, en mérito a los fundamentos expuestos en el Informe Nº 000015-2026- SUNAT/3M0000 emitido por la Intendencia de Aduana de Ilo, se estima necesario dejar sin efecto las designaciones a las que se hace referencia en el considerando precedente y designar a los servidores que ejercerán la función de Fedatarios Administrativos Titular y Alterno de la citada Intendencia;
En uso de la facultad conferida por el literal h) del artÃculo 16 de la sección primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobada por el Decreto Supremo Nº 040- 2023-EF y modificatoria;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-Dejar sin efecto las designaciones como Fedatarios Administrativos de la Intendencia de Aduana de Ilo de los servidores que se indican a continuación:
Fedatario Administrativo Titular
– EMILIO ALBERTO RUMICHE CASAS
Fedataria Administrativa Alterna
– ESTEPHANY YRASELY RAMOS PACHECO
Articulo 2.-Designar como Fedatarios Administrativos de la Intendencia de Aduana de Ilo a los servidores que se indican a continuación:
Fedataria Administrativa Titular
– ROXANA ALEJANDRA CAUNA HUARACHA
Fedatario Administrativo Alterno
– LUIS ENRIQUE MUÃANTE MELGAR
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
PEDRO EDUARDO ZAVALETA MONTOYA
Superintendente Nacional Adjunto de
Administración y Finanzas
2575030-1
Lima, 17 de noviembre de 2026
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127 se creó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personerÃa jurÃdica de derecho público interno, con autonomÃa administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;
Que, la SUCAMEC fue creada con la finalidad de fortalecer las competencias del Sector Interior en el control, administración, supervisión, fiscalización, regulación normativa y sanción de las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones y materiales relacionados, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil;
Que, el literal d) del artÃculo 11 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la SUCAMEC, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 05463-2024-SUCAMEC, establece como una de las funciones del Superintendente Nacional disponer la designación, suspensión o cese de los titulares de las unidades de organización y órganos desconcentrados de la institución;
Que, se encuentra vacante el puesto de confianza de Ejecutivo (a) de la Jefatura Zonal La Libertad de la SUCAMEC;
Que, a través del Informe N° 00744-2026-SUCAMEC-ORH, la Oficina de Recursos Humanos concluyó que el señor EDUARDO SEBASTIAN LIU PALACIOS cumple con el perfil y los requisitos requeridos para el puesto de Ejecutivo de la Jefatura Zonal La Libertad de la SUCAMEC;
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la SUCAMEC, en el Decreto Supremo N° 007-2024-IN y en la Resolución de Superintendencia N° 05463-2024-SUCAMEC que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, y;
Que, con el visado del Gerente General, de la Jefa de Recursos Humanos y de la Jefa de AsesorÃa JurÃdica;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-Designar al señor EDUARDO SEBASTIAN LIU PALACIOS, en el puesto de confianza de Ejecutivo de la Jefatura Zonal La Libertad de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC.
ArtÃculo 2.-Notificar la presente resolución al señor EDUARDO SEBASTIAN LIU PALACIOS, a la Oficina de Recursos Humanos y hacerla de conocimiento de todas las unidades de organización de la entidad.
ArtÃculo 3.-Disponer la publicación de la presente resolución en elDiarioOficial âEl Peruanoâ y en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.gob.pe/sucamec).
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
ESWIN ALEXANDER MANAY GUERRERO
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil – Sucamec
Lima, 17 de noviembre de 2026
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127 se creó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personerÃa jurÃdica de derecho público interno, con autonomÃa administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;
Que, la SUCAMEC fue creada con la finalidad de fortalecer las competencias del Sector Interior en el control, administración, supervisión, fiscalización, regulación normativa y sanción de las actividades en el ámbito de los servicios de seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones y materiales relacionados, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil;
Que, el literal d) del artÃculo 11 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la SUCAMEC, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 05463-2024-SUCAMEC, establece como una de las funciones del Superintendente Nacional disponer la designación, suspensión o cese de los titulares de las unidades de organización y órganos desconcentrados de la institución;
Que, se encuentra vacante el puesto de confianza de Ejecutivo (a) de la Jefatura Zonal Cajamarca de la SUCAMEC;
Que, a través del Informe N° 00745-2026-SUCAMEC-ORH, la Oficina de Recursos Humanos concluyó que el señor ROBERTO ALEJANDRO LANATA CORCUERA cumple con el perfil y los requisitos requeridos para el puesto de Ejecutivo de la Jefatura Zonal Cajamarca de la SUCAMEC;
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la SUCAMEC, en el Decreto Supremo N° 007-2024-IN y en la Resolución de Superintendencia N° 05463-2024-SUCAMEC que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, y;
Que, con el visado del Gerente General, de la Jefa de Recursos Humanos y de la Jefa de AsesorÃa JurÃdica;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1.-Designar al señor ROBERTO ALEJANDRO LANATA CORCUERA, en el puesto de confianza de Ejecutivo de la Jefatura Zonal Cajamarca de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC.
ArtÃculo 2.-Notificar la presente resolución al señor ROBERTO ALEJANDRO LANATA CORCUERA, a la Oficina de Recursos Humanos y hacerla de conocimiento de todas las unidades de organización de la entidad.
ArtÃculo 3.-Disponer la publicación de la presente resolución en elDiarioOficial âEl Peruanoâ y en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.gob.pe/sucamec).
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
ESWIN ALEXANDER MANAY GUERRERO
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil – Sucamec
2575729-1
Lima, 17 de noviembre del 2026
VISTO:
El Oficio N° 000756-2026-OPJ-CNPJ-CE-PJ, que adjunta el Informe N° 00063-2026-OPJ-CNPJ-CE-PJ, del jefe de la Oficina de Productividad Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero.Mediante el artÃculo primero de la Resolución Administrativa N° 353-2026-CE-PJ de fecha 27 de octubre de 2026, se dispuso prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2026, el funcionamiento del Juzgado de Familia Transitorio del distrito de Cerro Colorado de la provincia y Corte Superior de Justicia de Arequipa; disponiéndose en el artÃculo cuarto remitir a la SecretarÃa Técnica del Programa Presupuestal âCeleridad de los Procesos Judiciales de Familiaâ PpR0067 el Informe N° 00055-2026-OPJ-CNPJ-CE-PJ, elaborado por la Oficina de Productividad Judicial, a fin de que, emita opinión técnica sobre la propuesta de reubicación de dicho juzgado transitorio hacia la Corte Superior de Justicia del Santa, como Juzgado de Familia Transitorio del distrito de Nuevo Chimbote.
Segundo.Por Oficio N° 2301-2026-RT-PPRFAMILIA-PJ, la responsable técnica del Programa Presupuestal âCeleridad de los Procesos Judiciales de Familiaâ PpR0067 elevó a este Ãrgano de Gobierno el Informe N° 0131-2026-RT-PPRFAMILIA-PJ, a través del cual propuso prorrogar el funcionamiento del Juzgado de Familia Transitorio del distrito de Cerro Colorado de la provincia y Corte Superior de Justicia de Arequipa por un perÃodo de dos (2) meses; señalando, asimismo, que los cuatro (04) Juzgados de Familia Permanentes del distrito de Nuevo Chimbote de la provincia y Corte Superior de Justicia del Santa presentan una situación real y comprobada de sobrecarga procesal.
Tercero.Sobre el particular, a través del Oficio N° 000756-2026-OPJ-CNPJ-CE-PJ, el jefe de la Oficina de Productividad Judicial elevó a este Ãrgano de Gobierno el Informe N° 00063-2026-OPJ-CNPJ-CE-PJ por el cual informó lo siguiente:
a)El Juzgado de Familia Transitorio del distrito de Cerro Colorado de la provincia y Corte Superior de Justicia de Arequipa, que tiene un Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de siete (07) plazas y apoya con turno cerrado al Juzgado de Familia Permanente del mismo distrito, presentó al mes de setiembre de 2026 un bajo avance de meta del 54%, menor al avance ideal del 64% correspondiente a dicho periodo, quedándole una mÃnima carga pendiente de 277 expedientes que deben de haber disminuido a la fecha; mientras que el citado juzgado permanente que cuenta con un Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de cuatro (04) plazas, durante el mismo periodo resolvió 416 expedientes, es decir, 103 expedientes más que el referido juzgado transitorio, obteniendo un avance de meta del 83%, superior al referido avance ideal, quedándole una carga pendiente de 388 expedientes; señalando que pese a contar con tres (03) plazas menos, el referido juzgado permanente obtuvo un mayor avance de meta que el juzgado transitorio, evidenciando un bajo nivel resolutivo, a pesar de que su finalidad era apoyar en la descarga procesal del juzgado permanente.
b)Los cuatro (04) Juzgados de Familia Permanentes del distrito de Nuevo Chimbote de la provincia y Corte Superior de Justicia del Santa, que atienden con turno abierto los procesos de familia, con excepción de los procesos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, y que desde el 18 de diciembre de 2023 tienen implementado el Expediente Judicial Electrónico (EJE) para los procesos de la subespecialidad familia-civil, según lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 520-2023-CE-PJ, durante el año 2025 registraron un buen avance de meta promedio del 105%, superior al avance ideal del 100%; sin embargo, a pesar de su buen nivel resolutivo presentaron una carga procesal neta promedio de 1039 expedientes, cifra superior a la carga procesal máxima de 850 establecida para estos juzgados de familia, lo que evidencia que dichos juzgados de familia permanentes se encuentran en situación de sobrecarga procesal, estimándose que a diciembre de 2026, presentarÃan una carga procesal neta promedio de 996 expedientes, cifra que supera la referida carga procesal máxima, evidenciándose que requieren del apoyo de un juzgado transitorio de descarga.
Cuarto.De conformidad a lo regulado en el artÃculo 82, inciso 26), del Texto Ãnico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias, para que las dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo N° 1280-2026 de la quincuagésima octava sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 12 de noviembre de 2026, realizada con la participación de la señora Tello Gilardi, y los señores Bustamante Zegarra, Cáceres Valencia y Zavaleta Grández, sin la intervención de la señora Barrios Alvarado por encontrarse en comisión de servicio; en uso de las atribuciones conferidas por el artÃculo 82 del Texto Ãnico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
ArtÃculo Primero.-Prorrogar, a partir del 1 de diciembre de 2026, el funcionamiento del siguiente órgano jurisdiccional transitorio de descarga procesal:
Hasta el 31 de enero de 2027 (2 meses)
Corte Superior de Justicia de Arequipa
– Juzgado de Familia Transitorio – Cerro Colorado
ArtÃculo Segundo.-Reubicar, a partir del 1 de febrero de 2027 hasta el 30 de junio de 2027, al Juzgado de Familia Transitorio del distrito de Cerro Colorado, de la provincia y Corte Superior de Justicia de Arequipa, hacia la Corte Superior de Justicia del Santa, como Juzgado de Familia Transitorio del distrito de Nuevo Chimbote, con turno cerrado y la misma competencia funcional y territorial que el 1°, 2°, 3° y 4° Juzgados de Familia Permanentes del mismo distrito y Corte Superior de Justicia.
ArtÃculo Tercero.-Disponer las siguientes medidas administrativas en las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa y del Santa:
3.1.Que el Juzgado de Familia Transitorio del distrito de Cerro Colorado, de la provincia y Corte Superior de Justicia de Arequipa resuelva, antes del 31 de enero de 2027, los expedientes que se encuentren expeditos para sentenciar al 20 de enero de 2027, debiendo remitir hacia el Juzgado de Familia Permanente del mismo distrito, toda la carga pendiente en etapa de calificación, trámite y ejecución que tenga al 31 de enero de 2027.
3.2.Que, de acuerdo al siguiente detalle, el 1°, 2°, 3° y 4° Juzgados de Familia Permanentes del distrito de Nuevo Chimbote de la provincia y Corte Superior de Justicia del Santa redistribuyan aleatoriamente hacia el Juzgado de Familia Transitorio del mismo distrito un máximo de 550 expedientes en etapa de trámite, de las subespecialidades familia-civil y familia-tutelar, entre fÃsicos y electrónicos, que no se encuentren expeditos para sentenciar al 31 de enero de 2027, no debiendo considerarse en dicha redistribución a aquellos expedientes que se encuentren en etapa de calificación ni ejecución, lo cual deberá informarse a la presidenta de la Comisión Nacional de Productividad Judicial, en un plazo no mayor de treinta (30) dÃas calendario, posteriores a la entrada en funcionamiento del referido juzgado transitorio.
3.3.Que el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa efectúe oportunamente las coordinaciones y gestiones correspondientes con la SecretarÃa Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico – EJE, a efecto de que, a partir de su implantación, el Juzgado de Familia Transitorio del distrito de Nuevo Chimbote, pueda recibir expedientes judiciales electrónicos provenientes de los juzgados de familia permanentes del mismo distrito; debiendo el presidente de dicha Corte Superior de Justicia informar a la presidenta de la Comisión Nacional de Productividad Judicial, sobre la cantidad de expedientes electrónicos de la subespecialidad familia-civil que se han redistribuido a este órgano jurisdiccional transitorio, dentro de los veinte (20) dÃas calendario, posteriores a la fecha de emisión de la resolución administrativa que dispone la implantación del Expediente Judicial Electrónico – EJE en el referido juzgado transitorio.
ArtÃculo Cuarto.-Notificar la presente resolución a la presidenta del Poder Judicial, Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, consejero responsable del Programa Presupuestal âCeleridad de los Procesos Judiciales de Familiaâ PpR0067, Oficina de Productividad Judicial, Cortes Superiores de Justicia de Arequipa y del Santa; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
RegÃstrese, publÃquese, comunÃquese y cúmplase.
JANET TELLO GILARDI
Presidenta
Consejo Ejecutivo
2575599-1
Bagua, 4 de noviembre de 2026
VISTO:
La Resolución de Comisión Organizadora Nº 352-2026-UNIFSLB, de fecha 27 de octubre del 2026; Solicitud s/n de fecha 28 de octubre del 2026; y Acuerdo de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora Número Dieciocho (18), de fecha 29 de octubre de 2026;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artÃculo 18º de la Constitución PolÃtica del Perú,la universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. (â¦). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.
Que, la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, en su artÃculo 8º establece que,el Estado reconoce la autonomÃa universitaria. La autonomÃa inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomÃa se manifiesta en los siguientes regÃmenes 8.4)administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.
Que, mediante Ley Nº 29614 se creó la Universidad Nacional Intercultural âFabiola Salazar LeguÃaâ de Bagua, como persona jurÃdica de derecho público interno, con sede en el Distrito de Bagua, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas.
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 101-2026-MINEDU, su fecha 02 de junio del 2026, se reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar LeguÃa de Bagua, quedando de la siguiente manera: Dr. Sebastián Bustamante Edquen, en el cargo de Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Indalecio Enrique Horna Zegarra, en el cargo de Vicepresidente Académico y el Dr. Alfonso Ausberto Mendoza Gamarra, como Vicepresidente de Investigación UNIFSLB.
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 352-2026-UNIFSLB, de fecha 27 de octubre del 2026, se aprobó el âPLAN DE ESTUDIOS PARA REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO â BRASIL, y por tanto se aprobó el viaje que se inicia desde el 28 de octubre al 15 de noviembre del 2026, en el cual participaran treinta (30) estudiantes del X ciclo; y, seis (06) docentes, todos pertenecientes a la Escuela Profesional de Administración de Negocios Globales, Escuela Profesional de BiotecnologÃa, y Escuela Profesional de IngenierÃa Civil, de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar LeguÃa de Bagua, autorizándose su salida al exterior y aprobando la subvención económica y viáticos respectivos.
Que, mediante Solicitud s/n de fecha 28 de octubre del 2026, presentado por los señores Coordinadores de las Facultades de IngenierÃas, Ciencias Naturales y Aplicadas, y Ciencias Sociales y Empresariales de la Universidad, requieren que ante la solicitud de los estudiantes delegados de la Escuela Profesional de Administración de Negocios Globales, Escuela Profesional de BiotecnologÃa, y Escuela Profesional de IngenierÃa Civil, se disponga la reprogramación del viaje académico antes señalado, mencionando que este tiene sustento en que el precio actual de los pasajes se encuentra por encima de lo previsto inicialmente, de tal manera que esta reprogramación les permitirÃa comprar con anticipación los pasajes a un costo de acuerdo a lo presupuestado. Señalan que esta reprogramación no modificará los objetivos ni las actividades previstas del viaje de estudios.
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora Numero Dieciocho (18), de fecha 29 de octubre de 2026, después de un amplio debate, el pleno acordó por unanimidad: Aprobar la reprogramación de la fecha del viaje considerado en el âPLAN DE ESTUDIOS PARA REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO â BRASIL, la misma que iniciará desde el 19 de noviembre del 2026 al 07 de diciembre del 2026, manteniéndose vigente las demás condiciones, y lo dispuesto mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 352-2026-UNIFSLB, de fecha 27 de octubre del 2026.
Que, de conformidad con el ArtÃculo 59º de la Ley Universitaria Nº 30220; el Ãtem 6.1.4 de la Resolución Viceministerial Nº 244-2021-MINEDU y el ArtÃculo 33º del Estatuto de la Universidad Nacional Intercultural âFabiola Salazar LeguÃaâ de Bagua.
SE RESUELVE:
ArtÃculo Primero.-APROBAR la reprogramación de la fecha del viaje considerado en el âPLAN DE ESTUDIOS PARA REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO â BRASIL, la misma que iniciará desde el 19 de noviembre del 2026 al 07 de diciembre del 2026.
ArtÃculo Segundo.-MANTENGASE vigente las demás condiciones, y lo dispuesto mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 352-2026-UNIFSLB, de fecha 27 de octubre del 2026.
ArtÃculo Tercero.-NotifÃquese la presente a los interesadosy demás estamentos de la Universidad.
RegÃstrese, comunÃquese y archÃvese.
SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUEN
Presidente de la Comisión Organizadora
CARLOS ALBERTO SORALUZ SALDAÃA
Secretario General
Yanacancha, 12 de noviembre del 2026
VISTO:
El Memorando Nº 001471-2026-UNDAC/R del Despacho Rectoral, mediante el presente solicita la emisión del acto resolutivo que autorice el viaje oficial en comisión de servicios a la ciudad de Loja, República del Ecuador, del 18 al 22 de noviembre de 2026, del Director de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, Lic. David Augusto Terrazo Atencio, Oficio Nº 026-2026-AE-DACG/LIMA, a través del cual se formaliza la invitación a la âSegunda Caravana Carriónâ a desarrollarse en la referida ciudad, documento contenido en el Expediente Nº 2026-0016247; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión goza de autonomÃa en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, de conformidad con el artÃculo 18º de la Constitución PolÃtica del Perú, en concordancia con el artÃculo 8º de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, y el Estatuto de la institución;
Que, el artÃculo 22º de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, en concordancia con el Estatuto de la Universidad, establece que el Rector es la máxima autoridad académica y de gobierno de la universidad, a quien le corresponde ejercer la representación legal de la institución;
Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores funcionarios públicos: la autorización debe sustentarse en el interés nacional o institucional, indicar el motivo, el número de dÃas y los montos de pasajes y viáticos (artÃculo 2), y la resolución debe publicarse en el Diario Oficial El Peruano con anterioridad al viaje (artÃculo 3).
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; norma modificada en particular por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, el cual fija en su artÃculo 5 la escala de viáticos para América del Sur en US$ 370.00 por dÃa; regulando asimismo, en sus artÃculos 6 y 10, el sustento de dichos viáticos y la obligación imperativa de presentar el informe de acciones, resultados y la rendición de cuentas correspondiente dentro de los quince (15) dÃas calendario posteriores al retorno;
Que, el numeral 10.1 del artÃculo 10 de la Ley Nº 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, establece de manera expresa que los viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos con cargo a recursos públicos se deben realizar exclusivamente en categorÃa económica, debiendo ser aprobados conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 27619 y sus normas reglamentarias;
Que, mediante Oficio Nº 026-2026-AE-DACG/LIMA, se cursa una invitación institucional a la máxima autoridad del Despacho Rectoral para participar en la âSegunda Caravana Carriónâ, evento internacional que se desarrollará en la ciudad de Loja, República del Ecuador, con la finalidad de fortalecer los lazos de integración cultural, académica y de proyección institucional, sustentada la autorización de viaje del Rector mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 002928-2026-UNDAC/CU, de fecha 09 de noviembre de 2026;
Que, con el objetivo de asegurar la cobertura y difusión institucional del evento, mediante el Memorando Nº 001468-2026-UNDAC/R se canalizó la propuesta para que el Director de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional integre la comitiva oficial; pedido que fue formalizado a través del Oficio Nº 000149-2026-UNDAC/OCEII, mediante el cual el citado funcionario solicita la emisión del acto resolutivo que autorice su participación y acompañamiento en el viaje oficial a la ciudad de Loja, República del Ecuador;
Que, mediante el Memorando Nº 001471-2026- UNDAC/R, de fecha 10 de noviembre de 2026, el Despacho Rectoral dispuso la emisión del acto resolutivo que autorice el viaje oficial en comisión de servicios a la ciudad de Loja, República del Ecuador, del 18 al 22 de noviembre de 2026, del Director de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, Lic. David Augusto Terrazo Atencio;
Estando a las consideraciones expuestas, a lo dispuesto en la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, con cargo a dar cuenta al Honorable Consejo Universitario, y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho Rectoral;
SE RESUELVE:
ArtÃculo Primero.-AUTORIZAR el viaje al exterior en Comisión de Servicios al Lic. David Augusto TERRAZO ATENCIO, Director de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, a la ciudad de Loja, República del Ecuador, del 18 al 22 de noviembre de 2026, para realizar las funciones de acompañamiento oficial y cobertura institucional del evento internacional denominado âSegunda Caravana Carriónâ.
ArtÃculo Segundo.-APROBAR el otorgamiento de pasajes en categorÃa económica y viáticos conforme a la escala vigente, con cargo a la certificación presupuestal correspondiente.
ArtÃculo Tercero.-ENCARGAR a la Dirección General de Administración, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a las dependencias correspondientes, el cumplimiento de la presente resolución de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
ArtÃculo Cuarto.-DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y en los canales institucionales de difusión oficial para los fines pertinentes de ley.
RegÃstrese, comunÃquese y archÃvese.
Angel Claudio NUÃEZ MEZA
Rector
Noe Ruben GOMEZ RICALDI
Secretario General
Tacna, 9 de noviembre de 2026
VISTOS:
El Oficio N° 3359-2026-OPEP/UNJBG, ProveÃdos N° 10959-2026-REDO y N° 4268-2026-SEGE, Informe N° 4736-2026-UPP-OPEP/UNJBG, Anexo 01, Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 9114, Oficio N° 948-2026-VIIN-UNJBG, Informe N° 1992-2026-DGIN-VIIN/UNJBG, Oficio N° 032-2026-ECAT: GAS-AER/UNJBG, copia de la Carta N° 010-2026-RNLA-DAFI/UNJBG, sobre la autorización de viaje al exterior del Dr. Rafael Nery Liñán Abanto, docente de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann;
CONSIDERANDOS:
Que, el Vicerrector de Investigación, mediante los documentos del visto, comunica que el Dr. RAFAEL NERY LIÃAN ABANTO, Investigador Principal del Proyecto de Investigación titulado âESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE TACNA-II ETAPA: GASES Y AEROSOLES ATMOSFÃRICOSâ, solicita viáticos nacionales e internacionales, a fin de participar en calidad de ponente y asistente en el AIR POLLUTION CONFERENCE BRAZIL 2026, a realizarse en Vitoria, EspÃritu Santo, Brasil, del 17 al 19 de noviembre de 2026; presupuesto que será afectado al referido proyecto de investigación;
Que, según Ley N° 27619 – Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos – y las Normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos aprobadas mediante el D. S. N° 047-2002-PCM, en su artÃculo 2º se establece que la Resolución de autorización de viajes al exterior de la República estrictamente necesarios, será debidamente sustentada en el interés nacional o en el interés especÃfico de la Institución y deberá indicar expresamente el motivo del viaje, el número de dÃas de duración del viaje, el monto de los gastos de desplazamiento y viáticos. En todos los casos la Resolución o acuerdo de excepción es publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 10.1 del artÃculo 10 de la Ley N° 32513, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, sobre medidas en materia de bienes y servicios, establece:âDurante el Año Fiscal 2026, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse en categorÃa económica, pudiendo exceptuarse a los funcionarios señalados en el artÃculo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el tiempo de viaje sea mayor a ocho (8) horas o cuando la estancia sea menor a cuarenta y ocho (48) horas. La autorización para viajes al exterior de las personas señaladas en el párrafo precedente se aprueba conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus normas reglamentariasâ;
Que, siendo de interés institucional la participación del citado investigador en el evento internacional antes mencionado, mediante ProveÃdo N° 10959-2026-REDO, la Autoridad competente autoriza el viaje al exterior al Dr. Rafael Nery Liñán Abanto, docente de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, durante el periodo comprendido del 17 al 19 de noviembre de 2026;
De conformidad con el inciso 62.2 del artÃculo 62 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Ley N° 27619, Ley N° 32513 y en uso de las atribuciones conferidas al señor Rector;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1°.-Autorizar, excepcionalmente, el viaje al exterior en comisión de servicios al Dr. Rafael Nery Liñán Abanto, Investigador Principal del Proyecto de Investigación titulado âESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE TACNA-II ETAPA: GASES Y AEROSOLES ATMOSFÃRICOSâ, solicita VIÃTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, a fin de participar en calidad de ponente y asistente en el AIR POLLUTION CONFERENCE BRAZIL 2026, a realizarse en la ciudad de Vitoria, EspÃritu Santo, Brasil, del 17 al 19 de noviembre de 2026;
ArtÃculo 2°.-Los gastos que ocasione el viaje autorizado en el artÃculo precedente, se ejecutarán de acuerdo a la siguiente información presupuestal, debiendo efectuar, a su retorno, la rendición de cuentas debidamente documentada, conforme a las disposiciones y normas vigentes:
MONTO TOTAL
⢠DR. RAFAEL NERY LIÃÃN ABANTO S/ 4,612.21
ArtÃculo 3°.-Disponer la publicación de la presente Resolución Rectoral en el Diario Oficial El Peruano, de conformidad a las normas vigentes.
RegÃstrese, comunÃquese y archÃvese.
JAVIER LOZANO MARREROS
Rector
ALEXANDER NICOLAS VILCANQUI ALARCON
Secretario General
Tacna, 12 de noviembre de 2026
VISTOS:
El Oficio N° 3537-2026-OPEP/UNJBG, ProveÃdos N° 11454-2026-REDO y N° 4544-2026-SEGE, Informe N° 4977-2026-UPP-OPEP/UNJBG, Anexo 01, Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 9742, copia del Oficio N° 973-2026-VIIN-UNJBG, Informe N° 2003-2026-DGIN-VIIN/UNJBG, Oficio N° 034-2026-LAER-LARVAS-SARGO-ESIP-FCAG-UNJBG, copia de la Resolución de Facultad N° 11550-2026-FCAG/UNJBG, Resolución Rectoral N° 16424-2026-UNJBG, sobre la autorización de viaje al exterior para el Dr. Luis Antonio Espinoza Ramos (Investigador Principal) y el Dr. Lorenzo Walter Ibárcena Fernández (Co-Investigador), docentes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann;
CONSIDERANDOS:
Que, el Vicerrector de Investigación, mediante los documentos del visto, comunica que el Dr. Luis Antonio Espinoza Ramos, Investigador Principal del proyecto denominado: âCrecimiento y Supervivencia de larvas de sargo (Anisotremus scapularis) alimentadas con copépodos y su transición a una dieta seca formulada hasta juvenilesâ, solicita viáticos nacionales e internacionales, tanto para él como para el Dr. Lorenzo Walter Ibárcena Fernández, quienes participarán en una pasantÃa en el Laboratorio de Recursos Genéticos Marinos de la Universidad de Vigo (REXENMAR) – ESPAÃA, en Vigo, España, a realizarse del 22 al 28 de noviembre de 2026;
Que, según Ley N° 27619 âLey que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicosâ y las Normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos aprobadas mediante D.S. N° 047-2002-PCM, en su Art. 2º se establece que la Resolución de autorización de viajes al exterior de la República estrictamente necesarios, será debidamente sustentada en el interés nacional o en el interés especÃfico de la Institución y deberá indicar expresamente el motivo del viaje, el número de dÃas de duración del viaje, el monto de los gastos de desplazamiento y viáticos. En todos los casos la Resolución o acuerdo de excepción es publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el numeral 10.1 del Art. 10º de la Ley N° 32513, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, sobre medidas en materia de bienes y servicios, establece:âDurante el Año Fiscal 2026, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse en categorÃa económica, pudiendo exceptuarse a los funcionarios señalados en el artÃculo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el tiempo de viaje sea mayor a ocho (8) horas o cuando la estancia sea menor a cuarenta y ocho (48) horas. La autorización para viajes al exterior de las personas señaladas en el párrafo precedente se aprueba conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus normas reglamentariasâ;
Que, siendo de interés institucional la participación de los citados investigadores en el evento internacional antes mencionado, mediante ProveÃdo N° 11454-2026-REDO, la Autoridad competente autoriza el viaje al exterior del Dr. Luis Antonio Espinoza Ramos (Investigador Principal) y el Dr. Lorenzo Walter Ibárcena Fernández (Co-Investigador), docentes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, durante el periodo comprendido del 22 al 28 de noviembre de 2026;
De conformidad con el inciso 62.2 del Art. 62º de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Ley N° 27619, Ley N° 32513, y en uso de las atribuciones conferidas al señor Rector;
SE RESUELVE:
ArtÃculo 1º.-Autorizar, excepcionalmente, el viaje al exterior en comisión de servicios del DR. LUIS ANTONIO ESPINOZA RAMOS, Investigador Principal y el DR. LORENZO WALTER IBÃRCENA FERNÃNDEZ, del Proyecto de Investigación denominado âCRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE LARVAS DE SARGO (ANISOTREMUS SCAPULARIS) ALIMENTADAS CON COPÃPODOS Y SU TRANSICIÃN A UNA DIETA SECA FORMULADA HASTA JUVENILESâ, docentes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, quienes participarán en una pasantÃa en el Laboratorio de Recursos Genéticos Marinos de la Universidad de Vigo (REXENMAR) – ESPAÃA, en Vigo, España, a realizarse del 22 al 28 de noviembre de 2026.
ArtÃculo 2º.-Los gastos que ocasione el viaje autorizado en el artÃculo precedente, se ejecutarán de acuerdo a la siguiente información presupuestal, debiendo a su retorno, efectuar la rendición de cuentas debidamente documentada, conforme a las disposiciones y normas vigentes:
MONTO TOTAL
– DR. LUIS ANTONIO ESPINOZA RAMOS S/ 20,320.00
– DR. LORENZO WALTER IBÃRCENA FERNÃNDEZ S/ 20,320.00
ArtÃculo 3º.-Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, de conformidad a las normas vigentes.
RegÃstrese, comunÃquese y archÃvese.
JAVIER LOZANO MARREROS
Rector
ALEXANDER NICOLAS VILCANQUI ALARCON
Secretario General
2574826-1
Expediente N° JNE.202502776
HUAYLLAPAMPA – RECUAY – ÃNCASH
VACANCIA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO PROCLAMADO
Lima, 12 de mayo de 2026
VISTO: el Oficio N° 296-2025-MDH/A, recibido el 3 de diciembre de 2025, mediante el cual don Maurto Vega Vásquez, alcalde de la Municipalidad del distrito de Huayllapampa, provincia de Recuay, departamento de Ãncash (en adelante, señor recurrente), peticionó la convocatoria de candidato no proclamado por la declaratoria de vacancia de don Miguel Gabriel Paico Santiago, regidor del referido concejo municipal (en adelante, señor regidor), por la causal de inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas durante tres (3) meses, prevista en el numeral 7 del artÃculo 22 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).
ANTECEDENTES
1.1.Mediante el oficio citado en el visto, el señor recurrente solicitó la convocatoria de candidato no proclamado a raÃz de la declaratoria de vacancia del señor regidor por la causal de inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas durante tres (3) meses. Para sustentar ello, acompañó la documentación correspondiente al procedimiento seguido ante el concejo municipal.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución PolÃtica del Perú
1.1.Los numerales 4 y 5 del artÃculo 178 establecen:
Atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones
ArtÃculo 178.-Compete al Jurado Nacional de Elecciones:
[â¦]
4.Administrar justicia en materia electoral.
5.Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes.
En la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones
1.2.El literal jdel artÃculo 5 prescribe como una de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones la expedición de las credenciales a los candidatos elegidos en los respectivos procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares.
En la LOM
1.3.El artÃculo 23 establece:
ArtÃculo 23.- Procedimiento de declaración de vacancia del cargo de alcalde o regidor
La vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada por el correspondiente concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa.
El acuerdo de concejo que declara o rechaza la vacancia es susceptible de recurso de reconsideración, a solicitud de parte, dentro del plazo de 15 (quince) dÃas hábiles perentorios ante el respectivo concejo municipal.
El acuerdo que resuelve el recurso de reconsideración es susceptible de apelación. El recurso de apelación se interpone, a solicitud de parte, ante el concejo municipal que resolvió el recurso de reconsideración dentro de los 15 (quince) dÃas hábiles siguientes, el cual elevará los actuados en el término de 3 (tres) dÃas hábiles al Jurado Nacional de Elecciones, que resolverá en un plazo máximo de 30 (treinta) dÃas hábiles, bajo responsabilidad.
La resolución del Jurado Nacional de Elecciones es definitiva y no revisable en otra vÃa.
[â¦]
1.4.El artÃculo 24 prevé:
ArtÃculo 24.- Reemplazo en caso de vacancia o ausencia
En caso de vacancia o ausencia del alcalde lo reemplaza el teniente alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.
En caso de vacancia del regidor, lo reemplaza:
1.Al teniente alcalde, el regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.
2.A los regidores, los suplentes, respetando la precedencia establecida en su propia lista electoral.
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales1(en adelante, Reglamento)
1.5.El artÃculo 14 contempla:
ArtÃculo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
n caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del dÃa hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vÃnculos que se indican a continuación:
[â¦]
SEGUNDO. ANÃLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1.Este Supremo Tribunal Electoral, en ejercicio de la función jurisdiccional que le ha conferido la Norma Fundamental para administrar justicia en materia electoral (ver SN 1.1.), en los procedimientos de convocatoria de candidato no proclamado (también denominados de acreditación), antes de expedir las credenciales a las nuevas autoridades (ver SN 1.2.), debe verificar la legalidad del procedimiento de vacancia, conforme a lo prescrito en el artÃculo 23 de la LOM (ver SN 1.3.), y constatar si se observaron los derechos y las garantÃas inherentes a este.
2.2.Con el Oficio N° 296-2025-MDH/A, recibido el 4 de diciembre, el señor recurrente remitió la documentación relacionada a la vacancia del señor regidor y peticionó la convocatoria de candidato no proclamado a raÃz de la declaratoria de vacancia del señor regidor por la causal de inasistencia injustificada al consejo regional a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas durante tres (3) meses, prevista en el numeral 7 del artÃculo 22 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
a)Citación 011-2025 y Notificación N° 001-2025-MDH/A, mediante las cuales se convocó a la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal para el 5 de noviembre del 2025.
b)Actas de Sesión Ordinaria N° 16-2025, N° 18-2025, N° 20-2025 y N° 21-2025, asà como el Acta de Sesión de Concejo Extraordinaria N° 011-2025 del Concejo Municipal de la Municipalidad distrital de Huayllapampa de fecha 5 de noviembre de 2025, conjuntamente con el acuerdo.
c)Notificación N.ª 002-2025-MDH/A respecto a la sesión extraordinaria realizada el 5 de noviembre de 2025.
d)Constancia del 28 de noviembre de 2025, que señala que el señor regidor no presentó ningún recurso de reconsideración y/o impugnación sobre la referida vacancia.
2.3.Por consiguiente, tras verificarse la regularidad del procedimiento de vacancia conforme lo determina la LOM y las formalidades que dispone el TUO de la LPAG, y habiendo quedado firme el Acuerdo de la Sesión de Concejo Extraordinaria N° 001-2025-MDH, consintiendo asà la decisión aprobada por el concejo municipal, mediante Constancia del 28 de noviembre de 2025, corresponde a este Supremo Tribunal Electoral dejar sin efecto la credencial que se le otorgó y convocar a la nueva autoridad, acorde con el artÃculo 24 de la LOM (ver SN 1.4.).
2.4.En ese sentido, correspondÃa convocar a un candidato no proclamado -ya sea del mismo partido u otro- a fin de completar el número de integrantes del concejo en mención para el periodo de gobierno municipal 2023-2026. No obstante, tras revisar el Acta de Proclamación de resultados de cómputo y de autoridades electas del distrito de Recuay, no se advierte que exista candidato no proclamado de la misma organización polÃtica o de listas distintas; es decir, no existe candidato no proclamado a quien convocar en reemplazo de la autoridad vacada. En ese orden, resulta materialmente imposible convocar al remplazo de la autoridad cuestionada.
2.5.La notificación de la presente resolución debe diligenciarse según lo dispuesto en el artÃculo 14 del Reglamento (ver SN 1.5.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
1.DEJAR SIN EFECTOla credencial otorgada a don Miguel Gabriel Paico Santiago, regidor del Concejo Distrital de Huayllapampa, provincia de Recuay, departamento de Ãncash, emitida con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
2.PRECISARque no resulta posible convocar al candidato no proclamado para que asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital de Huayllapampa, provincia de Recuay, departamento de Ãncash, en reemplazo de la autoridad vacada, en virtud de las consideraciones expuestas.
3.PRECISARque los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
GONZALES BARRÃN
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° JNE.2026000995
ÃNCASH
VACANCIA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO PROCLAMADO
Lima, 22 de julio de 2026
VISTO:el Oficio N° 01-2025-GRA-CR-CD, presentado el 5 de enero de 2026, mediante el cual don Yover Ãlex Montoya Castillo, consejero delegado del Gobierno Regional de Ãncash (en adelante, señor consejero delegado), remite documentación relacionada con la vacancia de don Chang Berly Milla Ponce, consejero regional por la provincia de Huaylas (en adelante, señor consejero), por la causal de fallecimiento prevista en el numeral 1 del artÃculo 30 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (en adelante, LOGR), y solicita la convocatoria del candidato no proclamado para asumir el referido cargo.
ANTECEDENTES
1.1.Por medio del oficio citado en el visto, el señor consejero delegado remitió copias de los actuados del expediente administrativo de vacancia tramitado a raÃz del fallecimiento del señor consejero, por la causal prevista en el numeral 1 del artÃculo 30 de la LOGR, a fin de que se convoque al candidato respectivo.
1.2.Asimismo, con el Oficio N° 003-2026-GRA-CR/CD, del 15 de enero de 2026, don Dalà Espinel GarcÃa Durán, consejero delegado, remitió documentos para ser anexados al expediente principal; entre ellos, la Décima Acta de Sesión Extraordinaria del 2025, del 30 de diciembre de dicho año, que aprobó por unanimidad la vacancia del señor consejero.
1.3.Dicho pedido de acreditación de la nueva autoridad se sustenta en la declaratoria de vacancia, aprobada por el Consejo Regional de Ãncash a través del Acuerdo de Consejo Regional N° 327-2025-GRA/CR, del 30 de diciembre de 2025. Asimismo, obra en autos copia del certificado de defunción general y el comprobante de pago de la tasa electoral respectiva.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la LOGR
1.1.El numeral 1 del artÃculo 30 indica:
El cargo de Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Gobierno Regional vaca por las causales siguientes:
1. Fallecimiento.
[â¦]
La vacancia es declarada por el Consejo Regional, dando observancia al debido proceso y el respeto al ejercicio del derecho de defensa, por dos tercios del número legal de sus miembros, para el caso del Presidente Regional y Vicepresidente Regional, y de la mayorÃa del número legal de sus miembros, para el caso de los Consejeros Regionales. La decisión puede apelarse al Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 8 dÃas siguientes de la notificación. El Jurado Nacional de Elecciones resuelve en instancia definitiva, su fallo es inapelable e irrevisable.
De producirse la vacancia simultánea del presidente y vicepresidente, el Consejo Regional elige entre sus miembros a sus reemplazantes. El Jurado Nacional de Elecciones acredita a los consejeros accesitarios.
En la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones
1.2.Los literales i y j del artÃculo 5 señalan que:
Son funciones del Jurado Nacional de Elecciones:
i.Proclamar a los candidatos u opciones elegidos en los respectivos procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares.
j.Expedir las credenciales a los candidatos elegidos en los respectivos procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares.
En la jurisprudencia emitida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
1.3.El segundo párrafo del considerando 4 de la Resolución N° 539-2013-JNE, el Supremo Tribunal Electoral consideró lo siguiente:
[â¦] que resulta contrario, no solo a los principios de economÃa y celeridad procesal y de verdad material, sino atentatorio de la propia gobernabilidad de las entidades municipales, que en aquellos casos en los que se tramite un procedimiento de declaratoria de vacancia en virtud [â¦] del fallecimiento de la autoridad municipal, tenga que esperarse [â¦] [el] transcurso del plazo para la interposición de un recurso impugnatorio, esto es, para que el acuerdo de concejo que declara una vacancia por muerte, quede consentido y, recién en ese escenario, pueda el Jurado Nacional de Elecciones convocar a las nuevas autoridades municipales para que asuman los cargos respectivos.
En la Tabla de tasas en materia electoral1
1.4.El Ãtem 2.28, con relación al pago de la tasa electoral por convocatoria de candidato no proclamado, por haberse declarado la vacancia de los cargos de gobernador, vicegobernador o consejero regional, establece el valor de 5.25 % de una unidad impositiva tributaria (UIT).
En el acuerdo adoptado por el Consejo Regional de Ãncash
1.5.Mediante el Acuerdo de Consejo Regional N° 327-2025-GRA/CR, el Consejo Regional de Ãncash declaró la vacancia del cargo del señor consejero por la causal de fallecimiento, y acordó tramitar lo correspondiente ante este órgano electoral.
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones2(en adelante, Reglamento)
1.6.El artÃculo 14 contempla lo siguiente:
ArtÃculo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del dÃa hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vÃnculos que se indican a continuación:
[â¦]
SEGUNDO. ANÃLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1.Acreditada la causa de vacancia contemplada en el numeral 1 del artÃculo 30 de la LOGR (ver SN 1.1.) con la copia del certificado de defunción y la consulta en lÃnea efectuada al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y habiendo sido declarada la vacancia, tal como consta en el Acuerdo de Consejo Regional N° 327-2025-GRA/CR (ver SN 1.5.), corresponde dejar sin efecto la credencial otorgada al señor consejero regional.
2.2.En tal sentido,para completar el número de consejeros regionales, corresponde convocar a don Jorge Manuel Muñoz Sánchez, identificado con DNI N° 41887234, candidato accesitario no proclamado de la organización polÃtica Socios por Ãncash, para que asuma el cargo de consejero del Consejo Regional de Ãncash por la provincia de Huaylas, para completar el periodo de gobierno regional 2023-2026.
2.3.Dicha convocatoria se realiza de acuerdo con el Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Regionales Electas del Gobierno Regional de Huaraz, Aija, Bolognesi, Carhuaz, Casma, Corongo, Huaylas, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay, Antonio Raimondi, Carlos FermÃn Fitzcarrald, Asunción, Huarmey y Ocros, del 19 de noviembre de 2022, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaraz, con motivo del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022.
2.4.Cabe precisar que uno de los requisitos exigidos para la procedencia de la convocatoria de candidato no proclamado es el pago de la tasa (ver SN 1.4.), lo cual ha sido cumplido por la entidad regional.
2.5.La notificación del presente pronunciamiento debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.6.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
1.DEJAR SIN EFECTOla credencial otorgada a don Chang Berly Milla Ponce, consejero del Consejo Regional de Ãncash, por la provincia de Huaylas, emitida con motivo del proceso de Elecciones Regionales y municipales 2022, por la causa de fallecimiento, establecida en el numeral 1 del artÃculo 30 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
2.CONVOCARa don Jorge Manuel Muñoz Sánchez, identificado con DNI N° 41887234, para que asuma el cargo de consejero del Consejo Regional de Ãncash, por la provincia de Huaylas, a fin de completar el periodo de gobierno regional 2023-2026, para lo cual se le entregará la respectiva credencial que lo faculta como tal.
3.PRECISARque los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado mediante la Resolución N° 0830-2025-JNE; asimismo, para la presentación de escritos u otros documentos se encuentra disponible la Mesa de Partes Virtual (MPV), en el portal electrónico institucional,
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
GONZALES BARRÃN
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° JNE.2026279550
PINTO RECODO – LAMAS – SAN MARTÃN
LICENCIA DE AUTORIDAD
CONVOCATORIA DE CANDIDATO
NO PROCLAMADO
Lima, 16 de setiembre de 2026
VISTO: el Oficio N° 0320-2026-MDPR/A, del 28 de agosto de 2026, mediante el cual don Robinson Tantaleán Pedraza, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, provincia de Lamas, departamento de San MartÃn (en adelante, señor alcalde), remitió documentación relacionada con la licencia sin goce de haber concedida a su favor, con motivo de su participación como candidato en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
ANTECEDENTES
1.1. Mediante el oficio del visto, el señor alcalde comunicó la aprobación de la licencia sin goce de haber concedida a su favor y adjuntó, entre otros documentos, copia del Acuerdo de Concejo Municipal N° 011-2026-MDPR, del 25 de agosto de 2026, asà como de su solicitud de licencia sin goce de haber.
1.2. Del referido acuerdo se desprende que el Concejo Distrital de Pinto Recodo aprobó la licencia sin goce de haber solicitada por el señor alcalde por treinta (30) dÃas calendario, con motivo de su participación como candidato en las ERM 2026.
1.3. Asimismo, de la documentación remitida se verifica que la solicitud de licencia sin goce de haber presentada por el señor alcalde fue recepcionada por la Unidad de Trámite Documentario de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo el 8 de junio de 2026.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución PolÃtica del Perú
1.1. El numeral 17 del artÃculo 2 establece, entre otros, que todo ciudadano tiene pleno derecho de participar en la vida polÃtica de la nación.
En la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM)
1.2. El artÃculo 24 establece que, en caso de vacancia o ausencia del alcalde, este es reemplazado por el teniente alcalde, quien es el primer regidor hábil de su propia lista electoral; asimismo, el numeral 1 de dicho artÃculo señala que al teniente alcalde lo reemplaza el regidor hábil que sigue en dicha lista electoral.
1.3. El numeral 2 del artÃculo 24 determina que a los regidores los reemplazan los suplentes, respetando la precedencia establecida en su propia lista electoral.
En el Decreto Supremo N° 001-2026-PCM1
1.4. Mediante el mencionado decreto, se convocó a las ERM 2026 para el domingo 4 de octubre de 2026, con la finalidad de elegir a gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los consejos regionales de los gobiernos regionales de los departamentos de toda la república y de la Provincia Constitucional del Callao, asà como a los alcaldes y regidores de los concejos provinciales y distritales de toda la república.
En la Resolución N° 00746-2025-JNE2, que aprobó la regulación sobre renuncias y licencias de funcionarios y servidores públicos que participen como candidatos en las ERM 2026
1.5. El Pleno precisó, entre otros, el plazo para que los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, asà como de los organismos, empresas del Estado y de las municipalidades, soliciten su licencia sin goce de haber con el propósito de participar en las ERM 2026. De esta manera, el acápite 6.1. del numeral 6 de la parte resolutiva dispuso:
6.1.Las solicitudes de licencia sin goce de haber tienen que ser presentadas por escrito, ante la entidad pública correspondiente, hasta el 16 de junio de 2026. Es necesario que la solicitud mencione expresamente que la licenciasin goce de haber debe ser concedida a partir del 4 de septiembre de 2026(30 dÃas calendario antes de las elecciones) [resaltado agregado].
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones3(en adelante, Reglamento)
1.6. El artÃculo 14 regula lo siguiente:
ArtÃculo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidas por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del dÃa hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vÃnculos que se indican a continuación:
SEGUNDO. ANÃLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1. De la revisión de los actuados se verifica que, mediante el Acuerdo de Concejo Municipal N° 011-2026-MDPR, del 25 de agosto de 2026, el Concejo Distrital de Pinto Recodo aprobó la licencia sin goce de haber solicitada por el señor alcalde por treinta (30) dÃas calendario, con motivo de su participación como candidato a regidor de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo en las ERM 2026.
2.2. Al respecto, se debe tener en cuenta que, en aplicación del acápite 6.1 del numeral 6 de la Resolución N° 00746-2025-JNE (ver SN 1.5.), la licencia sin goce de haber debe ser concedidahasta el 4 de octubre de 2026, con lo cual se cumple con los treinta (30) dÃas calendario previos a las ERM 2026.
2.3. Asimismo, se advierte que la solicitud de licencia sin goce de haber presentada por el señor alcalde fue recepcionada por la Unidad de Trámite Documentario de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo el 8 de junio de 2026; por consiguiente, se acredita que fue presentada dentro del plazo establecido (ver SN 1.5.).
Sobre las convocatorias
2.4. Preliminarmente, cabe precisar que, conforme al Acta de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales Electas del distrito de Pinto Recodo, provincia de Lamas, departamento de San MartÃn, don Robinson Tantaleán Pedraza, identificado con DNI N° 45400688, fue proclamado alcalde de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, mientras que doña Adolgina Pinedo González, identificada con DNI N° 45103572, fue proclamada como primera regidora del referido concejo municipal, ambos por la organización polÃtica Partido Democrático Somos Perú.
2.5. En ese sentido, dado que la licencia sin goce de haber del señor alcalde cuenta con la aprobación del Concejo Distrital de Pinto Recodo y, de conformidad con lo establecido en el artÃculo 24 de la LOM (ver SN 1.2.), corresponde convocar a doña Adolgina Pinedo González, identificada con DNI N° 45103572, primera regidora hábil del referido concejo, para que asuma, provisionalmente, el cargo de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, por el periodo comprendido del 4 de setiembre al 4 de octubre de 2026.
2.6. AsÃ, como consecuencia de que la referida regidora asumirá provisionalmente el cargo de alcaldesa, corresponde convocar a un candidato no proclamado para completar el número legal de integrantes del concejo municipal (ver SN 1.3.).
2.7. En ese sentido, corresponde convocar a doña Lidia Shupingahua Sangama, identificada con DNI N° 71700643, candidata no proclamada de la organización polÃtica Partido Democrático Somos Perú, para que asuma, provisionalmente, el cargo de regidora del Concejo Distrital de Pinto Recodo, por el periodo comprendido del 4 de setiembre al 4 de octubre de 2026.
2.8. Dichas convocatorias se realizan conforme al Acta de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales Electas del distrito de Pinto Recodo, provincia de Lamas, departamento de San MartÃn, del 25 de octubre de 2022, emitida por el Jurado Electoral Especial de Moyobamba, con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
2.9. Asimismo, de la consulta efectuada, a la fecha de calificación del presente expediente, en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, se advierte que doña Adolgina Pinedo González y doña Lidia Shupingahua Sangama, candidatas a convocarse señaladas precedentemente, no participan como candidatas en las ERM 2026.
2.10. Del mismo modo, de la consulta de sus fichas en lÃnea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se ha verificado que las referidas ciudadanas no registran restricción alguna, no consignan fecha de fallecimiento y sus documentos nacionales de identidad se encuentran vigentes.
2.11. Del mismo modo, de la consulta de su ficha en lÃnea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se verifica que, la referida persona no registra restricción ni fecha de fallecimiento, y su documento nacional de identidad se encuentra vigente.
2.12. Finalmente, se precisa que la notificación del presente pronunciamiento debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.6.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
1.DEJAR SIN EFECTO,de manera temporal, la credencial otorgada a don Robinson Tantaleán Pedraza, como alcalde de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, provincia de Lamas, departamento de San MartÃn,hasta el 4 de octubre de 2026.
2.CONVOCARa doña Adolgina Pinedo González, identificada con DNI N° 45103572, para que asuma, provisionalmente, el cargo de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo, provincia de Lamas, departamento de San MartÃn,hasta el 4 de octubre de 2026, para lo cual se le otorgará la credencial que la faculte como tal.
3.CONVOCARa doña Lidia Shupingahua Sangama, identificada con DNI N° 71700643, para que asuma, provisionalmente, el cargo de regidora del Concejo Distrital de Pinto Recodo, provincia de Lamas, departamento de San MartÃn,hasta el 4 de octubre de 2026, para lo cual se le otorgará la credencial que la faculte como tal.
4.PRECISARque los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830-2025-JNE.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
GONZALES BARRÃN
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° JNE.2025006389
AMANTANÃ – PUNO – PUNO
VACANCIA
APELACIÃN
Lima, 21 de octubre de 2026
VISTO:en audiencia pública virtual del 16 de setiembre de 2026, debatido y votado en la sesión privada de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por doña Reyna Nefita Juli CalsÃn, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de AmantanÃ, provincia y departamento de Puno, en contra del Acuerdo de Concejo N° 12-2025-MDA/CM, del 16 de mayo de 2025, que declaró improcedente su recurso de reconsideración en contra del Acuerdo de Concejo N° 009-2025-MDA/CM, del 10 de marzo del mismo año, el cual declaró su vacancia en el cargo por la causal de nepotismo, contemplada en el numeral 8 del artÃculo 22 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM); y teniendo a la vista los Expedientes N° JNE.2024001048, N° JNE.2024001108 y N° JNE.2024003210.
OÃdo: el informe oral.
PRIMERO. ANTECEDENTES
Solicitud de vacancia
En el Expediente N° 2024001048
1.1.El 16 de abril de 2024, don Armando Yanarico Quispe solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que traslade su pedido de vacancia en contra de doña Reyna Nefita Juli CalsÃn, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de AmantanÃ, provincia y departamento de Puno (en adelante, señora recurrente), por la causal de nepotismo, prevista en el numeral 8 del artÃculo 22 de la LOM, argumentando lo siguiente:
a)Don Abrahan Quispe Juli (en adelante, don Abrahan Quispe) es primo de la señora recurrente -vÃnculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad-, pues aquel es hijo de doña Elsa Juli Mamani, hermana de don Nemesio Juli Mamani, padre de la recurrente.
b)La señora recurrente contrató a don Abrahan Quispe como personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Amantanà en febrero de 2024.
Al respecto, adjuntó, entre otros, los siguientes documentos:
– Acta de nacimiento de don Abrahan Quispe.
– Acta de nacimiento de la señora recurrente.
– Acta de nacimiento de don Nemesio Juli Mamani.
– Acta de nacimiento de doña âEloysaâ Juli Mamani.
– Certificado de inscripción expedido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) correspondiente a doña Elsa Juli Mamani.
– Cuaderno de registro de asistencia a la municipalidad, en el que figura don Abrahan Quispe.
– Comprobante de pago del 9 de marzo de 2024, a favor de don Abrahan Quispe.
– FotografÃas de las actividades que habrÃa realizado don Abrahan Quispe.
Con el Auto N° 1, del 17 de abril de 2024, se trasladó el pedido de vacancia al Concejo Distrital de AmantanÃ, a fin de que emita pronunciamiento en primera instancia.
En el Expediente N° JNE.2024001108
1.2.El 19 de abril de 2024, don Daniel Yanarico Cari solicitó al JNE que traslade su pedido de vacancia, entre otros, en contra de la señora recurrente, por las causales de nepotismo y de infracción a las restricciones de contratación, previstas en los numerales 8 y 9 del artÃculo 22 -este último concordante con el artÃculo 63- de la LOM, argumentando lo siguiente:
a)Con relación a la causal de nepotismo, la señora recurrente contrató a don Abrahan Quispe, su primo, como personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de AmantanÃ. Las labores se realizaron en enero, febrero y marzo de 2023, y en febrero y marzo de 2024.
b)Con relación a la causal de infracción a las restricciones de contratación, se acredita la existencia de un contrato entre don Abrahan Quispe y la citada municipalidad. Asimismo, existe un interés directo por parte de la señora recurrente debido al vÃnculo de parentesco con don Abrahan Quispe. Por último, la citada autoridad privilegió sus intereses particulares frente a los intereses de la municipalidad.
Al respecto, adjuntó, entre otros, los siguientes documentos:
a)Acta de nacimiento de don Abrahan Quispe.
b)Acta de nacimiento de la señora recurrente.
c)Acta de nacimiento de don Nemesio Juli Mamani.
d)Cuaderno de registro de asistencia a la municipalidad, en el que figura don Abrahan Quispe.
e)FotografÃas de las actividades que habrÃa realizado don Abrahan Quispe.
Asimismo, ofreció como medio probatorio los documentos que obran en la municipalidad con relación a la contratación de don Abrahan Quispe.
Con el Auto N° 1, del 23 de abril de 2024, se trasladó el pedido de vacancia al Concejo Distrital de AmantanÃ, a fin de que emita pronunciamiento en primera.
1.3.El 23 de mayo de 2024, la señora recurrente formuló la tacha de los siguientes documentos:
a)Certificado de inscripción expedido por el Reniec correspondiente a doña Elsa Juli Mamani.
b)FotografÃa que corresponderÃa a don Abrahan Quispe con el uniforme de serenazgo de la municipalidad.
c)Copias de los cuadernos de registro de asistencia de personal.
1.4.El 25 de junio de 2024, la señora recurrente presentó sus descargos:
Respecto de la causal de nepotismo
a)En las solicitudes de vacancia no se adjuntó el acta de nacimiento de doña Elsa Juli Mamani; por lo tanto, no se puede acreditar que esta sea hermana de don Nemesio Juli Mamani, padre de la suscrita. De ahà que no es posible identificar el tronco común, por lo que no se tiene certeza del parentesco entre don Abrahan Quispe y la señora recurrente.
b)En consecuencia, al no demostrarse la existencia del primer elemento de la causal de nepotismo, el pedido de vacancia debe desestimarse.
c)Sin perjuicio de ello, tampoco se demuestra la existencia del segundo elemento, pues en el documento que se adjuntó a la solicitud de vacancia -esto es, la copia de dos hojas cuyo tÃtulo es âTrabajadores de la municipalidadâ- solo se consignó como fecha â16 de febreroâ, mas no se indicó el año de su elaboración, tampoco se identificó como un documento oficial de la municipalidad.
d)Además, respecto de las fotografÃas de las actividades que habrÃa realizado don Abrahan Quispe, estas no pueden acreditar los hechos, pues no cuentan con fecha cierta y solo muestran a una persona con el atuendo similar al que usa el personal de serenazgo.
e)Por último, mediante el escrito del 4 de enero de 2024, solicitó al gerente general de la entidad edil la no contratación de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
En cuanto a la causal de infracción a las restricciones de contratación
a)No está probado el vÃnculo laboral entre la entidad edil y don Abrahan Quispe, pues solo se adjuntó una vista fotográfica y las copias de dos hojas con el tÃtulo âTrabajadores de la municipalidadâ.
b)De ahà que tampoco se encuentra acreditado el interés directo de la suscrita con don Abrahan Quispe.
c)Finalmente, al no acreditarse la existencia de un contrato cuyo objeto sea un bien o servicio municipal, no se puede demostrar un presunto conflicto de intereses por parte de la suscrita.
1.5.En la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N° 002-2024-CM/MDA, del 27 de junio de 2024, el Concejo Distrital de Amantanà acordó lo siguiente:
a)Declarar infundada la tacha formulada por la señora recurrente en contra de los documentos aportados en las solicitudes de vacancia.
b)Declarar la vacancia de la señora alcaldesa, por cuatro (4) votos a favor y dos (2) votos en contra. Esta decisión se formalizó en el Acuerdo de Concejo N° 026-2024-MDA/A, del 12 de julio de 2024.
Cabe precisar que a la referida sesión extraordinaria de concejo asistieron todos los miembros del concejo municipal (inclusive la autoridad cuestionada, quien emitió voto).
1.6.El 9 de agosto de 2024, la señora alcaldesa presentó recurso de reconsideración en contra del Acuerdo de Concejo N° 026-2024-MDA/A, con los siguientes argumentos:
a)En el acuerdo impugnado no consta la decisión del concejo municipal sobre la tacha que presentó contra documentos propuestos por los solicitantes de la vacancia.
b)El concejo municipal debió evaluar y determinar la existencia de los elementos que configuran las causales de nepotismo y de infracción a las restricciones de contratación.
c)En primer lugar, no obran las actas de nacimiento que acrediten el entroncamiento familiar entre la suscrita y don Abrahan Quispe.
d)En segundo lugar, no obra un documento oficial que acredite el vÃnculo contractual entre don Abrahan Quispe y la municipalidad. En ese sentido, se debió requerir los documentos pertinentes a la entidad edil para determinar la existencia del contrato.
e)En tercer lugar, el concejo no se ha pronunciado sobre cuáles habrÃan sido las acciones que evidenciarÃan la injerencia directa de la suscrita respecto de la referida contratación, o cómo habrÃa omitido el cumplimiento de acatar las leyes. Además, no se ha valorado el escrito del 4 de enero de 2024, presentado al gerente municipal para que no se contrate a los familiares de la suscrita.
f)Por otro lado, respecto de la causal de infracción a las restricciones de contratación, no se ha demostrado la existencia de un contrato cuyo objeto sea un bien municipal, pues solo obra la copia simple de dos hojas cuyo tÃtulo es âTrabajadores de la municipalidadâ.
g)Por ende, no se demuestra algún interés directo entre la suscrita y don Abrahan Quispe y mucho menos un conflicto de interés respecto del interés de la comuna.
h)Finalmente, en la sesión extraordinaria de concejo, los señores regidores no tomaron la decisión de aprobar o desaprobar la vacancia solicitada, sino que solo se pronunciaron en el sentido de âratificarâ sus votos emitidos en una anterior sesión extraordinaria de concejo que se realizó el 6 de junio de 2024, en la que trataron el pedido de vacancia, pese a que la suscrita no se encontraba presente.
i)Adjunta como nueva prueba la declaración jurada del 2 de julio de 2024, suscrita por don Eleuterio Quispe Cari, quien indica que su hijo don Abrahan Quispe adolece de grave enfermedad mental, lo que pone en evidencia que dicha persona no serÃa capaz para desarrollarse como servidor público.
PRIMERA DECISIÃN DEL CONCEJO MUNICIPAL
1.7.En la sesión extraordinaria de concejo del 20 de setiembre de 2024, el Concejo Distrital de Amantanà declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la señora recurrente, por cuatro (4) votos en contra y una (1) abstención. Dicha decisión se formalizó con el Acuerdo de Concejo N° 037-2024-MDA/CM, del 23 del mismo mes y año.
Cabe precisar que a la referida sesión extraordinaria de concejo asistieron todos los miembros del concejo municipal (inclusive la autoridad cuestionada, quien no emitió voto).
En el Expediente N° JNE.2024003210
PRIMER RECURSO DE APELACIÃN
1.8.El 23 de octubre de 2024, la señora recurrente presentó recurso de apelación en contra del Acuerdo de Concejo N° 037-2024-MDA/CM con similares argumentos a su recurso de reconsideración y agregando lo siguiente:
a)El acuerdo impugnado adolece de falta de motivación, pues no contiene los fundamentos ni razones por las que se declaró infundado el recurso de reconsideración.
b)No se han valorado los argumentos expuestos por la suscrita ni tampoco la prueba nueva aportada al procedimiento.
PRIMERA DECISIÃN DEL JNE
1.9.A través de la Resolución N° 0044-2025-JNE, del 28 de enero de 2025, el Pleno del JNE resolvió lo siguiente:
1.DeclararNULOSlos Acuerdos de Concejo N° 026-2024-MDA/A y N° 037-2024-MDA/CM, del 12 de julio y 23 de setiembre de 2024, respectivamente, emitidos en el procedimiento de vacancia seguido en contra de doña Reyna Nefita Juli CalsÃn, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Amantani, provincia y departamento de Puno, por las causales de nepotismo y de infracción a las restricciones de contratación, previstas en los numerales 8 y 9 del artÃculo 22, este último concordante con el artÃculo 63, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
2.DEVOLVERlos actuados al Concejo Distrital de Amantani, provincia y departamento de Puno, a fin de que convoque nuevamente a sesión extraordinaria y se pronuncie sobre el pedido de vacancia, dentro del plazo de quince (15) dÃas hábiles, de acuerdo con el fundamento expuesto en el considerando 2.32. del presente pronunciamiento; bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de remitir copias de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal correspondiente, con el objeto de que se ponga en conocimiento del fiscal provincial penal de turno para que valúe la conducta de los integrantes de dicho concejo, conforme a sus competencias.
[â¦]
En el presente Expediente JNE N° 2025006389
SEGUNDA DECISIÃN DEL CONCEJO MUNICIPAL
1.10.Por medio de la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal N° 3-2025-MDA/CM, del 5 de marzo de 2025, el Concejo Distrital de Amantani resolviódeclarar la vacanciade la señora recurrente teniendo cuatro (4) votos en contra y una (1) abstención. Dicha decisión se formalizó con elAcuerdo de Concejo N° 009-2025-MDA/CM, del del mismo mes y año.
Cabe precisar que a la referida sesión extraordinaria de concejo asistieron todos los miembros del concejo municipal (inclusive la autoridad cuestionada, quien no emitió voto).
RECURSO DE RECONSIDERACIÃN
1.11.El 26 de marzo de 2025, la señora recurrente formuló recuso de reconsideración en contra de la decisión que declaró su vacancia en el cargo de alcaldesa, para lo cual manifestó lo siguiente:
a)Los señores regidores no han solicitado la documentación indicada a través de la resolución que declaró la nulidad de lo actuado, a fin de que se puedan aclarar los hechos, contraponiendo lo ordenado por el ente superior, ello con la finalidad de analizar cada uno de los medios probatorios incorporados.
b)Le correspondÃa al concejo municipal, además, evaluar la comunicación remitida en los primeros dÃas del mes de enero de 2023, cuando la hoy señora recurrente, quien entonces se desempeñaba como regidora, emitió documentación a fin de evitar la contratación de cualquier familiar suyo.
c)Por otro lado, otro hecho que determinarÃa la nulidad del acta de sesión que dio origen al Acuerdo de Concejo N° 009-2025-MDA/CM, es la participación activa de terceras personas, quienes han tenido participación ilegal y activa durante toda la sesión, dirigiendo, exigiendo, insultando y faltando el respeto al personal trabajador de la Municipalidad Distrital de AmantanÃ.
d)No se ha tomado en cuenta la prueba nueva que acredita la comunicación al alcalde de ese entonces a fin de evitar la contratación de sus familiares.
Sesión Extraordinaria del 16 de mayo de 2025
1.12.En la referida fecha, el Concejo Distrital de Amantanà resolvió declarar improcedente el recurso de reconsideración formulado por la señora recurrente.
Cabe señalar que a dicha sesión no asistieron la señora recurrente ni la regidora Ãngela Quispe CalsÃn. La decisión fue adoptada por cuatro (4) votos en contra del recurso de reconsideración; asimismo, se formalizó a través delAcuerdo de Concejo N° 12-2025-MDA/CM, del 16 de mayo de 2025.
Sesión Extraordinaria del 27 de mayo de 2025
1.13.En la referida fecha, el Concejo Distrital de Amantanà resolvió declarar fundado el recurso de reconsideración formulado por la señora recurrente contra elAcuerdo de Concejo N° 009-2025-MDA/CM, del 10 de marzo de 2025.
Cabe indicar que a dicha sesión, según se aprecia del acta respectiva, asistieron todos los integrantes del concejo municipal; sin embargo, conforme consta en ella, los regidores Ceferino Mamani Quispe y Eusebio CalsÃn Yanarico se retiraron antes de la votación. Al final, se obtuvieron tres (3) votos a favor del recurso de reconsideración. La señora recurrente se abstuvo de emitir su voto; asimismo, tal decisión se formalizó a través delAcuerdo de Concejo N° 27-2025-MDA/CM, del 27 de mayo de 2025.
SEGUNDO. SÃNTESIS DE AGRAVIOS
SEGUNDO RECURSO DE APELACIÃN
2.1.El 10 de junio de 2025, la señora recurrente formuló recurso de apelación en contra delAcuerdo de Concejo N° 12-2025-MDA/CM, para lo cual expuso similares argumentos que en su recurso de reconsideración y agregó lo siguiente:
a)A través del Auto N° 1, del 8 de abril de 2025, el JNE resolvió devolver los autos al Concejo Distrital de Amantanà y requirió a la señora recurrente que convoque a sesión extraordinaria para resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra del Acuerdo de Concejo N° 009-2025-MDA/CM.
b)La recurrente, en su condición de alcaldesa, tenÃa plazo para convocar a sesión extraordinaria de concejo municipal desde el 14 de mayo de 2025. Dicho extremo sà se ha cumplido, pues el 20 de mayo se convocó a sesión extraordinaria de concejo municipal para el 27 de mayo de 2025.
c)No obstante, el primer regidor, don Ceferino Mamani Quispe, convocó a la recurrente a sesión extraordinaria de concejo municipal para el viernes 16 de mayo de 2025.
d)Posteriormente, el 20 de mayo de 2025, don Ceferino Mamani Quispe notificó a la recurrente con el acta de sesión extraordinaria de concejo municipal del 16 de mayo de 2025 y el Acuerdo de Concejo N° 12-2025-MDA/CM, de la misma fecha.
e)Del acuerdo de concejo mencionado, se advierte que este solo ha sido suscrito por tres regidores municipales, uno menos que los que suscribieron el acta de la sesión extraordinaria de concejo municipal, pues esta última ha sido suscrita por cuatro regidores, lo cual evidencia una simulación y un evidente vicio de nulidad del acto administrativo.
f)La referida acta de sesión no lleva sello ni firma del secretario general de la municipalidad, quien, se supone, tiene como función, entre otras, brindar apoyo administrativo y técnico al concejo en el cumplimiento de sus decisiones, lo cual incluye la gestión documental, la coordinación de sesiones y la elaboración de actas. En ese sentido, el acta en mención, al no contar con sello y firma del secretario general de la Municipalidad, evidencia un nuevo vicio de nulidad del acto administrativo.
2.2.El 20 de febrero de 2026, don Daniel Yanarico Cari presentó un escrito en el que indicó expresamente que el acta de la sesión extraordinaria convocada por la señora recurrente para llevar a cabo el debate de su recurso de reconsideración habrÃa sido falsificada.
2.3.El 1 de setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Amantanà informó, entre otras cosas, que faltaban comprobantes de pago del periodo fiscal del año 2023.
2.4.Mediante el Oficio N° 007678-2026-SG/JNE, del 16 de setiembre de 2026, este Supremo Ãrgano Electoral requirió a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que remita lo siguiente:
– Reporte de la Planilla Electrónica (PLAME), en el que se consigne el detalle de los tributos y aportes declarados por el señor Abrahan Quispe Juli respecto de los ingresos que obtuvo por parte de la Municipalidad Distrital de AmantanÃ, correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025.
– Reporte del PDT Planilla Electrónica – PLAME, que detalle los comprobantes de pago y las retenciones correspondientes arentas de cuarta categorÃa (recibos por honorarios)del señor Abrahan Quispe Juli, emitidos o declarados respecto de la Municipalidad Distrital de AmantanÃ, correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.
– Constancia de alta o reporte del T-Registro, en el que se detalle el régimen o los regÃmenes bajo los cuales se encontró registrado el señor Abrahan Quispe Juli durante el perÃodo señalado.
– Constancia de modificación o actualización de datos del trabajador – Formulario 1604-2, del señor Abrahan Quispe Juli, a partir del año 2023.
2.5.Finalmente, a través del Oficio N° 002571-2026-SUNAT/7S0300, presentado el 20 de octubre de 2026, la Sunat comunicó que, respecto de la información solicitada, no existÃa registro alguno.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución PolÃtica del Perú
1.1.El artÃculo 181 establece que el Pleno del JNE, con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a la ley y a los principios generales del derecho.
1.2.El numeral 4 del artÃculo 178 determina, como atribución del JNE, la administración de justicia en materia electoral.
En la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones
1.3.El literal j del artÃculo 5 precisa, como una de las funciones del JNE, la expedición de las credenciales a los candidatos elegidos en los respectivos procesos electorales, del referéndum y otras consultas populares.
1.4.El artÃculo 23 indica que las resoluciones emitidas por el Pleno del JNE, en materia electoral, son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables; asimismo, que contra ellas no procede recurso ni acción de garantÃa alguna.
En la LOM
1.5.El artÃculo 13 refiere:
ArtÃculo 13.- Sesiones del Concejo Municipal
[â¦]
En el caso de no ser convocada por el alcalde dentro de los 5 (cinco) dÃas hábiles siguientes a la petición, puede hacerlo el primer regidor o cualquier otro regidor,previa notificación escrita al alcalde[resaltado agregado].[â¦]
1.6.El numeral 8 del artÃculo 22 señala la siguiente causal de vacancia:
ArtÃculo 22.- Vacancia del cargo de alcalde o regidor
El cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el concejo municipal, en los siguientes casos:
[â¦]
8. Nepotismo, conforme a ley de la materia;
1.7.El artÃculo 23 decreta:
ArtÃculo 23.- Procedimiento de declaración de vacancia del cargo de alcalde o regidor
La vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada por el correspondiente concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa.
[â¦]
El acuerdo que resuelve el recurso de reconsideración es susceptible de apelación. El recurso de apelación se interpone, a solicitud de parte, ante el concejo municipal que resolvió el recurso de reconsideración dentro de los 15 (quince) dÃas hábiles siguientes, el cual elevará los actuados en el término de 3 (tres) dÃas hábiles al Jurado Nacional de Elecciones, que resolverá en un plazo máximo de 30 (treinta) dÃas hábiles, bajo responsabilidad.
[â¦]
En el Texto Ãnico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General1
1.8.El subnumeral 1.2. del numeral 1 del artÃculo IV del TÃtulo Preliminar regula:
ArtÃculo IV. Principios del procedimiento administrativo
1.El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
[â¦]
1.2.Principio del debido procedimiento.-Los administrados gozan de los derechos y garantÃas implÃcitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantÃas comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.
[â¦]
1.9.El numeral 1 del artÃculo 10 dispone:
ArtÃculo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1.La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
1.10.El numeral 16.1. del artÃculo 16 menciona:
ArtÃculo 16.- Eficacia del acto administrativo
16.1.El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capÃtulo.
1.11.El numeral 18.1. del artÃculo 18 prescribe:
ArtÃculo 18.- Obligación de notificar
18.1La notificación del acto es practicada de oficio y su debido diligenciamiento es competencia de la entidad que lo dictó. La notificación debe realizarse en dÃa y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la actividad.
1.12.El artÃculo 20 estipula:
ArtÃculo 20.- Modalidades de notificación
20.1.Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación:
20.1.1.Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.
[â¦]
1.13.El artÃculo 76 señala:
ArtÃculo 76.- Colaboración entre entidades
[â¦]
76.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben:
[â¦]
76.2.2 Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurÃdica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información, u otros medios similares.
76.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias funciones.
76.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario.
[â¦]
En la jurisprudencia emitida por el JNE
1.14.En la la Resolución N° 1142-2026-JNE se señaló:
2.14.Ahora bien, este Supremo Tribunal Electoral, respetuosamente, no comparte el criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 103/2025, recaÃda en el Expediente N° 03052-2022-PA/TC (ver SN 1.12.), según el cual la decisión que desestima un recurso de reconsideración interpuesto contra un acuerdo de vacancia también debe alcanzar los dos tercios del número legal de miembros del concejo municipal. A criterio de este órgano electoral, dicha interpretación genera un problema práctico, pues si la vacancia ya fue aprobada válidamente con dos tercios, no resulta claro por qué su confirmación deberÃa depender de una segunda votación con la misma mayorÃa calificada.
2.15.El presente caso evidencia dicha dificultad. En la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2025, el Concejo Distrital de Santiago declaró la vacancia del señor regidor con ocho (8) votos aprobatorios, esto es, con los dos tercios del número legal de miembros del concejo municipal, conforme al artÃculo 23 de la LOM. Posteriormente, al resolver el recurso de reconsideración, la decisión de rechazarlo y mantener la vacancia obtuvo seis (6) votos.
2.16.Bajo el criterio del Tribunal Constitucional, esos seis (6) votos no bastarÃan para ratificar la vacancia. Sin embargo, la falta de ocho (8) votos para rechazar la reconsideración no significa que el recurso haya sido aprobado ni que la vacancia quede sin efecto.
2.17.Para revocar la vacancia, el concejo debÃa adoptar una decisión expresa en ese sentido. Si ello no ocurrió, corresponde mantener el acuerdo inicial de vacancia, siempre que este haya sido válidamente aprobado. Sostener lo contrario implicarÃa que una vacancia declarada con la mayorÃa calificada exigida por ley quede sin eficacia no porque el concejo haya decidido revocarla, sino porque no alcanzó nuevamente los dos tercios para confirmarla.
2.18.En esa lÃnea, cuando la vacancia ya fue declarada con los dos tercios exigidos por la LOM, la reconsideración no debe ser entendida como una segunda votación constitutiva de la vacancia, sino como un mecanismo para revisar si corresponde revocar o dejar sin efecto la decisión previamente adoptada. Por tanto, si la reconsideración no logra modificar el acuerdo inicial por mayorÃa simple, debe ser declarada infundada y la vacancia debe mantenerse.
2.19.Distinto es el supuesto en el que el concejo municipal rechaza inicialmente la solicitud de vacancia y, vÃa reconsideración, pretende declarar la vacancia de la autoridad cuestionada. En ese caso, sà corresponde exigir los dos tercios del número legal de miembros del concejo, porque recién en reconsideración se estarÃa adoptando la decisión de separar del cargo a una autoridad elegida por voto popular. Si dicha mayorÃa no se alcanza, se mantiene la decisión inicial que rechazó la vacancia.
2.20.Por ello, este Supremo Tribunal Electoral considera que la exigencia de los dos tercios debe aplicarse a la decisión que declara la vacancia, mas no a la decisión que desestima una reconsideración contra una vacancia ya aprobada con dicha mayorÃa calificada. Esta interpretación evita que el procedimiento quede indefinidamente suspendido y preserva la eficacia de una decisión inicial válidamente adoptada al amparo de la LOM.
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales2(en adelante, Reglamento)
1.15.El artÃculo 14 contempla lo siguiente:
ArtÃculo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del dÃa hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vÃnculos que se indican a continuación:
SEGUNDO. ANÃLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1.Antes del examen de la materia de controversia, de la calificación del recurso se advierte que este cumple con las exigencias previstas por el legislador en los artÃculos 358 y 366 del Texto Ãnico Ordenado del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en esta instancia.
2.2.Asimismo, respecto del plazo para apelar, se aprecia que el acuerdo de concejo impugnado fue notificado a la señora recurrente el 20 de mayo de 2025; y que contra este se interpuso recurso de apelación el 10 de junio del mismo año, esto es, en el último dÃa del plazo de ley.
En cuanto a la Sesión Extraordinaria del 16 de mayo de 2025
2.3.A fin de contextualizar el presente caso, corresponde señalar que, mediante el Auto N° 1, del 8 de abril de 2025, emitido en el Expediente N° JNE.2024003210, se resolvió lo siguiente:
1.EXHORTARa doña Reyna Nefita Juli Calsin, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Amantani, provincia y departamento de Puno, para que, en lo sucesivo, observe el principio de buena fe procedimental.
2.DEVOLVERlos actuados al Concejo Distrital de Amantani, provincia y departamento de Puno, a fin de que se resuelva el recurso de reconsideración presentado por doña Reyna Nefita Juli Calsin en contra del Acuerdo de Concejo N° 009-2025-MDA/CM, del 10 de marzo de 2025, que declaró su vacancia en el cargo de alcaldesa.
3.REQUERIRa doña Reyna Nefita Juli Calsin, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Amantani, provincia y departamento de Puno, y a los regidores del citado concejo municipal que cumplan con convocar a la sesión extraordinaria de concejo para resolver el recurso de reconsideración presentado en contra del Acuerdo de Concejo N° 009-2025-MDA/CM, del 10 de marzo de 2025, conforme se indica en los considerandos 2.5. y 2.6. del presente auto; bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de remitir copias de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal correspondiente, con el objeto de que se ponga en conocimiento del fiscal provincial penal de turno para que evalúe la conducta de los integrantes de dicho concejo, conforme a sus competencias.
2.4.Al respecto, conforme obra en el cargo de notificación, el expediente fue devuelto el13 de mayo de 2025.Cabe precisar que en el auto referido se señaló lo siguiente:
2.6.Asimismo, se requiere a la señora alcaldesa que, en su condición de máxima autoridad administrativa de la entidad edil (ver SN 1.1.), convoque a sesión extraordinaria de concejo para resolver el recurso de reconsideración, dentro del plazo máximo de tres (3) dÃas hábiles, luego de notificado el presente auto, para lo cual deberá respetarse el plazo de cinco (5) dÃas hábiles que debe mediar obligatoriamente entre la notificación de la convocatoria y la mencionada sesión.
2.7. En caso de que la señora alcaldesa no lo haga dentro del plazo establecido, previa notificación escrita a esta, puede hacerlo el primer o cualquier otro regidor, de conformidad con el artÃculo 13 de la LOM (ver SN 1.2.)[resaltado agregado].
2.5.Sin embargo, el primer regidor hábil convocó a sesión extraordinariasin previa notificación a la señora recurrente(ver SN 1.5.),por lo cual no se habrÃa observado lo ordenado y normado en la LOM. Asimismo, dicha invitación fue dirigida a la municipalidad, cuando, al tratarse de un procedimiento administrativo, debió notificársele a su domicilio conforme a ley (ver SN 1.12). De igual modo, no se aprecia la asistencia del secretario general, quien, para estos casos, es el encargado de conducir las sesiones de concejo.
Sesión Extraordinaria del 27 de mayo de 2025
2.6.Por otro lado, se ha llevado a cabo otra sesión extraordinaria, convocada por la señora recurrente, cumpliendo con el plazo estipulado en la LOM y conforme a lo ordenado por este Supremo Ãrgano Electoral.
2.7.Si bien es cierto que el acta de la sesión extraordinaria y el acuerdo de concejo no son materia de apelación, también lo es que resulta necesario analizar la decisión adoptada el 27 de mayo de 2025. De lo contrario, corresponderÃa dejar como cosa decidida el acuerdo adoptado, lo cual implicarÃa amparar el recurso de reconsideración de la señora recurrente y, por ende, dejar sin efecto la decisión de vacarla, formalizada mediante el Acuerdo de Concejo N° 009-2025-MDA/CM, del 10 de marzo de 2025. En ese sentido, se procederá al análisis de dicha decisión.
2.8.Para ello, de la lectura del Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal del Distrito de Amantani N° 007-2025, se aprecia que a la sesión asistieron todos los integrantes del concejo municipal, incluida la señora recurrente, en su calidad de alcaldesa y autoridad cuestionada. Sin embargo, el acta consigna que, al momento de realizarse la votación, los regidores Ceferino Mamani Quispe y Eusebio CalsÃn Yanarico se retiraron, tras lo cual se registraron tres (3) votos a favor del recurso de reconsideración.
2.9.Conforme a la posición adoptada por este Supremo Ãrgano Electoral, en el caso de que en una primera sesión se logre amparar el pedido de vacancia, para resolver el recurso de reconsideración no serán necesarios los 2/3 que la LOM contempla, sino la mayorÃa simple (ver SN 1.14.).
2.10.La conformación del presente concejo es de seis (6) integrantes, contándose a la señora recurrente en calidad de alcaldesa; por lo que la mayorÃa simple para declarar fundado el recurso de reconsideracióndebió de ser de cuatro (4) votos,lo cual no ha sucedido, por lo que elAcuerdo de Concejo N° 27-20225-MDA/CM, del 27 de mayo de 2025, también reviste un vicio de nulidad insubsanable. En ese sentido, dicho acuerdo no resulta válido, al no haber alcanzado los votos necesarios para amparar el recurso de reconsideración formulado.
2.11.No obstante, considerando que, a la fecha, nos encontramos a puertas del cambio de gestión municipal, que el presente proceso data del año 2024 -cuando se presentaron las solicitudes de vacancia en contra de la señora alcaldesa- y los constantes imprevistos suscitados a nivel municipal, este Pleno del JNE considera necesario emitir un pronunciamiento de fondo, con los medios probatorios que obren en autos.
Sobre la cuestión de fondo
2.12.En el presente caso, se le atribuye a la señora alcaldesa haber ejercido injerencia para que se contrate a don Abrahan Quispe, su primo, como personal de serenazgo de la entidad edil, en enero, febrero y marzo de 2023, asà como en febrero y marzo de 2024.
2.13.En cuanto al primer elemento -esto es, la existencia de la relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad entre la señora alcaldesa y don Abrahan Quispe-, los solicitantes de la vacancia alegan que dicho vÃnculo estarÃa fundamentado en que hay una relación de primos hermanos.
2.14.Ahora, en una primera oportunidad, este Pleno del JNE ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el primer elemento, exactamente en la Resolución N° 0044-2025-JNE, del 28 de enero de 20253, en la cual se determinó la existencia de un vÃnculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, por lo que dicho ello corresponde pasar al segundo elemento.
2.15.En cuanto al segundo elemento, este órgano colegiado ha considerado, en reiterada jurisprudencia, que el vÃnculo contractual proviene de un contrato laboral o civil. AsÃ, para determinar su existencia, no es necesario que el acuerdo de voluntades conste en un documento, ya que el contrato puede celebrarse en forma escrita o verbal y el vÃnculo puede acreditarse con otros medios de prueba, tales como planillas de pago, recibos, órdenes de servicio, memorandos y otros, en aplicación del principio de primacÃa de la realidad (Resoluciones N° 0823-2011-JNE, N° 0801-2012-JNE, N° 1146-2012-JNE y N° 1148-2012-JNE).
2.16.Previamente, como hemos indicado, el presente proceso ya ha sido objeto de pronunciamiento de este Pleno, el cual declaró nulo lo actuado, al no poder corroborarse el segundo elemento con los elementos probatorios que existÃan; sin embargo, en la presente causa, es de advertir que tampoco se han obtenido medios probatorios que puedan indicar la existencia de una relación laboral o civil.
2.17.Para ello, se han tenido en cuenta las documentales alcanzadas y actuadas en instancia municipal. No obstante, pese a las reiteradas solicitudes, la parte solicitante presentó recién el dÃa de la audiencia el Comprobante de Pago N° 015, del 8 de febrero de 2023, por el monto de S/ 1000.00, correspondiente al servicio de serenazgo y emitido a favor de don Abrahan Quispe. Al respecto, se advierte que dicho comprobante, hasta antes de la audiencia, no obraba en autos como medio probatorio y que no cuenta con ninguna firma o sello de alguna oficina de la entidad edil.
2.18.Agregado a ello, se ha realizado una búsqueda a través de la Consulta Amigable del Ministerio de EconomÃa y Finanzas4(MEF), de la cual no se ha logrado ubicar información alguna de prestación de servicios en los años 2023 a 2024, conforme se desglosa el presente detalle:
2.19.En ese sentido, conforme se aprecia, únicamente se tiene información de que don Abrahan Quispe habrÃa ofrecido servicios a la Municipalidad Distrital de AmantanÃ, en el año 2018, fecha para la cual su prima no era alcaldesa o autoridad del concejo municipal.
2.20.Asimismo, se ha realizado la búsqueda correspondiente por año y mes en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace)5, no obteniendo información alguna de contratación respecto de don Abrahan Quispe.
2.21.En cuanto a lo anteriormente mencionado, corresponde precisar que no existe medio probatorio idóneo que permita corroborar las documentales presentadas por los solicitantes de la vacancia. Asimismo, respecto del documento presentado denominado âPlanilla de Pagos de Propinas del Personal de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, Focalizador ULE y Asistente PVLâ, si bien se aprecia a don Abrahan Quispe con el cargo de âcomisario municipalâ y el monto de S/ 1000.00, no se advierte constancia de recepción alguna; más aún, en dicho listado no obra recepción alguna de ese monto.
2.22.Adicionalmente, en atención a la colaboración entre entidades (ver SN 1.13.), este Supremo Ãrgano Electoral solicitó información a la Sunat mediante el Oficio N° 007678-2026-SG/JNE, del 16 de setiembre de 2026, reiterado con el Oficio N° 008003-2026-SG/JNE, del 1 de octubre del mismo año. En respuesta, el 19 de octubre de 2026, la Sunat informó que don Abrahan Quispe no registra emisión de recibos por honorarios electrónicos correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, ni registra información en el registro de trabajadores (entendiéndose que se trata sobre algún régimen laboral).
2.23.Con base en dicha información obtenida, se puede llegar a la conclusión de que no existe medio probatorio que pueda corroborar la existencia de un contrato civil o laboral respecto de la supuesta contratación de don Abrahan Quispe en la Municipalidad Distrital de AmantanÃ, donde su prima es la máxima autoridad.
2.24.Asimismo, advirtiéndose que no se aprecia desarrollo alguno respecto a la otra causal invocada que es respecto a las restricciones de contratación; sin embargo, para la causal antes mencionada, el primer elemento es la existencia de un contrato en el sentido amplio del término, por lo que no existiendo probanza del mismo, carece de objeto desarrollo alguno sobre dicha causal.
2.25.Por consiguiente, al no haberse acreditado el segundo elemento de la causal, corresponde amparar el recurso de apelación, con base en los argumentos expuestos, y revocar la decisión adoptada.
Cuestión final
2.26.Si bien este Supremo Tribunal Electoral ha determinado que no existe medio probatorio para corroborar el segundo elemento de la causal de nepotismo invocada, ello no implica que avale las presuntas irregularidades, faltas administrativas o hasta de Ãndole penal esgrimidas por el señor solicitante, quien manifiesta que el acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo por la señora recurrente habrÃa sido falsificada.
2.27.En ese sentido, de los hechos analizados en el presente pronunciamiento y conforme a los escritos presentados, se arriba a la conclusión de que, presuntamente, se podrÃa haber configurado un ilÃcito penal. En consecuencia, corresponde remitir copias de los actuados al representante del Ministerio Público, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.
2.28.Del mismo modo, en el escrito presentado el 1 de setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Amantanà indica que faltan comprobantes de pago correspondientes al periodo fiscal de 2023. En atención a dicha irregularidad, corresponde remitir copia de los actuados a la ContralorÃa General de la República, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.
2.29.La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.15.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
1.DeclararFUNDADOel recurso de apelación interpuesto por doña Reyna Nefita Juli CalsÃn, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de AmantanÃ, provincia y departamento de Puno; y, en consecuencia,REVOCARel Acuerdo de Concejo N° 12-2025-MDA/CM, del 16 de mayo de 2025, que declaró improcedente su recurso de reconsideración en contra del Acuerdo de Concejo N° 009-2025-MDA/CM, del 10 de marzo del mismo año, el cual declaró fundada la solicitud de vacancia en su contra y,REFORMÃNDOLO,declararINFUNDADAla solicitud de vacancia presentada en su contra por la causal de nepotismo, prevista en el numeral 8 del artÃculo 22 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
2.REMITIRcopias de los actuados pertinentes a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal correspondiente, para que las remita al fiscal provincial penal respectivo, de conformidad con lo dispuesto en los considerandos 2.26 y 2.27.
3.REMITIRcopias de los actuados pertinentes a la ContralorÃa General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el considerando 2.28.
4.PRECISARque los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado mediante la Resolución N° 0830-2025-JNE.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese a través de la SecretarÃa General. Interviene como ponente el señor magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
GONZALES BARRÃN
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELI
Clavijo Chipoco
SecretarÃa General
Expediente N° JNE.2026345508
MOLINOS – JAUJA – JUNÃN
VACANCIA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO PROCLAMADO
Lima, 27 de octubre de 2026
VISTO: el Oficio N° 190-2026-A/MDM, del 15 de octubre de 2026, por el que don Rider Jaime Palacios Peña, alcalde de la Municipalidad Distrital de Molinos, provincia de Jauja, departamento de JunÃn, remitió documentación relacionada con la declaratoria de vacancia de doña Marcelina Lisset Casimiro Huamán, regidora de la citada comuna (en adelante, señora regidora), por la causal de inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas durante tres (3) meses, prevista en el numeral 7 del artÃculo 22 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).
ANTECEDENTE
1.1.Por el oficio citado en el visto, recibido el 20 de octubre de 2026, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Molinos solicitó la convocatoria de candidato no proclamado, a raÃz de la vacancia de la señora regidora. Para tal efecto, entre otros documentos, adjuntó los siguientes:
a)Carta N° 018-2026-MDM/SG, por la que se convoca a la sesión extraordinaria, notificada el 15 de julio de 2026.
b)Acta N° 003-2026-MDM/CM 000246, correspondiente a la sesión extraordinaria del 15 de junio de 2026.
c)Acuerdo de Concejo Municipal N° 023-2026-MDM/CM, del 16 de junio de 2026.
d)Carta N° 016-2026-MDM/SG, por la que se notificó el Acuerdo de Concejo Municipal N° 023-2026-MDM/CM, recibida por la regidora.
e)Acuerdo de Concejo Municipal N° 029-2026-MDM/CM, por el que se declaró consentido el Acuerdo de Concejo Municipal N° 023-2026-MDM/CM.
f)Constancia de pago de tasas por convocatoria de candidato no proclamado.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución PolÃtica del Perú
1.1.Los numerales 4 y 5 del artÃculo 178 establecen como atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las siguientes:
4.Administrar justicia en materia electoral.
5.Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta populary expedir las credenciales correspondientes[resaltado agregado].
En la LOM
1.2.El artÃculo 23 precisa:
ArtÃculo 23.- Procedimiento de declaración de vacancia del cargo de alcalde o regidor
La vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada por el correspondiente concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa.
El acuerdo de concejo que declara o rechaza la vacancia es susceptible de recurso de reconsideración, a solicitud de parte, dentro del plazo de 15 (quince) dÃas hábiles perentorios ante el respectivo concejo municipal.
El acuerdo que resuelve el recurso de reconsideración es susceptible de apelación. El recurso de apelación se interpone, a solicitud de parte, ante el concejo municipal que resolvió el recurso de reconsideración dentro de los 15 (quince) dÃas hábiles siguientes, el cual elevará los actuados en el término de 3 (tres) dÃas hábiles al Jurado Nacional de Elecciones, que resolverá en un plazo máximo de 30 (treinta) dÃas hábiles, bajo responsabilidad.
La resolución del Jurado Nacional de Elecciones es definitiva y no revisable en otra vÃa. [â¦]
1.3.El artÃculo 24, respecto a los reemplazos de autoridades, dispone que:
ArtÃculo 24.- Reemplazo en caso de vacancia o ausencia
En caso de vacancia o ausencia del alcalde lo reemplaza el Teniente Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.
En caso de vacancia del regidor, lo reemplaza:
1.Al Teniente Alcalde, el regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.
2.A los regidores, los suplentes, respetando la precedencia establecida en su propia lista electoral.
En la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones
1.4.Los literales j y u del artÃculo 5 definen como funciones de este organismo electoral lo siguiente:
j.Expedir las credenciales a los candidatos elegidos en los respectivos procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares;
[â¦]
u.Declarar la vacancia de los cargos y proclamar a los candidatos que por ley deben asumirlos;
[â¦]
En el Texto Ãnico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General1(en adelante, TUO de la LPAG)
1.5.El artÃculo 21 regula:
ArtÃculo 21.- Régimen de la notificación personal
21.1La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.
21.2En caso que [sic] el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del artÃculo 23, se deberá proceder a la notificación mediante publicación.
21.3En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar asà en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las caracterÃsticas del lugar donde se ha notificado.
21.4La notificación personal, [sic] se entenderá con la persona que deba ser notificada o con su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.
21.5En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente.
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales del JNE22(en adelante, Reglamento)
1.6.El artÃculo 14 indica:
ArtÃculo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del dÃa hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vÃnculos que se indican a continuación:
SEGUNDO. ANÃLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1.En los procesos de convocatoria de candidato no proclamado (también denominados de acreditación), antes de expedir las credenciales a las nuevas autoridades (ver SN 1.1.), este órgano electoral debe verificar la legalidad del procedimiento de vacancia, conforme a lo prescrito en el artÃculo 23 de la LOM (ver SN 1.2.), y constatar si se observaron los derechos y las garantÃas inherentes a dicho procedimiento.
2.2.Por consiguiente, una vez verificada la regularidad del procedimiento de vacancia, conforme a lo previsto en la LOM y a las formalidades previstas en el TUO de la LPAG, y al haber quedado firme el Acuerdo de Concejo Municipal N° 029-2026-MDM/CM, del 30 de julio de 2026, que declaró consentida la decisión adoptada por el concejo municipal, corresponde a este Supremo Tribunal Electoral dejar sin efecto la credencial otorgada y convocar al candidato no proclamado, conforme al artÃculo 24 de la LOM (ver SN 1.3.).
2.3.En ese sentido, se debe convocar a don Flaviano Floro Inga Inga, identificado con DNI N° 20642504, candidato no proclamado de la organización polÃtica JunÃn Sostenible con su Gente, para que asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital de Molinos, provincia de Jauja, departamento de JunÃn, a fin de completar el número de integrantes del concejo durante el periodo de gobierno municipal 2023-2026.
2.4.Dicha convocatoria se efectúa de acuerdo con el Acta de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales Electas, del distrito de Molinos, provincia de Jauja, departamento de JunÃn, del 28 de octubre de 2022, emitida por el Jurado Electoral Especial de Jauja, con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
2.5.La notificación del presente pronunciamiento debe diligenciarse según lo dispuesto en el artÃculo 14 del Reglamento (ver SN 1.6.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
1.DEJAR SIN EFECTOla credencial otorgada a doña Marcelina Lisset Casimiro Huamán como regidora del Concejo Distrital de Molinos, provincia de Jauja, departamento de JunÃn, con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
2.CONVOCARa don Flaviano Floro Inga Inga, identificado con DNI N° 20642504, para que asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital de Molinos, provincia de Jauja, departamento de JunÃn, a fin de completar el periodo de gobierno municipal 2023-2026. Para tal efecto, se le otorgará la credencial que lo faculte como tal.
3.PRECISARque los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 830-2025-JNE.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
GONZALES BARRÃN
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026064495
CALCA – CUSCO
JEE URUBAMBA (ERM.2026052266)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÃN
Lima, 27 de octubre de 2026
VISTO:en audiencia pública de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por doña Luzbelia Hualla Olivera, personera legal titular de la organización polÃtica Juntos por el Perú (en adelante, señora recurrente), en contra de la Resolución N° 01320-2026-JEE-URUB/JNE, del 10 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Urubamba (en adelante, JEE), que sancionó a don Perci Durán Huacac, candidato a regidor para el Concejo Provincial de Calca, departamento de Cusco (en adelante, señor candidato), con una multa equivalente a cinco (5) unidades impositivas tributarias (UIT), por incurrir en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones PolÃticas (en adelante, LOP), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
PRIMERO. ANTECEDENTES
En el Expediente N° ERM.2026052266 (multa por hoja de vida)
1.1.Mediante el Informe N° 000015-2026-LMH-JEEURUBAMBA-ERM2026/JNE, del 28 de setiembre de 2026, la fiscalizadora de hoja de vida adscrita al JEE informó sobre la fiscalización de la Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV) del señor candidato. Sobre el particular, señaló que este consignó no tener información que declarar en el rubro VI, âRelación de sentencias, que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, contractuales y laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmesâ.
Al respecto, de la información remitida por la Corte Superior de Justicia de Cusco, se advirtió que, en el Expediente N° 00699-2013-0-1001-JM-FT-01, por medio de la Resolución N° 05, del 29 de agosto de 2013, se declaró fundada una demanda por violencia familiar (maltrato fÃsico y psicológico) contra el señor candidato y se ordenó el cese de los actos de violencia y el pago de S/ 300.00 por concepto de reparación del daño. Posteriormente, con la Resolución N° 16, del 3 de junio de 2016, se tuvo por cumplida y ejecutada Ãntegramente la sentencia y se dispuso el archivamiento definitivo del proceso.
En ese sentido, el informe advirtió una presunta consignación de información falsa en la DJHV, pese a que el señor candidato suscribió la declaración jurada correspondiente, mediante la cual asumió la responsabilidad por la veracidad de la información declarada.
1.2.A través de la Resolución N° 01244-2026-JEE-URUB/JNE, del 30 de setiembre de 2026, el JEE dispuso el inicio del procedimiento sancionador en contra del señor candidato por la presunta comisión de la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP. La citada resolución fue notificada a la personera legal de la organización polÃtica Juntos por el Perú en la misma fecha, por medio de la Notificación N° 475646-2026-URUB, cursada a la Casilla Electrónica N° CE_72890616. Asimismo, fue notificada por única vez al señor candidato el 1 de octubre de 2026, en el domicilio consignado en su DNI, mediante Notificación N° 476750-2026-URUB, conforme a los cargos obrantes en autos.
1.3.El 1 de octubre de 2026, la señora recurrente presentó escrito de descargos, con el cual solicitó que se declare infundado el procedimiento sancionador y se disponga el archivo definitivo del expediente o, subsidiariamente, se imponga una amonestación o multa mÃnima, sin remitir los actuados al Ministerio Público.
Como fundamento, alegó que la omisión de declarar la sentencia por violencia familiar no fue intencional, sino producto de la creencia de buena fe de que el proceso judicial habÃa concluido y sus obligaciones estaban extinguidas.
Asimismo, invocó jurisprudencia electoral sobre la necesidad de acreditar el dolo, el principio de presunción de veracidad y la inexistencia de deudas pendientes por reparación civil. Finalmente, solicitó que se consideren la antigüedad del proceso, la ausencia de reincidencia y los principios de razonabilidad y proporcionalidad para determinar las consecuencias jurÃdicas correspondientes.
1.4.Por medio de la Resolución N° 01320-2026-JEE-URUB/JNE, del 10 de octubre de 2026, el JEE determinó que el señor candidato incurrió en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, al consignar que no tenÃa información que declarar en el rubro VI de su DJHV, pese a registrar una sentencia fundada por violencia familiar en el Expediente N° 00699-2013-0-1001-JM-FT-01, tramitado ante el Primer Juzgado Mixto de la sede Wánchaq. El JEE le impuso una multa de cinco (5) UIT y dispuso remitir copias certificadas de los actuados al Ministerio Público. Finalmente, señaló que no correspondÃa efectuar una anotación marginal en la DJHV, debido a que la jornada electoral ya se habÃa realizado. Dicha resolución fue notificada el 12 de octubre del año en curso, mediante la Notificación N° 503086-2026-URUB.
SEGUNDO. SÃNTESIS DE AGRAVIOS
2.1.El 15 de octubre de 2026, la señora recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 01320-2026-JEE-URUB/JNE, con el cual solicitó que se reduzca la sanción a una (1) UIT y se deje sin efecto la remisión de copias al Ministerio Público, con base en los siguientes argumentos:
a)Alegó que el candidato actuó de buena fe y sin dolo, pues el citado proceso por violencia familiar fue declarado cumplido y archivado definitivamente mediante Resolución N° 16, del 3 de junio de 2016.
b)Asimismo, cuestionó la proporcionalidad y predictibilidad de la multa, invocando la Resolución N° 01345-2026-JEE-URUB/JNE, en la que el JEE habrÃa impuesto una multa de una UIT por hechos similares.
c)Añadió como atenuantes la lejanÃa geográfica, las condiciones socioeconómicas del candidato, la antigüedad del proceso, la ausencia de reincidencia y la realización de la jornada electoral. Finalmente, sostuvo que la remisión de los actuados al Ministerio Público resultaba injustificada por la ausencia de intencionalidad y lesividad penal, por lo que solicitó que se revoque la resolución en los extremos cuestionados.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución PolÃtica del Perú
1.1.El numeral 4 del artÃculo 178 indica que corresponde a este Supremo Tribunal Electoral administrar justicia en materia electoral.
1.2.El artÃculo 181 menciona que el Pleno del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
En la LOP
1.3.En el numeral 23.2, en el inciso 6 del numeral 23.3 y en el numeral 23.6 del artÃculo 23, se establece:
ArtÃculo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
Están sujetos a elección interna los candidatos a los siguientes cargos:
[â¦]
23.2 Los candidatos que postulen a los cargos referidos en el párrafo 23.1, habiendo o no participado en la elección primaria, están obligados a entregar a la organización polÃtica, al momento de presentar su candidatura a elección primaria o de aceptar por escrito la invitación para postular a los cargos referidos, una Declaración Jurada de Hoja de Vida que es publicada en la página web de la respectiva organización polÃtica.
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[â¦]
6. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
[â¦]
23.6 En caso de que se hubiera verificado la falsedad de la información prevista en el párrafo 23.3, esta es corregida por el Jurado Nacional de Elecciones, e impondrá al candidato una multa, según la gravedad de la infracción, entre una (1) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artÃculo 36-B. Multa que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cobra coactivamente , sin perjuicio de remitir los actuados al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones. Respecto de la infracción contemplada en el numeral 5 del párrafo 23.3 no es de aplicación la sanción de multa.
La responsabilidad penal por la incorporación de información falsa en la Declaración Jurada de Hoja de Vida recae sobre el candidato.
En el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20261(en adelante, Reglamento de Inscripción)
1.4.Los numerales 30.5 y 30.7 del artÃculo 30 indican:
ArtÃculo 30.- Documentos requeridos para solicitar la inscripción de la lista de candidatos
Para solicitar la inscripción de la lista de candidatos ante el JEE competente, se requieren los siguientes documentos:
[â¦]
30.5El Formato Ãnico de DJHV de cada uno de los candidatos, registrado en el sistema DECLARA+, conforme con el Reglamento de la DJHV.
[â¦]
30.7La declaración jurada (Anexo 1) de cada candidato de:
a.Consentimiento de participación en las EM 2026.
b.Veracidad del contenido del Formato Ãnico de DJHV.
c.De no tener deuda pendiente con el Estado ni con personas naturales, por reparación civil, establecida judicialmente.
[â¦]
En el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20262(en adelante, Reglamento de la DJHV)
1.5.El artÃculo 14 regula:
ArtÃculo 14.- Corrección en la DJHV
Es la disposición del JEE ante la constatación de la existencia de los siguientes:
a. Falsedad de la información contenida en la DJHV.
b. Datos erróneos de la información declarada por el candidato o aquella extraÃda de los registros públicos provenientes de las entidades públicas. Se refiere a errores materiales, numéricos o tipográficos, que no alteren el contenido esencial de la información[resaltado agregado].
c. Omisión de la información de la DJHV cuando haya vencido el plazo para excluir al candidato.
La corrección se materializa a través de la anotación marginal.
1.6.El artÃculo 16 señala:
ArtÃculo 16.- Infracción contemplada en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, ante la verificación de la existencia de falsedad de la información prevista en el numeral 23.3 del artÃculo 23 de la LOP, se procede de la siguiente manera:
a. Corrección en la DJHV del candidato.
b. Imposición de una multa, según la gravedad de la infracción, entre una (1) y diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT) de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artÃculo 36-B de la LOP. Multa que el JNE cobra coactivamente.
c. Remisión de los actuados al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones.
1.7.El artÃculo 24 dicta:
ArtÃculo 24.- Graduación de la sanción de multa
El JEE competente determinará la multa conforme a los siguientes criterios:
a)La naturaleza del cargo al cual postula el infractor.
b)El número de votantes de la circunscripción electoral a la cual postula el infractor.
1.8.El artÃculo 25 precisa:
ArtÃculo 25.- Efectos del reconocimiento de la responsabilidad
Una vez iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito en la oportunidad en que se efectúen los descargos, la multa aplicable se reduce a la mitad de su importe.
1.9.El artÃculo 26 determina:
ArtÃculo 26.- Sanción y ejecución de la multa
Ante la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, el JEE impone al candidato la sanción de una multa entre una (1) y diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT), previa aplicación de los criterios de graduación contemplados en el artÃculo 24 del presente reglamento, según corresponda. La derivación a la Unidad de Cobranza del expediente sancionador para su ejecución, debe realizarse dentro de un plazo no mayor a 5 dÃas hábiles de haber quedado consentida o ejecutoriada la sanción, y debe remitirse el original del expediente o copia certificada del mismo.
1.10.El artÃculo 27 regula:
ArtÃculo 27.- Remisión de los actuados al Ministerio Público
Independientemente de la imposición de las sanciones previstas en el presente reglamento, el JEE o el JNE pueden disponer la remisión de los actuados al Ministerio Público, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3(en adelante, Reglamento)
1.11.El artÃculo 14, sobre la notificación de los pronunciamientos, contempla:
ArtÃculo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del dÃa hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vÃnculos que se indican a continuación:
[â¦]
SEGUNDO. ANÃLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1.El Pleno del JNE es competente para conocer el presente recurso de apelación, conforme a lo previsto en el numeral 4 del artÃculo 178 y el artÃculo 181 de la Constitución PolÃtica del Perú (ver SN 1.1. y 1.2.), ejerciendo función jurisdiccional electoral con criterio de conciencia y con arreglo a ley.
2.2.La DJHV constituye un instrumento de transparencia electoral que permite a la ciudadanÃa conocer información relevante sobre los candidatos y emitir un voto informado. En ese sentido, su contenido debe comprender la información exigida por la normativa electoral, cuya declaración se efectúa bajo responsabilidad del candidato.
2.3.El inciso 6 del numeral 23.3 del artÃculo 23 de la LOP (ver SN 1.3.) establece que la DJHV debe contener la relación de sentencias firmes que declaran fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar. Asimismo, el numeral 23.6 del citado artÃculo contempla las consecuencias legales correspondientes cuando se verifica la falsedad de la información declarada, entre ellas, la imposición de una multa y la remisión de los actuados al Ministerio Público, conforme a la normativa aplicable.
2.4.En el presente caso, mediante la Resolución N° 01320-2026-JEE-URUB/JNE, del 10 de octubre de 2026, el JEE determinó que don Perci Durán Huacac, candidato al cargo de regidor para el Concejo Provincial de Calca, departamento de Cusco, incurrió en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, por haber consignado que no tenÃa información que declarar en el rubro VI de su DJHV, pese a registrar una sentencia firme por violencia familiar. En consecuencia, le impuso una multa de cinco (5) UIT y dispuso remitir los actuados al Ministerio Público una vez que la resolución quedara firme o consentida.
2.5.En cuanto a la acreditación de la sentencia no declarada, el Informe N° 000015-2026-LMH-JEEURUBAMBA-ERM2026/JNE, del 28 de setiembre de 2026, y la información remitida por la Corte Superior de Justicia de Cusco dan cuenta de que, en el Expediente N° 00699-2013-0-1001-JM-FT-01, tramitado ante el Primer Juzgado Mixto de la sede Wánchaq, mediante la Resolución N° 05, del 29 de agosto de 2013, se declaró fundada una demanda por violencia familiar -maltrato fÃsico y psicológico- contra el señor candidato y se ordenó el cese de los actos de violencia y el pago de S/ 300.00 por concepto de reparación del daño. Posteriormente, mediante la Resolución N° 06, del 23 de setiembre de 2013, el órgano jurisdiccional declaró expresamente consentida dicha decisión. Finalmente, por medio de la Resolución N° 16, del 3 de junio de 2016, se tuvo por cumplida y ejecutada Ãntegramente la sentencia y se dispuso el archivamiento definitivo del proceso.
2.6.En su recurso de apelación, la señora recurrente sostiene que el señor candidato actuó de buena fe y sin dolo, pues consideró que, al haberse cumplido Ãntegramente la sentencia y archivado definitivamente el proceso judicial, ya no tenÃa información que declarar. Asimismo, cuestiona la proporcionalidad y predictibilidad de la multa. Añade como circunstancias atenuantes la antigüedad del proceso, la ausencia de reincidencia, las condiciones socioeconómicas del candidato, la lejanÃa geográfica y la realización de la jornada electoral. Finalmente, solicita que se deje sin efecto la remisión de los actuados al Ministerio Público, por considerar que no existió intencionalidad ni lesividad penal.
2.7.Al respecto, corresponde precisar que la obligación de declarar la información exigida en el rubro VI de la DJHV no se encuentra condicionada a que el candidato mantenga una obligación pendiente de cumplimiento al momento de su postulación, sino a la existencia de una sentencia firme comprendida en el supuesto previsto en el inciso 6 del numeral 23.3 del artÃculo 23 de la LOP. Por tanto, el cumplimiento de las medidas ordenadas judicialmente y el posterior archivamiento definitivo del proceso no eliminan, por sà mismos, el deber de declarar la sentencia.
2.8.En el caso concreto, se advierte que el señor candidato consignó que no tenÃa información que declarar en el rubro VI de su DJHV, pese a que en el expediente judicial antes mencionado se habÃa declarado fundada una demanda por violencia familiar. En consecuencia, existe una discrepancia objetiva entre la información declarada y los antecedentes judiciales acreditados durante la fiscalización, por lo que se configura el supuesto de infracción previsto en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP.
2.9.En cuanto al argumento referido a la buena fe y a la ausencia de dolo, corresponde señalar que la señora recurrente sustenta dicha alegación en el cumplimiento de la sentencia y el archivamiento definitivo del proceso judicial. Sin embargo, esas circunstancias no desvirtúan la existencia de la decisión judicial ni justifican que se haya consignado que no existÃa información que declarar. En ese sentido, el argumento expuesto no resulta suficiente para dejar sin efecto la determinación de la infracción electoral, sin perjuicio de la evaluación que corresponda efectuar a las autoridades competentes respecto de una eventual responsabilidad penal.
2.10.Asimismo, la declaración jurada de no tener deuda pendiente con el Estado ni con personas naturales por concepto de reparación civil, prevista en el numeral 30.7 del artÃculo 30 del Reglamento de Inscripción (ver SN 1.4.), constituye una exigencia distinta de la obligación de declarar las sentencias firmes en la DJHV. Por ello, el cumplimiento de la reparación ordenada judicialmente no exime al candidato de declarar la sentencia en el rubro correspondiente.
2.11.En relación con el cuestionamiento de la resolución impugnada, se advierte que el JEE identificó la sentencia que el señor candidato omitió declarar, precisó la discrepancia entre los antecedentes judiciales y la información consignada en su DJHV y expuso las razones por las cuales consideró configurada la infracción. Por consiguiente, los argumentos relativos al cumplimiento de la sentencia, al archivo del proceso y a la ausencia de dolo no desvirtúan la infracción determinada.
En cuanto a la graduación de la sanción de multa
2.12.Para tal efecto, este órgano colegiado ha elaborado una tabla de graduación de la multa en el Expediente N° EG.2026029211. Para el desarrollo de dicha herramienta, se han tenido en consideración las disposiciones contenidas en los artÃculos 23 y 36-B de la LOP, asà como los criterios reglamentarios previstos en el artÃculo 24 del Reglamento de la DJHV4, como son:
a)La naturaleza del cargo de postulación, según el carácter nacional, regional, provincial o distrital de las elecciones.
b)El número de electores de la circunscripción electoral correspondiente, según el rango establecido.
2.13.Asimismo, considerando que corresponde efectuar un análisis integral de los criterios de graduación, se han tenido en cuenta: i) la trascendencia de la infracción; ii) la existencia de múltiples rubros afectados, de ser el caso; iii) la eventual presencia de acciones adicionales de ocultamiento indebido; y iv) la concurrencia de circunstancias atenuantes, tales como la subsanación voluntaria antes del inicio del procedimiento sancionador o el reconocimiento de responsabilidad, cuando corresponda.
2.14.Para determinar la sanción, corresponde considerar los criterios previstos en el artÃculo 24 del Reglamento de la DJHV, referidos a la naturaleza del cargo y al número de electores de la circunscripción electoral, asà como valorar integralmente la gravedad de la conducta. En el presente caso, el señor candidato postuló al cargo de regidor para el Concejo Provincial de Calca, circunscripción que cuenta con 59 665 electores, y la infracción se circunscribe a la consignación de información falsa en el rubro VI de su DJHV, referido a las sentencias firmes por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por violencia familiar. Asimismo, corresponde valorar las circunstancias invocadas por la recurrente, sin que la sola alegación de buena fe, la antigüedad de la sentencia o la ausencia de reincidencia determine automáticamente la aplicación de la multa mÃnima.
2.15.Aplicados los criterios de graduación antes señalados al caso concreto, el cuadro de graduación de multas arroja una sanción equivalente a cuatro con sesenta y nueve centésimas (4.69) UIT. En consecuencia, dado que el JEE impuso una multa de cinco (5) UIT, corresponde reformar la resolución venida en grado en dicho extremo y fijar la sanción en cuatro con sesenta y nueve centésimas (4.69) UIT.
2.16.En cuanto al precedente invocado por la señora recurrente, contenido en la Resolución N° 01345-2026-JEE-URUB/JNE, la imposición de una multa de una (1) UIT en otro procedimiento no determina, por sà sola, que corresponda aplicar idéntico monto al presente caso. La graduación debe atender a los criterios aplicables y a las circunstancias acreditadas en cada procedimiento. En el presente caso, la sanción de cuatro con sesenta y nueve centésimas (4.69) UIT responde al resultado obtenido mediante la aplicación del cuadro de graduación correspondiente a la naturaleza del cargo y al número de electores de la circunscripción, por lo que corresponde modificar el monto impuesto por el JEE en los términos expuestos.
2.17.En cuanto a la remisión de los actuados al Ministerio Público, el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP establece que la imposición de la multa se efectúa sin perjuicio de remitir los actuados a dicha entidad para que proceda conforme a sus atribuciones. En concordancia con ello, el artÃculo 27 del Reglamento de la DJHV contempla la remisión de los actuados al Ministerio Público, independientemente de la imposición de la sanción electoral (ver SN 1.3. y 1.10.). Dicha remisión no constituye una sanción penal ni supone un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad penal del señor candidato, cuya determinación corresponde a la autoridad competente. Por consiguiente, no corresponde amparar el pedido de dejarla sin efecto.
2.18.Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación y reformar la resolución venida en grado en el extremo referido al monto de la multa, fijándola en cuatro con sesenta y nueve centésimas (4.69) UIT; y confirmarla en los demás extremos impugnados, referidos a la determinación de la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP y a la remisión de los actuados al Ministerio Público.
2.19.La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.11.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minorÃa de los señores magistrados Martha Elizabeth Maisch Molina y Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE, POR MAYORÃA
1.DeclararFUNDADO EN PARTEel recurso de apelación interpuesto por doña Luzbelia Hualla Olivera, personera legal titular de la organización polÃtica Juntos por el Perú; y, en consecuencia,REVOCARla Resolución N° 01320-2026-JEE-URUB/JNE, del 10 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Urubamba, en el extremo que impuso a don Perci Durán Huacac, candidato a regidor provincial para el Concejo Provincial de Calca, departamento de Cusco, una multa equivalente a cinco (5) unidades impositivas tributarias (UIT) por incurrir en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones PolÃticas; y,REFORMÃNDOLA,fijar la multa en cuatro con sesenta y nueve centésimas (4.69) UIT; asà comoCONFIRMARla referida resolución en todos sus demás extremos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2.DISPONERque el Jurado Electoral Especial de Urubamba continúe con el trámite correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución.
3.PRECISARque los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese a través de la SecretarÃa General.
SS.
BURNEO BERMEJO
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026064495
CALCA – CUSCO
JEE URUBAMBA (ERM.2026052266)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÃN
Lima, 27 de octubre de 2026
EL VOTO EN MINORÃA DE LA SEÃORA MAGISTRADA MARTHA ELIZABETH MAISCH MOLINA, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con el debido respeto a la posición asumida por la mayorÃa del Pleno, que declaraFUNDADO EN PARTEel recurso de apelación interpuesto por doña Luzbella Hualla Olivera, personera legal de la organización polÃtica Juntos por el Perú; y, en consecuencia,REVOCARla Resolución N° 01320-2026-JEE-URUB/JNE, del 10 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Urubamba, en el extremo que impuso a don Perci Duran Huacac, candidato al cargo de regidor provincial para la provincia de Calca, departamento de Cusco, una multa equivalente a cinco (5) unidades impositivas tributarias (UIT) por incurrir en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones PolÃticas; y,REFORMÃNDOLAfijar la multa en cuatro con sesenta y nueve centésimas (4.69) UIT; asà comoCONFIRMARla referida resolución en todos sus extremos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026; emito el presenteVOTO EN MINORÃA, pues si bien la suscrita se suma al sentido manifestado por la mayorÃa del Pleno del JNE en cuanto concluye por la responsabilidad del candidato por no haber consignado la sentencia recaÃda en el Expediente N° 00699-2013-0-1001-JM-FT-01, en materia de violencia familiar, según lo informado por la Corte Superior de Justicia del Cusco; no obstante, no me encuentro conforme con el monto de la sanción impuesta, con base en las razones que se exponen a continuación:
1.El legislador traslada al candidato la obligación de consignar información veraz, completa y oportuna en la DJHV a efectos que los electores emitan un voto informado. El incumplimiento de dicha obligación es sancionado como una multa entre 1 a 10 UIT e incluso la exclusión; en ese sentido, la aplicación de la sanción no puede ser automática ni desvinculada de un análisis material del caso concreto.
2.Ahora bien, el artÃculo 23.6 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones PolÃticas, establece que, en caso de verificarse la falsedad en la información prevista en la hoja de vida del candidato requerida en el párrafo 23.3 de dicho texto normativo, se impondrá una multa de 1 a 10 unidades impositivas tributarias (UIT), según laâgravedad de la infracciónâ, de conformidad con los criterios de gradualidad previstos en el artÃculo 36-B de la misma norma5.
3.En relación con elquantumde la multa, el artÃculo 24 del Reglamento de la DJHV establece que, para su graduación, deben considerarse la naturaleza del cargo al que se postula y el número de votantes de la circunscripción electoral. No obstante, dichos criterios no son los únicos a valorar, pues también resultan aplicables los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, corresponde efectuar un análisis de costo-beneficio, de modo que exista una relación directa entre el nivel de afectación generado y el beneficio obtenido.
4.En esa lÃnea,en cuanto a la gravedadde la infracción se considera que no toda la información exigida en la declaración jurada genera el mismoimpactopara formar en el elector convicción o influir en el voto de forma negativa o positiva.
5.En efecto, ocultar una sentencia civil fundada sobre violencia contra el núcleo familia, u omitir el cumplimiento de los deberes alimenticios, definitivamente, revela unainformaciónque podrÃa generar unimpacto muy negativoante la mayorÃa de electores e incluso cambiar su decisión de voto, porque constituyen conductas muy reprochables; por ello, la suscrita considera que ocultar esta información resulta muy beneficioso para el infractor, y consecuentemente deben ser sancionadas con mayor severidad.
6.Otra conductamuy grave, es el hecho de declarar una profesión o grado académico que no se ha obtenido (bachiller, magÃster, doctor); pues esta información puede generar en el elector una falsa idea de trayectoria académica y con ello obtener su voto. Asimismo, debe señalarse que esta conducta es tan reprochable que incluso, se encuentra prevista como delito en el artÃculo 362 del Código Penal6, por lo que debe sancionarse con una intensidad mayor.
7.Por otro lado, se considerainfracción gravela omisión de declarar demandas con sentencias fundadas que evidencian el incumplimiento de las obligaciones civiles, -por ejemplo, aquellas vinculadas a la obligación de dar suma de dinero-, en tanto revelarÃa información sobre la eventual morosidad del candidato, que, si bien no revisten la misma gravedad que los primeros supuestos, constituye un dato que podrÃa influir negativamente en la decisión del voto del elector.
8.En esa lÃnea, comoinfracción grave, consideramos el hecho de declarar una experiencia laboral inexistente; en tanto puede generar en el elector una percepción errónea favorable sobre el nivel de especialización del candidato, influyendo en la decisión de voto en beneficio al infractor.
9.Finalmente, consideramos que existen otras infracciones con un daño leve o menor, como es el hecho de no declarar bienes patrimoniales (acciones, participaciones) o trayectoria profesional realizada, o grados académicos o profesión obtenidos.
10.Por ejemplo, en el caso de información omitida en la DJHV referida a la titularidad de acciones o participaciones societarias de personas jurÃdicas con capital reducido o mÃnimo, no revela una situación de falta de idoneidad o conflicto de interés relevante que podrÃa ser trascendente para la evaluación sustancial del candidato por parte del electorado y, por tanto, tampoco se observa que la omisión de colocar dicha información le produzca un gran beneficio al infractor.
11.En el presente caso, el candidato no consignó la sentencia recaÃda en el Expediente N° 00699-2013-0-1001-JM-FT-01, en materia de violencia familiar, según información remitida por la Corte Superior de Justicia del Cusco.
12.En ese sentido, si bien la infracciónes graveen tanto la información omitida podrÃa influir de forma determinante para incentivar o desincentivar el voto del elector; considero que la multa impuesta es excesiva, debiendo reducirse.
En virtud de tales fundamentos, MI VOTO espor declararFUNDADO EN PARTEel recurso de apelación, debiéndoseCONFIRMARla Resolución N° . 01320-2026-JEE-URUB/JNE en cuanto concluye que existe responsabilidad del candidato, yREVOCÃNDOLAestablezca la sanción de multa en 3 UIT.
S.
MAISCH MOLINA
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026064495
CALCA – CUSCO
JEE URUBAMBA (ERM.2026052266)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÃN
Lima, 27 de octubre de 2026
EL VOTO EN MINORÃA DEL SEÃOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÃN GONZALES BARRÃN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
El art. 23.6 LOP señala que, en caso de verificarse la falsedad en la información prevista en la hoja de vida del candidato, se impondrá una multa de 01 a 10 UIT, según la âgravedad de la infracciónâ, en concordancia con los criterios de gradualidad del art. 36-B de la misma norma: cargo de postulación, número de votantes en la circunscripción, reincidencia. Sin embargo, la potestad sancionadora del Estado es una sola, por lo que el órgano juzgador, en todo caso, deberá tomar en cuenta los principios que la regulan.
En el caso concreto, el candidato no informó sobre unasentencia o resolución final de violencia familiar, por lo que dicha omisión o inexactitud determina que se ha cometido la infracción. Sin embargo, la gradualidad establecida por el JEE impone una multa no proporcional, que exige su revisión en esta instancia. En efecto, la falta de declaración del citado hecho tiene un impacto social moderado para la adecuada toma de decisión de los electores, por lo que corresponde graduar la sanción bajo esa premisa, de manera prudencial, por el monto adecuado. En este contexto, es necesario señalar que, a criterio de este magistrado, la tabla de gradualidad utilizada en múltiples resoluciones del JNE solo tiene carácter referencial, por lo cual, cuando ese mecanismo permite fijar la sanción con proporcionalidad, entonces el suscrito apoyará la resolución; pero cuando no, como en este caso, emitirá un voto particular.
En virtud de tales fundamentos,MI VOTOes por declararFUNDADA EN PARTEel recurso de apelación, exclusivamente en el monto de la multa, que se reduce a 2.5 UIT.
S.
GONZALES BARRÃN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026064689
PACASMAYO – PACASMAYO – LA LIBERTAD
JEE PACASMAYO (ERM.2026052001)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÃN – MULTA POR HOJA DE VIDA
Lima, 30 de octubre de 2026
VISTO:en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por doña Karyme Nicole Yengle Sánchez, candidata a regidora para el Concejo Distrital de Pacasmayo, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad, por la organización polÃtica Fe en el Perú (en adelante, señora recurrente), en contra de la Resolución N° 01193-2026-JEE-PCYO/JNE, del 13 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo (en adelante, JEE), que determinó la existencia de la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones PolÃticas (en adelante, LOP), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
PRIMERO. ANTECEDENTES
En el Expediente N° ERM.2026052001
1.1.Mediante el Informe N° 000024-2026-LBR-JEEPACASMAYO-ERM2026/JNE, del 28 de setiembre de 2026, la fiscalizadora de hoja de vida adscrita al JEE advirtió que, en el apartado âTitularidad de acciones y participacionesâ del rubro VIII âDeclaración jurada de ingresos de bienes y rentas, bienes muebles del declarante y sociedad de ganancialesâ de la Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV), la señora recurrente declaró no tener información por declarar. Sin embargo, de acuerdo con la información remitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), mediante el Oficio N° 02653-2026-SUNARP/ZRI/UREG/PUB, se verificó que es socia fundadora de la persona jurÃdica Edificaciones Yensa S.A.C., inscrita en la Partida N° 11581600.
Con relación a la citada persona jurÃdica, se constató que su capital social ascendÃa a S/ 90 000.00, representado por 90 000 acciones nominativas de S/ 1.00 cada una. Dicha información no fue consignada en su DJHV.
Asimismo, en el rubro II, âExperiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesionesâ, de su DJHV, la señora recurrente declaró una experiencia laboral como asesora de ventas en Promotora Opción S.A., sin consignar el cargo de gerente general de Edificaciones Yensa S.A.C. En ese sentido, la fiscalizadora recomendó solicitar información al personero legal de la organización polÃtica, a fin de esclarecer lo señalado.
1.2.A través de la Resolución N° 01035-2026-JEE-PCYO/JNE, del 1 de octubre de 2026, el JEE dispuso el inicio del procedimiento sancionador contra la señora recurrente, por la presunta falsedad de información consignada en los rubros II y VIII de su DJHV. En ese sentido, corrió traslado del informe de fiscalización y sus anexos a la señora recurrente y al personero legal de la organización polÃtica, a fin de que presentaran sus descargos en el plazo de un (1) dÃa calendario.
1.3.Por medio de la Resolución N° 01193-2026-JEE-PCYO/JNE, del 13 de octubre de 2026, el JEE determinó la existencia de la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, impuso a la señora recurrente una multa de una (1) UIT, dispuso la anotación marginal en los rubros II y VIII de su DJHV, y ordenó la remisión de copias certificadas al Ministerio Público.
SEGUNDO. SÃNTESIS DE AGRAVIOS
2.1.El 17 de octubre de 2026, la señora recurrente interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución N° 01193-2026-JEE-PCYO/JNE, solicitando que esta sea revocada y, reformándola, se declare infundado el procedimiento sancionador. En ese sentido, alegó, principalmente, lo siguiente:
a)Sostiene que la resolución impugnada vulnera el principio de culpabilidad, pues el JEE habrÃa considerado que la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP se configura mediante una mera verificación objetiva, prescindiendo de la acreditación de dolo o culpa.
b)Alega que el JEE no efectuó una valoración suficiente de los elementos probatorios, pues se limitó a la información registral de la Sunarp y no contrastó adecuadamente dicha información con la situación tributaria de la empresa ante la Sunat, la cual se encontraba en suspensión temporal de actividades desde el 1 de junio de 2025.
c)Respecto del rubro II, sostiene que su inscripción como gerente general en Edificaciones Yensa S.A.C. acredita únicamente una representación formal y no el ejercicio efectivo de una actividad laboral, por lo que no correspondÃa considerar dicho cargo como experiencia de trabajo declarable. Asimismo, afirma que la empresa carecÃa de actividad comercial y que su única experiencia laboral efectiva durante el periodo declarado correspondÃa a Promotora Opción S.A.
d)Cuestiona que la resolución impugnada, al disponer la anotación marginal, haya ordenado erróneamente efectuar la corrección en la DJHV de don Ronald Alfredo Pereda Yturbe, persona distinta de la señora recurrente, lo que, a su criterio, evidencia un vicio que afecta la validez de la decisión.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución PolÃtica del Perú
1.1.El numeral 4 del artÃculo 178 indica que corresponde a este Supremo Tribunal Electoral administrar justicia en materia electoral.
1.2.El artÃculo 181 menciona que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprecia los hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
En la LOP
1.3.El numeral 23.2, los incisos 2 y 8 del numeral 23.3 y el numeral 23.6 del artÃculo 23 establecen:
ArtÃculo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
Están sujetos a elección interna los candidatos a los siguientes cargos:
[â¦]
23.2Los candidatos que postulen a los cargos referidos en el párrafo 23.1, habiendo o no participado en la elección primaria, están obligados a entregar a la organización polÃtica, al momento de presentar su candidatura a elección primaria o de aceptar por escrito la invitación para postular a los cargos referidos, una Declaración Jurada de Hoja de Vida que es publicada en la página web de la respectiva organización polÃtica.
23.3La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[â¦]
2. Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el sector público y en el privado.
[â¦]
8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo a las disposiciones previstas para los funcionarios públicos.
[â¦]
23.6En caso de que se hubiera verificado la falsedad de la información prevista en el párrafo 23.3, esta es corregida por el Jurado Nacional de Elecciones, e impondrá al candidato una multa, según la gravedad de la infracción, entre una (1) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artÃculo 36-B. Multa que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cobra coactivamente, sin perjuicio de remitir los actuados al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones. Respecto de la infracción contemplada en el numeral 5 del párrafo 23.3 no es de aplicación la sanción de multa.
La responsabilidad penal por la incorporación de información falsa en la Declaración Jurada de Hoja de Vida recae sobre el candidato.
En el Código Civil
1.4.El numeral 8 del artÃculo 886 prescribe que son bienes muebles âlas acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a estas pertenezcan bienes inmueblesâ.
En el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20261(en adelante, Reglamento de Inscripción)
1.5.Los numerales 30.5 y 30.7 del artÃculo 30 dictan:
ArtÃculo 30.- Documentos requeridos para solicitar la inscripción de la lista de candidatos
Para solicitar la inscripción de la lista de candidatos ante el JEE competente, se requieren los siguientes documentos:
[â¦]
30.5El Formato Ãnico de DJHV de cada uno de los candidatos, registrado en el sistema DECLARA+, conforme con el Reglamento de la DJHV.
[â¦]
30.7La declaración jurada (Anexo 1) de cada candidato de:
a.Consentimiento de participación en las EM 2026.
b.Veracidad del contenido del Formato Ãnico de DJHV.
c.De no tener deuda pendiente con el Estado ni con personas naturales, por reparación civil, establecida judicialmente.
[â¦]
En el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20262(en adelante, Reglamento de la DJHV)
1.6.Los literales g y m del artÃculo 6 estipulan:
ArtÃculo 6.- Datos de la DJHV
La DJHV debe registrar los siguientes datos:
[â¦]
g.Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el sector público y/o en el privado, o si no las tuviera.
[â¦]
m.Declaración de bienes y rentas de acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios públicos, correspondiente al año fiscal anterior inmediato a la fecha de presentación de las solicitudes de inscripción.
1.7.El artÃculo 16 señala:
ArtÃculo 16.- Infracción contemplada en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, ante la verificación de la existencia de falsedad de la información prevista en el numeral 23.3 del artÃculo 23 de la LOP, se procede de la siguiente manera:
a. Corrección en la DJHV del candidato.
b. Imposición de una multa, según la gravedad de la infracción, entre una (1) y diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT) de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artÃculo 36-B de la LOP. Multa que el JNE cobra coactivamente.
c. Remisión de los actuados al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones.
1.8.El artÃculo 24 refiere:
ArtÃculo 24.- Graduación de la sanción de multa
El JEE competente determinará la multa conforme a los siguientes criterios:
a)La naturaleza del cargo al cual postula el infractor.
b)El número de votantes de la circunscripción electoral a la cual postula el infractor.
1.9.El artÃculo 25 precisa:
ArtÃculo 25.- Efectos del reconocimiento de la responsabilidad
Una vez iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito en la oportunidad en que se efectúen los descargos, la multa aplicable se reduce a la mitad de su importe.
1.10.El artÃculo 26 determina:
ArtÃculo 26.- Sanción y ejecución de la multa
Ante la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, el JEE impone al candidato la sanción de una multa entre una (1) y diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT), previa aplicación de los criterios de graduación contemplados en el artÃculo 24 del presente reglamento, según corresponda. La derivación a la Unidad de Cobranza del expediente sancionador para su ejecución, debe realizarse dentro de un plazo no mayor a 5 dÃas hábiles de haber quedado consentida o ejecutoriada la sanción, y debe remitirse el original del expediente o copia certificada del mismo.
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3(en adelante, Reglamento)
1.11.El artÃculo 14, sobre la notificación de los pronunciamientos, contempla:
ArtÃculo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del dÃa hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vÃnculos que se indican a continuación:
[â¦]
SEGUNDO. ANÃLISIS DEL CASO CONCRETO
2.1.El Pleno del JNE es competente para conocer el presente recurso de apelación, conforme a lo previsto en el numeral 4 del artÃculo 178 y el artÃculo 181 de la Constitución PolÃtica del Perú (ver SN 1.1. y 1.2.), ejerciendo función jurisdiccional electoral con criterio de conciencia y con arreglo a ley.
2.2.Este Supremo Tribunal Electoral ha señalado que las DJHV constituyen una herramienta de especial relevancia en el proceso electoral, pues permiten a la ciudadanÃa acceder a información sobre los candidatos y emitir un voto informado. Por ello, su contenido debe observar los principios de transparencia y veracidad. En esa lÃnea, el numeral 23.2 del artÃculo 23 de la LOP, concordante con los numerales 30.5 y 30.7 del artÃculo 30 del Reglamento de Inscripción, establece la obligación del candidato de presentar una DJHV cuyo contenido sea veraz, asumiendo responsabilidad por la información que consigna en ella (ver SN 1.3. y 1.5.).
2.3.Asimismo, el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, concordante con el artÃculo 16 del Reglamento de la DJHV, establece que, verificada la falsedad de la información contenida en la DJHV, corresponde la imposición de una multa entre una (1) y diez (10) UIT, según la gravedad de la infracción (ver SN 1.3. y 1.7.).
Sobre la titularidad de acciones
2.4.En el presente caso, se encuentra acreditado que la señora recurrente, al completar su DJHV, consignó en el apartado âTitularidad de acciones y participacionesâ del rubro VIII, que no tenÃa información por declarar. Sin embargo, de la información remitida por la Sunarp se advierte que figura como socia fundadora de la persona jurÃdica Edificaciones Yensa S.A.C., inscrita en la Partida Registral N° 11581600.
2.5.En consecuencia, existe una contradicción objetiva entre la información consignada por la señora recurrente, âno tengoâ información por declarar, y la información registral que acredita su condición de socia de la referida persona jurÃdica. El argumento referido a que la empresa se encontraba en suspensión temporal de actividades ante la Sunat no resulta suficiente para excluir la obligación de declarar la titularidad societaria. En efecto, la obligación prevista en el numeral 23.3 del artÃculo 23 de la LOP recae sobre la titularidad del bien y no se encuentra condicionada a que la persona jurÃdica genere ingresos, tenga actividad comercial o se encuentre activa tributariamente.
2.6.Este criterio resulta concordante con la jurisprudencia del Pleno del JNE, que ha establecido que la obligación de declarar acciones o participaciones subsiste mientras exista el vÃnculo societario, independientemente de la situación económica o tributaria de la persona jurÃdica. Por tanto, la omisión advertida en el rubro VIII resulta subsumible en el supuesto previsto en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP.
Sobre la experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones
2.7.Respecto del rubro II, la señora recurrente declaró como experiencia laboral su desempeño como asesora de ventas en Promotora Opción S.A., durante los años 2025-2026, pero no consignó su condición de gerente general de Edificaciones Yensa S.A.C., cargo que figura inscrito desde el 27 de enero de 2025.
2.8.La señora recurrente sostiene que la inscripción registral solo acredita una representación formal y que no demuestra el ejercicio efectivo de labores, debido a que la empresa se encontraba suspendida temporalmente ante la Sunat desde el 1 de junio de 2025.
2.9.Sobre este extremo, el Pleno del JNE ha establecido que los cargos de dirección o administración inscritos y vigentes constituyen información relacionada con la trayectoria profesional u ocupacional del candidato y, por tanto, deben ser declarados en el rubro II. Asimismo, ha señalado que, mientras la información registral se mantenga vigente y no sea desvirtuada mediante prueba idónea, corresponde considerarla exigible para efectos de la DJHV.
2.10.En ese sentido, la sola alegación de que la empresa se encontraba suspendida temporalmente ante la Sunat no acredita que el cargo de gerente general hubiera cesado ni desvirtúa la información registral existente. Tampoco obra en el expediente documento que acredite la renuncia, remoción o cese de la recurrente como gerente general antes de la presentación de su DJHV. Por el contrario, la documentación incorporada mantiene vigente dicho cargo.
2.11.En consecuencia, correspondÃa a la señora recurrente consignar en su DJHV el cargo de gerente general de Edificaciones Yensa S.A.C., por tratarse de información comprendida dentro de la trayectoria profesional u ocupacional que debe ser declarada.
Sobre el principio de culpabilidad y la alegada ausencia de dolo
2.12.La señora recurrente sostiene que el JEE vulneró el principio de culpabilidad al afirmar que la infracción se determina mediante una verificación objetiva. Al respecto, la jurisprudencia reciente del Pleno ha precisado que, tratándose del numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, la determinación de la infracción se sustenta en la constatación objetiva de la información consignada y de la obligación de declarar, sin que resulte exigible acreditar dolo o intencionalidad para su configuración, sin perjuicio de que las circunstancias subjetivas puedan ser consideradas, cuando corresponda, en la graduación de la sanción.
2.13.Por consiguiente, la ausencia de dolo alegada por la señora recurrente no desvirtúa la configuración objetiva de la infracción acreditada en los rubros II y VIII. Asimismo, debe precisarse que la invocación de buena fe o de desconocimiento del alcance de la obligación declarativa tampoco resulta suficiente para excluir la responsabilidad derivada del incumplimiento del deber legal de consignar información completa y veraz en la DJHV.
2.14.De lo expuesto, se concluye que la señora recurrente tenÃa la obligación de declarar tanto su titularidad societaria en Edificaciones Yensa S.A.C. como su condición de gerente general de dicha persona jurÃdica. La información alegada por la señora recurrente no desvirtúa la existencia de dichos vÃnculos; por el contrario, acredita que la señora recurrente figuraba como socia y gerente general de la persona jurÃdica, sin que se haya demostrado el cese de tales condiciones antes de la presentación de la DJHV.
Sobre la anotación marginal
2.15.La señora recurrente cuestiona que la resolución impugnada haya dispuesto la anotación marginal en la DJHV de don Ronald Alfredo Pereda Yturbe, pese a que el procedimiento sancionador corresponde a la señora recurrente.
2.16.De la revisión integral de la resolución, se verifica que sus antecedentes, análisis y demás extremos resolutivos identifican como candidata investigada y sancionada a doña Karyme Nicole Yengle Sánchez. En consecuencia, la referencia a don Ronald Alfredo Pereda Yturbe constituye un error material, derivado de una evidente discordancia en la parte resolutiva. Este tipo de error, por sà solo, no determina la nulidad de la decisión cuando del conjunto de la resolución se desprende de manera inequÃvoca la identidad de la persona sometida al procedimiento y la conducta que se le atribuye. La jurisprudencia del Pleno ha reconocido que errores de identificación que no generan incertidumbre sobre el sujeto del procedimiento ni afectan el derecho de defensa carecen de entidad suficiente para producir nulidad.
2.17.No obstante, por razones de congruencia, certeza y eficacia de la decisión, corresponde precisar que la anotación marginal debe efectuarse en la DJHV de doña Karyme Nicole Yengle Sánchez, en los extremos establecidos en la resolución impugnada.
En cuanto a la graduación de la sanción de multa
2.18.Determinada la existencia de la infracción, corresponde establecer la consecuencia sancionadora aplicable al caso concreto. Para tal efecto, este órgano colegiado ha elaborado una tabla de graduación de la multa en el Expediente N° EG.2026029211. Para el desarrollo de dicha herramienta, se han tenido en consideración las disposiciones contenidas en los artÃculos 23 y 36-B de la LOP, asà como los criterios reglamentarios previstos en el artÃculo 24 del Reglamento de la DJHV4, los cuales se exponen a continuación:
a)La naturaleza del cargo de postulación, según el carácter nacional, regional, provincial o distrital de las elecciones.
b)El número de electores de la circunscripción electoral correspondiente, según el rango establecido.
2.19.Asimismo, toda vez que corresponde efectuar un análisis integral de los criterios de graduación, se ha considerado lo siguiente: i) la trascendencia de la infracción; ii) la existencia de múltiples rubros afectados, de ser el caso; iii) la eventual presencia de acciones adicionales de ocultamiento indebido; y iv) la concurrencia de circunstancias atenuantes, tales como la subsanación voluntaria antes del inicio del procedimiento sancionador o el reconocimiento de responsabilidad, cuando corresponda.
2.20.En el presente caso, la señora recurrente postuló al cargo de regidora para el Concejo Distrital de Pacasmayo y la infracción se encuentra vinculada al rubro II, âExperiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesionesâ, y al apartado de âTitularidad de acciones y participacionesâ del rubro VIII de la DJHV. Asimismo, no se advierte la existencia de actos adicionales de ocultamiento ni de otras omisiones que hayan sido objeto de sanción en el presente procedimiento. Por ello, en aplicación de los criterios descritos en los considerandos precedentes y de la tabla de graduación desarrollada por este Supremo Tribunal Electoral, la sanción que corresponderÃa imponer asciende a una con setenta y cuatro (1.74) UIT.
2.21.No obstante, debe tenerse presente que la resolución apelada impuso a la señora recurrente una multa de una (1) UIT. En ese sentido, la determinación de una sanción superior a la impuesta por el JEE supondrÃa agravar su situación jurÃdica, lo que resultarÃa contrario al principio de prohibición de reforma en peor (reformatio in peius).
2.22.En consecuencia, aun cuando la aplicación de la herramienta de graduación elaborada por este Supremo Tribunal Electoral arroje una sanción superior a la impuesta por el JEE, no corresponde modificar dicho extremo de la resolución apelada. Por ello, corresponde mantener la multa impuesta por el JEE.
2.23.En ese sentido, la multa impuesta corresponde al mÃnimo legal previsto por el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, que establece un rango de una (1) a diez (10) UIT. Por tanto, no se advierte que la sanción impuesta resulte desproporcionada en atención a las circunstancias particulares del caso.
2.24.En atención a lo expuesto, los agravios formulados por la señora recurrente no desvirtúan la infracción determinada por el JEE. Sin perjuicio de ello, corresponde precisar el tercer punto resolutivo de la resolución apelada, a efectos de que la anotación marginal se efectúe en la DJHV de la señora recurrente.
2.25.En consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en grado, con la precisión señalada en el considerando previo.
2.26.La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.11.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con los fundamentos de voto de los señores magistrados Martha Elizabeth Maisch Molina y Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
1.DeclararINFUNDADOel recurso de apelación interpuesto por doña Karyme Nicole Yengle Sánchez, candidata a regidora para el Concejo Distrital de Pacasmayo, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad, por la organización polÃtica Fe en el Perú; y, en consecuencia,CONFIRMARla Resolución N° 01193-2026-JEE-PCYO/JNE, del 13 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, que la sancionó con una multa de una (1) unidad impositiva tributaria (UIT), por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones PolÃticas, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2.PRECISARque el tercer punto resolutivo de la Resolución N° 01193-2026-JEE-PCYO/JNE, del 13 de octubre de 2026, debe entenderse referido a doña Karyme Nicole Yengle Sánchez, por lo que la anotación marginal deberá efectuarse en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, en los extremos establecidos en dicha resolución.
3.PRECISARque los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado por la Resolución N° 0830-2025-JNE.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese a través de la SecretarÃa General. Interviene como ponente el magistrado Rubén Jaime Torres Cortez.
SS.
BURNEO BERMEJO
MAISCH MOLINA
GONZALES BARRÃN
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026064689
PACASMAYO – PACASMAYO – LA LIBERTAD
JEE PACASMAYO (ERM.2026052001)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÃN – MULTA POR HOJA DE VIDA
Lima, 30 de octubre de 2026
EL FUNDAMENTO DE VOTO DE LA SEÃORA MAGISTRADA MARTHA ELIZABETH MAISCH MOLINA, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Si bien concuerdo con el sentido de la decisión asumida por el Pleno del JNE, manifiesto mi disconformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la resolución, referidos a la suficiencia de los actos de indagación y la no exigencia del Certificado Ãnico Laboral (CUL) ante la concurrencia de infracciones, por las razones que expongo a continuación:
1.En el presente caso, se advierte que el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo determinó la comisión de dos infracciones independientes en la DJHV: (I) En el rubro II, âExperiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesionesâ, no consignó la actividad laboral o experiencia vinculada a Edificaciones Yensa S.A.C., en la que figura como gerente general; y (II) En el rubro VIII, âDeclaración jurada de ingresos de bienes y rentas, bienes muebles del declarante y sociedad de ganancialesâ, omitió declarar su titularidad de participaciones en Edificaciones Yensa S.A.C.
2.Al tratarse de dos hechos infractores concurrentes, el órgano de primera instancia debió agotar los actos de fiscalización e instrucción requiriendo de oficio el Certificado Ãnico Laboral (CUL) del candidato, a efectos de verificar de forma integral su récord laboral y poder emitir pronunciamiento respecto a la omisión atribuida respecto al rubro II.
3.No obstante, la omisión de actuación procesal previa por parte del JEE, se constata que la sanción impuesta por el JEE y confirmada por el JNE asciende a 1 UIT y, resulta ser la mÃnima que corresponde por la infracción materia de sanción.
4.Por lo expuesto, en este aspecto, corresponde declararINFUNDADOel recurso de apelación; y, en consecuencia,CONFIRMARla Resolución N° 01193-2026-JEE-PCYO/JNE dejando expresamente a salvo la precisión señalada precedentemente.
S.
MAISCH MOLINA
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026064689
PACASMAYO – PACASMAYO – LA LIBERTAD
JEE PACASMAYO (ERM.2026052001)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÃN – MULTA POR HOJA DE VIDA
Lima, 30 de octubre de 2026
EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL SEÃOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÃN GONZALES BARRÃN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
El numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP señala que, en caso de verificarse la falsedad en la información prevista en la hoja de vida del candidato, se impondrá una multa de 1 a 10 UIT, según la âgravedad de la infracciónâ, en concordancia con los criterios de gradualidad del artÃculo 36-B de la misma norma: cargo de postulación, número de votantes en la circunscripción, reincidencia. Sin embargo, la potestad sancionadora del Estado es una sola, por lo que el órgano juzgador, en todo caso, deberá tomar en cuenta los principios que la regulan.
En el caso concreto, se imputa que el candidato habrÃa falseado información porque en la hoja de vida no ha declarado la titularidad de una empresa y una experiencia laboral.
Sobre lo primero, el candidato no informó sobre la titularidad de unapequeña empresa, por lo que dicha omisión o inexactitud determina que se ha cometido la infracción. Sin embargo, la gradualidad establecida por el JEE impone una multa no proporcional, que exige su revisión en esta instancia. En efecto, la falta de declaración del citado hecho tiene un impacto social reducido para la adecuada toma de decisión de los electores, por lo que corresponde graduar la sanción bajo esa premisa, de manera prudencial, por el monto mÃnimo. En este contexto, es necesario señalar que, a criterio de este magistrado, la tabla de gradualidad utilizada en múltiples resoluciones del JNE solo tiene carácter referencial, por lo cual, cuando ese mecanismo permite fijar la sanción con proporcionalidad, entonces el suscrito apoyará la resolución; pero cuando no, como en este caso, emitirá un voto particular.
Sobre lo segundo, el candidato no informó sobre unaexperiencia laboral, pero este lo ha negado, señalando que tales designaciones son eminentemente formales, sin que ello necesariamente implique la efectividad de servicios o la existencia de una relación laboral. Pues bien, si se tiene en cuenta que la inscripción registral solo acredita el nombramiento en un cargo, pero no que se haya ejercido, y, en vista de que la autoridad electoral no ha presentado otro medio probatorio (contrato, planillas, desarrollo de la actividad), entonces no se acredita vÃnculo laboral.
En virtud de tales fundamentos,MI VOTOse adhiere a la parte resolutiva, pues igual se reduce la multa a 1 UIT, pero por una distinta motivación.
S.
GONZALES BARRÃN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026066835
PALCA – TARMA – JUNÃN
JEE TARMA (ERM.2026043729)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÃN – MULTA POR HOJA DE VIDA
Lima, 12 de noviembre de 2026
VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por doña Evelyn Alejandra Huaynates Medina, candidata a regidora del Concejo Distrital de Palca, provincia de Tarma, departamento de JunÃn (en adelante, señora recurrente), por la organización polÃtica Batalla Perú (en adelante, OP), en contra de la Resolución N° 01056-2026-JEE-TRMA/JNE del 26 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Tarma (en adelante, JEE), que, entre otros, le sancionó con una multa equivalente a dos con dieciocho (2.18) unidades impositivas tributarias (UIT), por incurrir en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones PolÃticas (en adelante, LOP), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).
OÃdo: el informe oral.
PRIMERO. ANTECEDENTES
1.1.Mediante el Informe N° 000041-2026-NLC-JEETARMA-ERM2026/JNE, del 11 de setiembre de 2026, la fiscalizadora de hoja de vida adscrita al JEE puso en conocimiento que la señora recurrente no declaró en el rubro VIII, âDeclaración jurada de ingresos de bienes y rentas, bienes muebles del declarante y sociedad de ganancialesâ, de su Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante, DJHV) la titularidad de dos mil (2000) acciones nominativas en la persona jurÃdica Coffelen S.A.C. con un valor nominal de S/ 1.00 cada una, que representan un valor total de S/ 2 000.00 (dos mil con 00/100 soles). Asimismo, en relación con el rubro II, âExperiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesionesâ, advirtió que la señora recurrente no declaró su condición de gerente general de la citada persona jurÃdica, inscrita en la Partida Registral N° 13821286.
El fiscalizador obtuvo dicha información a través del Oficio N° 01354-2026-SUNARP/ZRVIIII/UREG/PUB, remitido por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, asà como de la consulta efectuada en la plataforma institucional âSÃguelo Plusâ de la referida entidad.
1.2.Por medio de la Resolución N° 00756-2026-JEE-TRMA/JNE, del 14 de setiembre de 2026, el JEE dispuso iniciar el procedimiento sancionador en contra de la señora recurrente por los rubros II y VIII de su DJHV; a su vez, corrió traslado del Informe N° 000041-2026-NLC-JEETARMA-ERM2026/JNE a la señora recurrente y el personero legal de la OP, a fin de que, en el plazo de un (1) dÃa calendario, realizaran sus respectivos descargos. Dicho pronunciamiento fue notificado a la OP el 15 del mismo mes y año, mediante las Notificaciones N° 443123-2026-TRMA y N° 443125-2026-TRMA, asà como a la señora recurrente el 30 del mismo mes y año, mediante la Notificación N° 443130-2026-TRMA. Sin embargo, no se presentaron dichos descargos.
1.3.Mediante la resolución citada en el visto, el JEE declaró que la señora recurrente incurrió en la infracción al deber de veracidad, respecto a los rubros II y VIII de su DJHV, e impuso la sanción de multa de 2.18 UIT, de conformidad con lo previsto en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP. Asimismo, autorizó la correspondiente anotación marginal y remitió copias de los actuados al Ministerio Público, para que dicha institución actúe conforme a sus atribuciones. Dicho pronunciamiento fue notificado a la OP el 28 del mismo mes y año, mediante la Notificación N° 560259-2026-TRMA.
SEGUNDO. SÃNTESIS DE AGRAVIOS
2.1.El 30 de octubre de 2026, la señora recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución N° 01056-2026-JEE-TRMA/JNE, del 26 de octubre de 2026, sobre la base de los siguientes argumentos:
a)Violación de los numerales 3 y 14 del artÃculo 139 de la Constitución PolÃtica del Perú, debido a que la resolución impugnada considera válidamente notificada a la señora recurrente y declara la preclusión de su derecho a presentar descargos, pese a que la notificación se efectuó por una vÃa excepcional que ya no correspondÃa y en un inmueble distinto del señalado en la propia cédula.
b)Error de hecho: Respecto al rubro II de la DJHV de la señora recurrente, señala que se le sanciona por omitir una ocupación que no ejerció, por cuanto considera que se le atribuye la consignación de un dato inexacto en su DJHV.
c)Error de hecho y de derecho: Respecto al rubro VIII de la DJHV de la señora recurrente, señala que se le imputa falsedad por declarar que no tenÃa acciones, pese a que, según sostiene, estas ya habÃan sido transferidas.
d)Imposición de una sanción desproporcionada e inmotivada.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)
En la Constitución PolÃtica del Perú
1.1.El artÃculo 31 prevé:
ArtÃculo 31.-
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. También tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
1.2.El numeral 4 del artÃculo 178 establece, como atribución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la administración de justicia en materia electoral.
1.3.El artÃculo 181 señala lo siguiente:
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
En la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, LOJNE)
1.4.El literal a del artÃculo 5 preceptúa:
Son funciones del Jurado Nacional de Elecciones:
[â¦]
a. Administrar justicia, en instancia final, en materia electoral;
En la LOP
1.5.El numeral 23.2 del artÃculo 23 precisa que los candidatos que postulen a los cargos referidos en el párrafo 23.1, habiendo o no participado en la elección primaria, están obligados a entregar a la organización polÃtica, al momento de presentar su candidatura a elección primaria o de aceptar por escrito la invitación para postular a los cargos referidos, una DJHV que es publicada en la página web de la respectiva organización polÃtica.
1.6.Los incisos 2 y 8 del numeral 23.3 del artÃculo 23 determinan:
ArtÃculo 23.- Candidaturas sujetas a elecciones primarias
[â¦]
23.3La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
[â¦]
2.Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el sector público y en el privado.
8.Declaración de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios públicos.
1.7.El numeral 23.6 del artÃculo 23 indica:
23.6. En caso de que se hubiera verificado la falsedad de la información prevista en el párrafo 23.3, esta es corregida por el Jurado Nacional de Elecciones, e impondrá al candidato una multa, según la gravedad de la infracción , entre una (1) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artÃculo 36-B. Multa que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cobra coactivamente, sin perjuicio de remitir los actuados al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones.
En la Ley N° 30161, Ley que regula la Presentación de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado
1.8.El artÃculo 3 indica lo siguiente:
ArtÃculo 3. Contenido de la declaración jurada
La declaración jurada contiene debidamente especificados y valorizados, tanto en el paÃs como en el extranjero:
a) Los ingresos, rentas, bienes, ahorros, inversiones, acreencias y pasivos, propios del obligado y comunes del matrimonio, siempre que el régimen patrimonial sea el de sociedad de gananciales.
b) La especificación de derechos o participaciones propios del obligadoy comunes del matrimonio que mantengancon empresas, corporaciones, sociedades, asociaciones, fundaciones o cualquier otra forma asociativa privada, siempre que el régimen patrimonial sea el de sociedad de gananciales [resaltados agregados].
En la declaración jurada se debe especificar que el patrimonio declarado es el único de propiedad del obligado y de la sociedad de gananciales a la fecha de dicha declaración.
Para efecto del contenido de la declaración jurada, se da el mismo trato que al matrimonio, a la unión de hecho constituida conforme a la disposición del artÃculo 326 del Código Civil.
En el Código Civil
1.9.En el numeral 8 del artÃculo 886 prescribe que son bienes muebles â[l]as acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a estas pertenezcan bienes inmueblesâ.
En la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades (en adelante, LGS)
1.10.Los artÃculos 92 y 238 señalan:
ArtÃculo 92.- MatrÃcula de acciones
[â¦]
En la matrÃcula se anotan también las transferencias, los canjes y desdoblamientos de acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas, las limitaciones a la transferencia de las acciones y los convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas.
[â¦]
ArtÃculo 238.- Consentimiento por la sociedad
El estatuto puede establecer que toda transferencia de acciones o de acciones de cierta clase quede sometida al consentimiento previo de la sociedad, que lo expresará mediante acuerdo de junta general adoptado con no menos de la mayorÃa absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
[resaltados agregados]
En el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 20261(en adelante, Reglamento de Inscripción)
1.11.El articulo 19 determina:
ArtÃculo 19.- Disposiciones sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los candidatos
[â¦]
La información contenida en el Formato Ãnico de DJHV es de exclusiva responsabilidad de cada candidato,para lo cual da fe de la veracidad de su contenido a través del documento señalado en el Anexo 1 del presente reglamento, el cual debe contar con la huella dactilar del Ãndice derecho y firma del candidato [resaltado agregado].
Aun cuando el personero legal de la organización polÃtica es el encargado de registrar los Formatos Ãnicos de DJHV de los candidatos, corresponde a estos últimos:
a. Verificar oportunamente si la información que contiene la DJHV es auténtica, está completa y ha sido actualizada.
b. Asumir las consecuencias jurÃdicas que se deriven de haber consignado información falsa, incompleta o no actualizada en la DJHV que registre el personero legal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieran al personero legal.
El Anexo 1, en documento original, queda en custodia del personero legal de la organización polÃtica que imprime su firma digital en la DJHV, y en caso de que el JEE, JNE u otra autoridad requiera su presentación fÃsica, debe hacer entrega de este.
1.12.Los numerales 30.5 y 30.7 del artÃculo 30 establecen:
ArtÃculo 30.- Documentos requeridos para solicitar la inscripción de fórmulas y listas de candidatos
Para solicitar la inscripción de la fórmula y la lista de candidatos ante el JEE competente, se requieren los siguientes documentos:
[â¦]
30.5El Formato Ãnico de DJHV de cada uno de los candidatos, registrado en el sistema DECLARA+, conforme con el Reglamento de la DJHV.
[â¦]
30.7La declaración jurada (Anexo 1) de cada candidato de:
a.Consentimiento de participación en las ER 2026.
a.Veracidad del contenido del Formato Ãnico de DJHV.
a.De no tener deuda pendiente con el Estado ni con personas naturales, por reparación civil, establecida judicialmente.
[â¦]
El JEE comprueba la veracidad de la información presentada, conforme a sus atribuciones. El original de los documentos digitalizados en archivo PDF queda en custodia del personero legal de la organización polÃtica, y en caso de requerÃrsele su presentación fÃsica por el JEE, JNE u otra autoridad, debe hacer entrega de este, bajo apercibimiento, en caso de negativa, de remitir copias al Ministerio Público, para el inicio de las acciones penales a que haya lugar.
En el Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Regionales y Municipales 20262(en adelante, Reglamento de la DJHV)
1.13.Los literales g y m del artÃculo 6 contemplan:
ArtÃculo 6.- Datos de la DJHV
La DJHV debe registrar los siguientes datos:
[â¦]
g.Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el sector público y/o en el privado, o si no las tuviera.
[â¦]
m.Declaración de bienes y rentas de acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios públicos, correspondiente al año fiscal anterior inmediato a la fecha de presentación de las solicitudes de inscripción.
1.14.El artÃculo 16 refiere lo siguiente:
ArtÃculo 16.- Infracción contemplada en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP
En atención a lo prescrito en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, ante la verificación de la existencia de falsedad de la información prevista en el numeral 23.3 del artÃculo 23 de la LOP, se procede de la siguiente manera:
a. Corrección en la DJHV del candidato.
b. Imposición de una multa, según la gravedad de la infracción, entre una (1) y diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT) de conformidad con los criterios de gradualidad establecidos en el artÃculo 36-B de la LOP. Multa que el JNE cobra coactivamente.
c. Remisión de los actuados al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones.
1.15.El artÃculo 23 determina lo siguiente:
ArtÃculo 23.- Determinación de infracción e imposición de sanción de multa
23.1.El JEE califica el informe del SFHV y los anexos en el término de un (1) dÃa calendario.
23.2.De considerar que los hechos descritos configuran la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, el JEE, mediante resolución, dispone el inicio del procedimiento sancionador y corre traslado de los actuados al personero legal de la organización polÃtica y al presunto infractor para que efectúen sus descargos en el término de un (1) dÃa calendario. Esta resolución es inimpugnable. Si al calificar el informe los hechos descritos no configuran la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, el JEE dispone, mediante resolución motivada, el archivo del expediente. Esta resolución es inimpugnable.
23.3.Vencido el plazo, con los descargos o sin ellos y en el término no mayor a tres (3) dÃas calendario, el JEE, sin audiencia pública, se pronuncia sobre la existencia o no de la infracción.
23.4.La resolución determina la existencia de la infracción y la imposición de una multa de entre una (1) y diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT), la multa se efectúa en observancia de lo previsto en el artÃculo 24 del presente reglamento.
23.5.La resolución que impone una sanción de multa puede ser apelada dentro del plazo de tres (3) dÃas calendario contados a partir del dÃa siguiente de su publicación en el portal electrónico institucional del JNE.
23.6.Contra lo resuelto por el Pleno del JNE no procede la interposición de recurso impugnatorio alguno.
1.16.El artÃculo 24 señala lo siguiente:
ArtÃculo 24.- Graduación de la sanción de multa
El JEE competente determinará la multa conforme a los siguientes criterios:
a)La naturaleza del cargo al cual postula el infractor.
b)El número de votantes de la circunscripción electoral a la cual postula el infractor.
1.17.El artÃculo 26 dispone lo siguiente:
ArtÃculo 26.- Sanción y ejecución de la multa
Ante la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP, el JEE impone al candidato la sanción de una multa entre una (1) y diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT), previa aplicación de los criterios de graduación contemplados en el artÃculo 24 del presente reglamento, según corresponda. La derivación a la Unidad de Cobranza del expediente sancionador para su ejecución, debe realizarse dentro de un plazo no mayor a 5 dÃas hábiles de haber quedado consentida o ejecutoriada la sanción, y debe remitirse el original del expediente o copia certificada del mismo.
1.18.El artÃculo 27 determina:
ArtÃculo 27.- Remisión de los actuados al Ministerio Público
Independientemente de la imposición de las sanciones previstas en el presente reglamento, el JEE o el JNE pueden disponer la remisión de los actuados al Ministerio Público, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
1.19.El artÃculo 30 señala:
ArtÃculo 30.- Notificaciones
30.1. La notificación de los pronunciamientos del JEE y del JNE se realiza conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales mediante casilla electrónica.
30.2. La notificación debe efectuarse entre las 08:00 y 20:00 horas. Fuera de dicho horario, se entenderá por notificado con el respectivo pronunciamiento al dÃa siguiente. Excepcionalmente, el Pleno del JNE puede habilitar la ampliación de los horarios de notificación.
30.4. La notificación de los pronunciamientos que emita el JEE debe realizarse de forma simultánea mediante la publicación en el portal institucional del JNE y en la casilla electrónica.
30.5. En lo concerniente al numeral 23.2 del artÃculo 23 del presente reglamento, en caso de no contar con casilla electrónica activa, por única vez, se notificará al presunto infractor en el domicilio consignado en el DNI. En caso de no obtener su casilla electrónica, para las actuaciones posteriores se da por válidamente notificado con la publicación de las resoluciones en el portal electrónico institucional del JNE.
En el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales3(en adelante, Reglamento)
1.20.El artÃculo 14 regula lo siguiente:
ArtÃculo 14.- Sujetos obligados al uso de la casilla electrónica
Todas las partes de los procesos jurisdiccionales -electorales y no electorales- son notificadas con los pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales emitidos por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas.
En caso de que la casilla electrónica de los sujetos antes mencionados se encuentre inhabilitada o desactivada, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o actuación jurisdiccional a través de su publicación en el portal institucional del JNE, surtiendo efectos legales a partir del dÃa hábil o calendario siguiente de su publicación, en los vÃnculos que se indican a continuación:
SEGUNDO. ANÃLISIS DEL CASO CONCRETO
Del caso concreto
2.1.El artÃculo 31 de la Constitución PolÃtica del Perú (ver SN 1.1.), si bien reconoce el derecho de los ciudadanos a ser elegidos a cargos de elección popular, también determina que este derecho debe ser ejercido de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por ley orgánica. En esta medida, el ejercicio del derecho a la participación polÃtica, en su vertiente activa, se encuentra condicionado al cumplimiento de determinadas normas preestablecidas.
2.2.En el presente caso, el JEE sancionó al señor recurrente con una multa equivalente a 2.18 UIT, por haber declarado información falsa en los rubros II y VIII de su DJHV. Por tanto, incurrió en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP.
Respecto a los agravios fundamentados por la señora recurrente
2.3.Ahora bien, la señora recurrente sostiene como agravios que la violación de los numerales 3 y 14 del artÃculo 139 de la Constitución PolÃtica del Perú, debido a que la resolución impugnada considera válidamente notificada a la señora recurrente y declara la preclusión de su derecho a presentar descargos, pese a que la notificación se efectuó por una vÃa excepcional que ya no correspondÃa y en un inmueble distinto del señalado en la propia cédula.
2.4.En ese contexto, de la revisión de los actuados se advierte que, mediante la Resolución N° 00756-2026-JEE-TRMA/JNE, del 14 de setiembre de 2026, el JEE dispuso el inicio del procedimiento sancionador contra la señora recurrente por la presunta comisión de la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP (ver SN 1.7.); asimismo, corrió traslado del Informe N° 000041-2026-NLC-JEETARMA-ERM2026/JNE al personero legal de la OP y la señora recurrente para la presentación de los respectivos descargos, conforme al numeral 23.2 del artÃculo 23 del Reglamento de la DJHV (ver SN 1.15.).
2.5.Ahora bien, respecto a lo alegado por el señor recurrente sobre notificación efectuada por una vÃa excepcional que no correspondÃa, se advierte que la Notificación N° 443130-2026-TRMA fue generada el 15 de septiembre de 2026, fecha en la que la señora recurrente aún no contaba con una casilla electrónica, la cual fue generada el 25 del mismo mes y año; sin embargo, la notificación se diligenció fÃsicamente el 30 de septiembre de 2026, pese a que, para entonces, la señora recurrente ya contaba con una casilla electrónica. Asimismo, de la revisión de la referida notificación, se advierte que el notificador consignó la siguiente anotación âNOTA: SE BUSCà LA DIRECCIÃN, PERO SE LLEGà A ESTA SEGÃN INDICACIONES DE LOS VECINOS QUE POSIBLEMENTE ES LA CASA SEGÃN EL DATO DE LA DIRECCIÃN Y SE DEJà EL DOCUMENTOâ; de lo cual se desprende que no existe certeza respecto de la correcta ubicación del domicilio de la señora recurrente, toda vez que el notificador llegó al inmueble guiándose por las indicaciones proporcionadas por los vecinos. En ese sentido, correspondÃa que el JEE adoptara las medidas necesarias para efectuar una notificación válida, a fin de garantizar que la señora recurrente pudiera ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
2.6.Sin perjuicio de la irregularidad advertida en la notificación, se verifica que, en sede de apelación, la señora recurrente ha ejercido su derecho de contradicción al exponer los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales cuestiona la infracción atribuida, asà como señalar los medios probatorios que considera pertinentes para sustentar su pretensión. En ese contexto, en ejercicio de la potestad constitucional del Jurado Nacional de Elecciones de fiscalizar la legalidad de los procesos electorales y administrar justicia en materia electoral, prevista en el numeral 4 del artÃculo 178 de la Constitución PolÃtica del Perú y desarrollada en el literal a del artÃculo 5 de la LOJNE (ver SN 1.2. y 1.4.), y en observancia de los principios de celeridad y economÃa procesal, este órgano colegiado considera, de manera excepcional, que corresponde realizar una valoración integral de los actuados.
2.7.En el presente caso, el JEE determinó que la señora recurrente omitió consignar en su DJHV información relativa a la titularidad de acciones y al ejercicio del cargo en una persona jurÃdica. En concreto, en el rubro VIII, omitió declarar dos mil (2000) acciones nominativas, con un valor nominal de S/ 1.00 cada una, que ascienden a un total de S/ 2 000.00 (dos mil con 00/100 soles) en la persona jurÃdica Coffelen S.A.C. De igual modo, en el rubro II, omitió declarar su condición de gerente general de la citada persona jurÃdica, inscrita en la Partida Registral N° 13821286. Por tales omisiones, el JEE le impuso una multa equivalente a 2.18 UIT, autorizó la correspondiente anotación marginal y remitió copias de los actuados al Ministerio Público, para que dicha institución actúe conforme a sus atribuciones.
2.8.Ahora bien, sobre la importancia de las DJHV, este Supremo Tribunal Electoral, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que estas se erigen en una herramienta sumamente útil y de gran trascendencia en el marco de todo proceso electoral, por cuanto se procura que, al acceder a ellas, el ciudadano pueda formar su decisión y emitir su voto de manera responsable, informada y razonada, con base en los planes de gobierno y en la trayectoria democrática, académica, profesional y ética de los candidatos que integran las listas presentadas por las organizaciones polÃticas.
2.9.AsÃ, estas coadyuvan al proceso de formación de la voluntad popular; por ello, no solo se requiere optimizar el principio de transparencia en torno a estas, sino también implementar mecanismos que aseguren que se registre toda la información solicitada y la veracidad de su contenido. Esto acarrea el establecimiento de dispositivos de prevención general como las sanciones de exclusión de candidatos y multas que disuadan de omitir información relevante o consignar datos falsos en sus declaraciones, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
2.10.Al respecto, el artÃculo 6 del Reglamento de la DJHV establece, entre la información que debe registrarse, las experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones que el candidato hubiese tenido en el sector público y en el privado, asà como la declaración de bienes y rentas de acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios públicos, conforme a sus literales g y m, respectivamente (ver SN 1.13.).
2.11.Sobre el particular, el señor recurrente señala que, respecto al rubro VIII, se le imputa falsedad por declarar que no tenÃa acciones, pese a que, según sostiene, estas ya habÃan sido transferidas; asimismo, en cuanto al rubro II, cuestiona que se le atribuya la omisión de una ocupación que nunca ejerció, por cuanto considera que no corresponde imputarle la consignación de información inexacta en su DJHV.
2.12.En ese marco, corresponde precisar que cada candidato es responsable de consignar información veraz y completa en su DJHV, por lo que se debe verificar que la información declarada se ajuste a lo dispuesto en los incisos 2 y 8 del numeral 23.3 del artÃculo 23 de la LOP (ver SN 1.6.).
Respecto del rubro VIII
2.13.Ahora bien, el inciso 8 del numeral 23.3 del artÃculo 23 de la LOP contempla dicha obligación (ver SN 1.6.); asimismo, el literal b del artÃculo 3 de la Ley N° 30161 dispone que deben declararse los derechos o participaciones mantenidos en personas jurÃdicas (ver SN 1.8.), mientras que el numeral 8 del artÃculo 886 del Código Civil reconoce a las acciones y participaciones como bienes muebles (ver SN 1.9.). Por lo tanto, independientemente de la actividad comercial activa o inactiva de la sociedad, el legislador estableció que dichos bienes muebles (acciones y participaciones) debÃan ser declarados por los candidatos. En ese sentido, en el Formato Ãnico de DJHV, aprobado por el JNE, se incluyó un apartado expreso y especÃfico en el cual los candidatos debÃan consignar la referida información.
2.14.De la información remitida por la Sunarp, se acredita indubitablemente que la señora recurrente registra dos mil (2000) acciones nominativas en la persona jurÃdica Coffelen S.A.C., con un valor nominal de S/ 1.00 cada una, lo que representa un monto total de S/ 2 000.00 (dos mil con 00/100 soles). Por su parte, la señora recurrente señala en su recurso de apelación que transfirió la totalidad de dichas acciones antes de la presentación de su DJHV.
2.15.Ahora bien, el Tribunal Registral de la Sunarp, en el Acta del LIV Pleno Registral – Modalidad Presencial, en la sesión del 18 de diciembre de 2009, ha establecido que:
La transferencia de acciones no es inscribible en el Registro público. Se anota en la matrÃcula de acciones que lleva la sociedad. Asà lo dispone el artÃculo 92 de la LGS. Asimismo, el art. 91 de la LGS dispone que la sociedad considera propietaria de la acción a quien aparezca como tal en la matrÃcula de acciones. [â¦].
La transferencia de acciones es un acto privado del accionista a favor de otro accionista o de un tercero, que no tiene incidencia alguna en el estatuto [â¦]. AsÃ, el art. 69 del RRS, al regular el contenido del asiento de inscripción del aumento de capital, no dispone que deba contener la nueva distribución de acciones a consecuencia del aumento de capital.
2.16.Asà mismo, el artÃculo 92 de la LGS (ver SN 1.10.) establece que las transferencias de acciones se anotan en la MatrÃcula de Acciones, la misma que se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto. En ese sentido, la norma exige que, la transferencia de acciones de una sociedad sea anotada en el Libro de MatrÃcula de Acciones de la sociedad, por lo que resulta ser este el documento idóneo para acreditar una transferencia de acciones de una sociedad.
2.17.De la revisión de los actuados, se advierte que, mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2026, la señora recurrente adjuntó los siguientes documentos:
– Contrato de Donación de Acciones con Cargo, de 18 de setiembre de 2023, celebrado entre la señora recurrente, en calidad de donante, y doña Katherine Karoline Mogollón Córdoba, en calidad de donataria, respecto de 2,000 acciones de la empresa Coffelen S.A.C., cuyas firmas fueron certificadas por el juez de paz del distrito de Palca; asà como las copias de los documentos nacionales de identidad de ambas partes.
– Declaración Jurada – Acciones de Coffelen S.A.C., suscrita por doña Katherine Karoline Mogollón Córdoba, en calidad de donataria, el 12 de noviembre de 2026, con firma certificada en la misma fecha por notario público.
2.18.Sobre el particular, si bien los documentos presentados por la señora recurrente tienen por finalidad acreditar la transferencia de las acciones de su titularidad en la empresa Coffelen S.A.C., se advierte que no se adjuntó el Libro de MatrÃcula de Acciones de dicha persona jurÃdica, documento que, conforme al artÃculo 92 de la LGS (ver SN 1.10.), permite verificar la titularidad de las acciones y registrar las transferencias efectuadas. Al respecto, cabe señalar que, si bien la señora recurrente no tuvo oportunidad de presentar sus descargos ante el JEE, al interponer el recurso de apelación contó con la posibilidad de aportar los medios probatorios pertinentes para sustentar su cuestionamiento; sin embargo, tampoco presentó el referido libro.
2.19.En ese sentido, los documentos aportados no permiten corroborar, por sà solos, que la transferencia alegada haya sido efectivamente registrada ni determinar la titularidad accionaria de la señora recurrente a la fecha de presentación de su DJHV. Asimismo, no obra en autos el estatuto social de Coffelen S.A.C., por lo que tampoco es posible verificar si la transferencia de acciones se encontraba sujeta al consentimiento previo de la sociedad, conforme a lo previsto en los artÃculos 92 y 238 de la LGS (ver SN 1.10.). Por consiguiente, no se cuenta con elementos probatorios suficientes que permitan acreditar la transferencia alegada y, con ello, desvirtuar la titularidad accionaria atribuida a la señora recurrente.
2.20.AsÃ, corresponde precisar que, de conformidad con el inciso 2 del numeral 23.3 del artÃculo 23 de la LOP (ver SN 1.5.), la señora recurrente tenÃa la obligación de declarar expresamente, en el rubro VIII de su DJHV, las acciones de las que es titular, independientemente de la fecha de constitución de la persona jurÃdica o de su situación tributaria. En efecto, la baja de oficio ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria o la inactividad económica de la sociedad no extinguen ni enervan la obligación de declarar las participaciones societarias vigentes, toda vez que la DJHV debe reflejar la situación patrimonial de la señora recurrente a la fecha de su presentación. Por consiguiente, al haberse omitido dicha información, se configura el supuesto de información falsa previsto en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP (ver SN 1.7.).
Respecto del rubro II
2.21.Sobre el particular, la señora recurrente sostiene que se le sanciona por omitir declarar una ocupación que, según afirma, nunca ejerció, por lo que considera que se le atribuye indebidamente la consignación de información inexacta en su DJHV. Al respecto, de la revisión de la información registral, se advierte que fue designada gerente general de la persona jurÃdica Coffelen S.A.C., inscrita en la Partida Registral N° 13821286.
2.22.Al respecto, el ejercicio de cargos de dirección o administración en una persona jurÃdica constituye información relevante sobre la trayectoria profesional y ocupacional del candidato, por lo que su declaración resulta obligatoria conforme al inciso 2 del numeral 23.3 del artÃculo 23 de la LOP (ver SN 1.6.). En ese sentido, los argumentos de la señora recurrente, referidos a que no ejerció materialmente las funciones inherentes a al cargo gerencial observado, no desvirtúa dicha obligación, toda vez que la respectiva designación se encuentra inscrita en Sunarp. Asimismo, cabe precisar que la consignación de dicha información en el rubro II de la DJHV no constituye información inexacta, en tanto se encuentra respaldada por los asientos registrales correspondientes -Partida Registral N° 13821286-, los cuales acreditan la designación de la señora recurrente en el referido cargo. Además, este criterio ha sido desarrollado en la jurisprudencia de este Supremo Tribunal Electoral.
2.23.Cabe precisar que la obligación de consignar información veraz y completa en la DJHV recae personalmente en cada candidato, quien debe verificar la veracidad de la información declarada antes de su presentación, conforme a lo establecido en el artÃculo 19 del Reglamento de Inscripción (ver SN 1.11.). En ese sentido, al suscribir el Anexo 11, la señora recurrente declaró bajo juramento que la información consignada en su DJHV era veraz. Por consiguiente, al no declarar la información correspondiente a los rubros II y VIII de su DJHV, pese a que esta consta en los registros públicos, evidencia el incumplimiento de su deber de declaración. Asimismo, los argumentos expuestos por la señora recurrente no enervan su obligación de consignar la información exigida por la normativa electoral.
2.24.En ese sentido, el JEE, en ejercicio de sus atribuciones, determinó que la señora recurrente incurrió en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la LOP y le impuso la multa correspondiente a 2.18 UIT, además, dispuso la anotación marginal y la remisión de los actuados conforme al trámite previsto en el Reglamento de la DJHV (ver SN 1.14.,1.15., 1.16., 1.17. y 1.18.).
Respecto al monto de la sanción
2.25.En ese marco, respecto al argumento de la señora recurrente referido a que la sanción impuesta resulta desproporcionada e inmotivada, corresponde señalar que el JEE aplicó la tabla de graduación de la multa aprobada por este órgano colegiado en el Expediente N° EG.20260292114, elaborada teniendo en consideración las disposiciones contenidas en los artÃculos 23 y 36-B de la LOP y los criterios reglamentarios previstos en el artÃculo 24 del Reglamento de la DJHV, entre ellos, la naturaleza del cargo al que postula el candidato y el número de votantes de la circunscripción electoral correspondiente. A partir de ello, el JEE efectuó un análisis integral para determinar la cuantÃa de la sanción, considerando la trascendencia de la infracción, la existencia de múltiples rubros afectados, de ser el caso, la eventual concurrencia de acciones adicionales de ocultamiento indebido y la verificación de circunstancias atenuantes. Por tanto, este órgano colegiado considera que el monto de la sanción se encuentra dentro de los parámetros normativamente establecidos y resulta proporcional a la infracción determinada, no advirtiéndose arbitrariedad o exceso en su imposición.
2.26.En atención a lo expuesto, se concluye que el JEE actuó conforme a la normativa electoral vigente, respetando el debido procedimiento, el principio de tipicidad y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que corresponde desestimar el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en grado.
2.27.Finalmente, se precisa que la notificación del presente pronunciamiento debe diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.16.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto en minorÃa del señor magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE, POR MAYORÃA
1.DeclararINFUNDADOel recurso de apelación interpuesto por doña Evelyn Alejandra Huaynates Medina, candidata a regidora del Concejo Distrital de Palca, provincia de Tarma, departamento de JunÃn; y, en consecuencia,CONFIRMARla Resolución N° 01056-2026-JEE-TRMA/JNE, del 26 de octubre de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Tarma, que, entre otros, le sancionó con una multa equivalente a dos con dieciocho (2.18) unidades impositivas tributarias (UIT), por incurrir en la infracción prevista en el numeral 23.6 del artÃculo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones PolÃticas, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
2.DISPONERque el Jurado Electoral Especial de Tarma continúe con el trámite correspondiente.
3.PRECISARque los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales, aprobado con la Resolución N° 0830- 2025-JNE.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese a través de la SecretarÃa General. Interviene como ponente el señor magistrado Aarón Oyarce Yuzzelli.
SS.
BURNEO BERMEJO
TORRES CORTEZ
OYARCE YUZZELLI
Clavijo Chipoco
Secretaria General
Expediente N° ERM.2026066835
PALCA – TARMA – JUNÃN
JEE TARMA (ERM.2026043729)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026
APELACIÃN – MULTA POR HOJA DE VIDA
Lima, 12 de noviembre de 2026
EL VOTO EN MINORÃA DEL SEÃOR MAGISTRADO GUNTHER HERNÃN GONZALES BARRÃN, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
En el presente caso, la notificación dirigida al señor candidato señala que âposiblemente se trata de su domicilioâ, por lo que el propio notificador carece de certeza sobre su correcta realización; por tanto, en vista de que se trata de una garantÃa procesal básica, que no ha sido respetada, entonces se pone en cuestionamiento el derecho de defensa del que goza toda persona (inciso 3 del artÃculo 139 de la Constitución PolÃtica del Perú), pues aunque se hayan efectuado algunos actos en tal sentido, no se puede determinar si ello constituye una defensa eficaz o no, en atención a la defectuosa notificación del acto inicial. Por tales fundamentos,mi votoes por declararNULOtodo lo actuado, incluso la resolución apelada, hasta regularizar el vicio anotado.
S.
GONZALES BARRÃN
Clavijo Chipoco
Secretaria General
2575561-1
Lima, 17 de noviembre de 2026
El Superintendente de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artÃculo 347 y el numeral 1 del artÃculo 349 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias (en adelante, la Ley General), corresponde a la Superintendencia autorizar la organización y funcionamiento de las empresas sujetas a su supervisión, asà como dictar las normas necesarias para el adecuado ejercicio de dicha función;
Que, en el artÃculo 9 de la Ley General se reconoce la facultad de las empresas para determinar las comisiones aplicables a sus operaciones, observando el marco normativo vigente y los principios de transparencia y protección del usuario;
Que, en el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado por la Resolución SBS Nº 3274-2017, se establece que las comisiones corresponden a cargos por servicios adicionales y/o complementarios a las operaciones contratadas por los usuarios, siempre que hayan sido previamente acordados y efectivamente prestados;
Que, en el Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero, aprobado por la Resolución SBS Nº 3748-2021, se establece las categorÃas, denominaciones y conceptos de las comisiones y gastos que pueden aplicar las empresas del sistema financiero;
Que, la innovación en la prestación de servicios financieros y la evolución del mercado vienen propiciando el desarrollo de nuevos modelos de negocio por parte de las empresas del sistema financiero, incluyendo la oferta de planes que agrupan diversos servicios financieros y no financieros, siendo que estos últimos son también parte de los servicios de la membresÃa anual de las tarjetas de crédito, por lo que se considera necesario actualizar el marco normativo a fin de incorporar disposiciones con respecto a dichos planes y la aplicación de cargos asociados, asà como a los servicios que comprende la membresÃa, fortaleciendo la transparencia hacia los usuarios para que estos adopten decisiones informadas;
Que, resulta necesario establecer las condiciones mÃnimas de acceso a dichos servicios, asà como para su aprobación y uso, garantizando asà que los usuarios puedan utilizar las prestaciones comprendidas en el plan sin enfrentar barreras económicas indebidas;
Que, en tal sentido, corresponde establecer que las empresas del sistema financiero que implementen planes de servicios deben ofrecer una opción libre de costo, a fin de compatibilizar la evolución e innovación de la oferta comercial con condiciones mÃnimas de acceso para los usuarios financieros;
Que, adicionalmente, considerando que la disposición de efectivo es un servicio inherente a los productos activos, corresponde garantizar la existencia de un canal libre de costo para la realización de esta operación;
Que, a efectos de recoger las opiniones del público en general, se dispuso la prepublicación del proyecto mediante Resolución SBS Nº 2275-2026, al amparo de lo dispuesto en la Trigésima Segunda Disposición Final y Complementaria de la Ley General, asà como del Decreto Supremo Nº 009-2024-JUS;
Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y Microfinanzas, y de Regulación y JurÃdica, y por la Gerencia de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera y,
En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 7 y 9 del artÃculo 349 de la Ley General;
RESUELVE:
ArtÃculo Primero.-Modificar el numeral 1 del artÃculo 16 y el literal e) del numeral 1 del párrafo 17.2 del artÃculo 17, e incorporar el párrafo 17.4 en el artÃculo 17 y un segundo párrafo en el párrafo 19.1 del artÃculo 19 del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado por Resolución SBS Nº 3274-2017 y sus modificatorias, en los siguientes términos:
âArtÃculo 16.-Comisiones y gastos
Las comisiones y gastos se determinan de conformidad con lo establecido en el artÃculo 9 de la Ley General. La aprobación de dichos cargos se desarrolla en el Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero:
1. Las comisiones son cargos por servicios adicionales y/o complementarios a las operaciones contratadas por los usuarios, que hayan sido previamente acordados y efectivamente prestados por las empresas según lo pactado.
(â¦)
ArtÃculo 17.-Aplicación de comisiones y gastos
(â¦)
17.2 Sobre el particular, debe observarse los siguientes criterios:
1. Respecto de los productos activos, tanto en el caso de nuevos productos, como por refinanciamiento o reestructuración de créditos, se entiende por servicios esenciales y/o inherentes a:
(â¦)
e) La existencia de un canal libre de costo para efectuar disposiciones de efectivo, independientemente del canal de contratación.
(â¦)
17.4 Las empresas pueden implementar planes de servicios sujetos a comisión, conformados por servicios financieros y no financieros, según lo establecido en el Anexo Nº 1 del Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero; debiendo ofrecer a los usuarios una opción libre de costo e informar de manera previa a la contratación de cualquier plan de servicios sobre la existencia de dicha opción, asà como conservar el sustento del cumplimiento de esta obligación.
ArtÃculo 19.-Difusión de tasas de interés, comisiones, gastos, productos y servicios
19.1
(â¦)
Tratándose de planes de servicios, se deberá presentar la relación de servicios financieros incluidos en el plan, conforme a los conceptos establecidos en el Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero, según resulte aplicable. Asimismo, se debe precisar los lÃmites y/o condiciones aplicables a dichos servicios, en caso corresponda.â
ArtÃculo Segundo.-Modificar el Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución SBS Nº 3748-2021 y sus modificatorias, de acuerdo con lo siguiente:
1. Incorporar el párrafo 4.5 al artÃculo 4, según el siguiente texto:
âArtÃculo 4.-Aprobación de comisiones y gastos
(â¦)
4.5. La aprobación de comisiones por planes de servicios comprende a cada una de las comisiones y/o gastos incluidos en el plan, correspondientes a las categorÃas, denominaciones y descripciones previstas en los Anexos Nº 1 y Nº 2 del Reglamento.
Cualquier modificación de los servicios financieros de un plan requiere aprobación previa de la Superintendencia, de acuerdo con los formatos de informes puestos a disposición de las empresas y con el procedimiento aplicable previsto en el presente Reglamento y en los Oficios Múltiples emitidos, conforme corresponda.
2. Modificar la descripción de los servicios incluidos de la comisión âMembresÃa anualâ del rubro A) Tarjeta de crédito, asà como incorporar la comisión denominada âPlan de serviciosâ en el rubro E) Servicios transversales del Anexo Nº 1, en los siguientes términos:
A) TARJETA DE CRÃDITO
E) SERVICIOS TRANSVERSALES A LOS PRODUCTOS LISTADOS EN EL PRESENTE ANEXO
(â¦)â
ArtÃculo Tercero.-La presente resolución entra en vigencia al dÃa siguiente de su publicación. Las empresas cuentan con un plazo de adecuación de ciento ochenta dÃas (180), contado desde dicha fecha, para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución.
RegÃstrese, comunÃquese y publÃquese.
SERGIO JAVIER ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente de Banca, Seguros y AFP
2575394-1
Abancay, 9 de noviembre de 2026
VISTO:
El Informe N° 0398-2026-GR-DREM-APURIMAC/SDM-ACM/AJ-CRCS, de fecha 09 de noviembre de 2026, emitido por el Ãrea de Concesiones Mineras de la Dirección Regional de EnergÃa y Minas de ApurÃmac, sobre los tÃtulos de concesiones mineras otorgados en el mes de marzo, abril, mayo, junio, agosto, setiembre y octubre de 2026; y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artÃculo 124° del Texto Ãnico Ordenado de la Ley General de MinerÃa, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, establece se publicará mensualmente en el Diario Oficial âEl Peruanoâ, por una sola vez, la relación de concesiones mineras cuyos tÃtulos hubieran sido aprobados en el mes anterior;
Que, el Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremos N° 020-2020-EM, en su artÃculo 19°, numeral n) señala que son funciones del Gobierno Regional, publicar en el Diario Oficial âEl Peruanoâ la relación de concesiones mineras cuyos tÃtulos hubiera aprobado el mes anterior;
Que, el artÃculo 38° del Decreto Supremo N° 020-2020-EM, Reglamento de Procedimientos Mineros; establece que para efectos de lo dispuesto en el artÃculo 124° de la Ley General de MinerÃa, la autoridad competente, dentro de los primeros quince (15) dÃas de cada mes, publicará en el Diario Oficial âEl Peruanoâ la relación de las concesiones mineras cuyos tÃtulos hubieren sido otorgados durante el mes inmediato anterior.
De conformidad con lo dispuesto por el artÃculo 124° del Texto Ãnico Ordenado de la Ley General de MinerÃa, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, el artÃculo 19° y 38° del Decreto Supremo N° 020-2020-EM, que aprueba el Reglamento de Procedimientos Mineros, el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno Regional de ApurÃmac, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 015-2011-GR-APURIMAC/CR, modificado por Ordenanza Regional N° 001-2018-GR-APURIMAC/CR;
SE RESUELVE:
ArtÃculo Ãnico.-PublÃquese en el Diario Oficial âEl Peruanoâ las concesiones mineras cuyos tÃtulos fueron aprobados en el mes de marzo, abril, mayo, junio, agosto, setiembre, octubre de 2026, por esta Dirección Regional de EnergÃa y Minas, de acuerdo al anexo adjunto que es parte integrante de la presente resolución y para los efectos a que se contraen los artÃculos 124° del Decreto Supremo N° 014-92-EM y 38° del Decreto Supremo N°020-2020-EM. Asimismo, la presente resolución se publicará en el Portal Institucional de la Dirección Regional de EnergÃa y Minas de ApurÃmac (www.dremapurimac.gob.pe).
RegÃstrese, publÃquese y comunÃquese.
JOSÃ RAÃL FARFÃN PORTUGAL
Director Regional
Dirección Regional de EnergÃa y Minas
NOMENCLATURA: A)NOMBRE DE LA CONCESIÃN,B)CÃDIGO,C)NOMBRE DEL TITULAR,D)NÃMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÃN DIRECTORAL,E)ZONA,F)COORDENADAS UTM WGS 84 DE LOS VÃRTICES (EXPRESADO EN MILES),G)DERECHOS MINEROS A RESPETAR, NOMBRE Y CÃDIGO;
1A) JUAN ANDIA13, B) 53-00045-17, C) JUAN CARLOS ANDIA MEDINA, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°065-2026-GR-DREM-APURIMAC, 12/03/2026, E)18, F) V1: N8 497, E666, V2: N8 496, E666, V3: N8 496, E665, V4: N8 497, E665, G) No tiene derechos mineros por respetar;2A) APUPARCCALLA, B) 53-00012-25, C) ROSA ISABEL NUÃEZ MOREANO, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°070-2026-GR-DREM-APURIMAC, 16/03/2026, E)18, F) V1: N8 475, E714, V2: N8 472, E714, V3: N8 472, E712, V4: N8 475, E712, G) No tiene derechos mineros por respetar;3A) RUBIA II, B) 53-00040-25, C) S.M.R.L. RUBIA II, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°096-2026-GR-DREM-APURIMAC, 08/04/2026, E)18, F) V1: N8 450, E758, V2: N8 448, E758, V3: N8 448 E757, V4: N8 449, E757, V5: N8 449 E756, V6: N8 448, E756, V7: N8 448 E755, V8: N8 450, E755, G) INCASOL DE CURPAHUASI 2015, 010001315;4A) COMEXDA, B) 53-00077-24, C) COMPAÃÃA MINERA EXTRACTORA DE AGREGADOS S.C.R.L., D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°105-2026-GR-DREM-APURIMAC, 17/04/2026, E)18, F) V1: N8 482, E725, V2: N8 481, E725, V3: N8 481, E724, V4: N8 482, E724, G) MIRANDA ARTURO, 040005506;5A) QURIBOTINGA, B) 53-00139-25, C) GRUPO FUTURA E.I.R.L., D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N° 144-2026-GR-DREM-APURIMAC, 25/05/2026, E)18, F) V1: N8 494, E634, V2: N8 492, E634, V3: N8 492, E631, V4: N8 494, E631, G) No tiene derechos mineros por respetar;6A) LA PRINCESITA, B) 53-00094-25, C) PLACIDO ÃAHUE BARRIENTOS, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°0143-2026-GR-DREM-APURIMAC, 25/05/2026, E)18, F) V1: N8 456, E693, V2: N8 455, E693, V3: N8 455, E691, V4: N8 456, E691, G) No tiene derechos mineros por respetar;7A) MINAS 2025, B) 53-00066-25, C) S.M.R.L. MINAS 2025, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°147-2026-GR-DREM-APURIMAC, 25/05/2026, E)18, F) V1: N8 451, E731, V2: N8 449, E731, V3: N8 449, E730, V4: N8 451, E730, G) No tiene derechos mineros por respetar;8A) MUKY DE CCORAHUIRE, B) 53-00133-25, C) CONSORCIO GUILLEN E.I.R.L. D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°152-2026-GR-DREM-APURIMAC, 25/05/2026, E)18, F) V1: N8 477, E694, V2: N8 476, E694, V3: N8 476, E693, V4: N8 477, E693, G) No tiene derechos mineros por respetar;9A) RUBIA I, B) 53-00026-25, C) S.M.R.L. RUBIA I, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°159-2026-GR-DREM-APURIMAC, 03/06/2026, E)18, F) V1: N8 448, E756, V2: N8 446, E756, V3: N8 446, E754, V4: N8 447, E754, V5: N8 447, E755, V4: N8 448, E755, G) ANGOSTURA VIII, 010293906; DELICIA, 01017000;10A) AYLLUS DE KALLANKA, B) 53-00129-25, C) S.M.R.L. AYLLUS DE KALLANKA, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N° 197-2026-GR-DREM-APURIMAC, 17/08/2026, E)18, F) V1: N8 421, E763, V2: N8 420, E763, V3: N8 420, E762, V4: N8 421, E762, G) No tiene derechos mineros por respetar;11A) EL TIO LUCHO II, B) 53-00024-26, C) S.M.R.L. EL TIO LUCHO II, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°198-2026-GR-DREM-APURIMAC, 18/08/2026, E)18, F) V1: N8 415, E756, V2: N8 413, E756, V3: N8 413, E755, V4: N8 415, E755, G) No tiene derechos mineros por respetar;12A) PODEROSA I CONCEPCION, B) 53-00083-25, C) S.M.R.L. PODEROSA I CONCEPCION, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N° 199-2026-GR-DREM-APURIMAC, 19/08/2026, E)18, F) V1: N8 389, E724, V2: N8 388, E724, V3: N8 388, E723, V4: N8 387, E723, V5: N8 387, E722, V6: N8 387, E722, G) No tiene derechos mineros por respetar;13A) ESSCA I, B) 53-00157-25, C) CARLOS BACA OLIVERA, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°201-2026-GR-DREM-APURIMAC, 24/08/2026, E)18, F) V1: N8 468, E704, V2: N8 467, E704, V3: N8 467, E702, V4: N8 469, E702, V5: N8 469, E703, V6: N8 468, E703 G) No tiene derechos mineros por respetar;14A) GOPIN, B) 53-00014-26, C) S.M.R.L. GOPIN, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N° 200-2026-GR-DREM-APURIMAC, 24/08/2026, E)18, F) V1: N8 491, E754, V2: N8 490, E754, V3: N8 490, E752, V4: N8 491, E752, V5: N8 491, E751, V6: N8 492, E751, V17: N8 492, E753, V8: N8 491, E753, G) No tiene derechos mineros por respetar;15A) MUQUI DE LLIUPA, B) 53-00017-26, C) QHUYA NUEVA JERUSALEN JUTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N° 207-2026-GR-DREM-APURIMAC, 27/08/2026, E)18, F) V1: N8 475, E692, V2: N8 474, E692, V3: N8 474, E690, V4: N8 475, E690, G) No tiene derechos mineros por respetar;16A) MINAS SUPARAURA I, B) 53-00168-25, C) CONSTRUCTORA GERI E.I.R.L., D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N° 208-2026-GR-DREM-APURIMAC, 27/08/2026, E)18, F) V1: N8 446, E709, V2: N8 445, E709, V3: N8 445, E708, V4: N8 446, E708, G) No tiene derechos mineros por respetar;17A) PROYECTO HUAMAN PIRCCA II, B) 53-00165-25, C) HILARIO MARTINEZ QUISPE D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°205-2026-GR-DREM-APURIMAC, 27/08/2026, E)18, F) V1: N8 380, E664, V2: N8 379, E664, V3: N8 379, E663, V4: N8 380, E663, G) No tiene derechos mineros por respetar;18A) WUISWUICHA-I, B) 53-00019-26, C) CORPORACION POWER AIR A&E S.R.L., D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°204-2026-GR-DREM-APURIMAC, 27/08/2026, E)18, F) V1: N8 455, E752, V2: N8 454, E752, V3: N8 454, E751, V4: N8 455, E751, G) No tiene derechos mineros por respetar;19A) REYNA DE TUYA, B) 53-00087-24, C) ANGELICA AYALA CARBAJAL. D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°206-2026-GR-DREM-APURIMAC, 27/08/2026, E)18, F) V1: N8 432, E734, V2: N8 431, E734, V3: N8 431 E732, V4: N8 432, E732, G) No tiene derechos mineros por respetar;20A) CHAUPIORCCO, B) 53-00016-26, C) ALANTA S.A.C. D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°211-2026-GR-DREM-APURIMAC, 27/08/2026, E)18, F) V1: N8 490, E753, V2: N8 489, E753, V3: N8 489 E752, V4: N8 490, E752, G) No tiene derechos mineros por respetar;21A) JULIE TRECE, B) 53-00122-25, C) JESUS DERLIS SALAMANCA CALDERON D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°210-2026-GR-DREM-APURIMAC, 27/08/2026, E)18, F) V1: N8 495, E753, V2: N8 494, E753, V3: N8 494 E750, V4: N8 495, E750, G) No tiene derechos mineros por respetar;22A) ALVA, B) 53-00023-25, C) S.M.R.L. ALVA, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°214-2026-GR-DREM-APURIMAC, 01/09/2026, E)18, F) V1: N8 418, E724, V2: N8 416, E724, V3: N8 416, E722, V4: N8 418, E722, G) No tiene derechos mineros por respetar;23A) AURIUM-II, B) 53-00033-25, C) S.M.R.L. AURIUM-II, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°218-2026-GR-DREM-APURIMAC, 02/09/2026, E)18, F) V1: N8 413, E712, V2: N8 412, E712, V3: N8 412, E710, V4: N8 413, E710, G) ANTILLA 2003, 014344303; VALERIA QUINCE 2003, 010043803;24A) LEON PAMPA, B) 53-00063-24, C) EVARISTO GOMEZ LEON, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N° 226-2026-GR-DREM-APURIMAC, 07/09/2026, E)18, F) V1: N8 480, E727, V2: N8 480, E728, V3: N8 479, E728, V4: N8 479, E727, G) No tiene derechos mineros por respetar;25A) ANDES SANTA ROSA, B) 010001325L, C) KORIMALLKO MINERALS S.A.C., D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°234-2026-GR-DREM-APURIMAC, 17/09/2026, E)18, F) V1: N8 425, E754, V2: N8 422, E754, V3: N8 422, E751, V4: N8 423, E751, V5: N8 423, E751, V6: N8 423, E751, V7: N8 423, E751, V8: N8 423, E751, V9: N8 423, E751, V10: N8 423, E751, V11: N8 423, E751, V12: N8 423, E751, V13: N8 425, E752, G) No tiene derechos mineros por respetar;26A) EMPRESA MINERA LAHUAÃE SA, B) 53-00020-25, C) EMPRESA INDIGENA LAHUAÃE SA, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°257-2026-GR-DREM-APURIMAC, 12/10/2026, E)18, F) V1: N8 482, E750, V2: N8 480, E750, V3: N8 480, E749, V4: N8 482, E749, G) No tiene derechos mineros por respetar;27A) SISAY I, B) 53-00049-26, C) SISAY INDUSTRIES S.A.C., D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N° 264-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 485, E675, V2: N8 484, E675, V3: N8 484, E673, V4: N8 485, E673, G) No tiene derechos mineros por respetar;28A) VIRGEN MARIA DE LAYME, B) 53-00108-26, C) GUILLERMO HERMETANIO SALINAS TUMBA, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°262-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 450, E697, V2: N8 449, E697, V3: N8 449, E696, V4: N8 450, E696, G) LOS PANCHOS 2010, 530003610;29A) UNKA, B) 53-00058-22, C) S.M.R.L. UNKA, D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°259-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 485, E765, V2: N8 484, E765, V3: N8 484, E764, V4: N8 485, E764, G) No tiene derechos mineros por respetar;30A) BREST AZUL 1, B) 53-00135-25, C) ALEJANDRO HUAMAN QUISPE D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°273-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 483, E694, V2: N8 482, E693, V3: N8 482, E693, V4: N8 483, E693 , G) No tiene derechos mineros por respetar;31A) ECALIMOQ I, B) 53-00046-26, C) EULETERIO MORALES RIOS D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°260-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 421, E769, V2: N8 420, E769, V3: N8 420 E767, V4: N8 421, E767, G) No tiene derechos mineros por respetar;32A) SANTA ROSITA 5, B) 53-00025-26, C) LINO CAMACHO SANCHEZ D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°267-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 454, E699, V2: N8 452, E699, V3: N8 452 E698, V4: N8 454, E698, G) No tiene derechos mineros por respetar;33A) SAN JACINTO CAMPANAYOCC, B) 53-00042-26, C) GARY RODRIGO NAVEROS D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°263-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 491, E638, V2: N8 489, E638, V3: N8 489 E637, V4: N8 490, E637, V5: N8 490, E636, V6: N8 491 E636 G) No tiene derechos mineros por respetar;34 A) PUCARA I, B) 53-00020-26, C) MARY DELIA MEDINA BRAVO D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°269-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 464, E712, V2: N8 463, E712, V3: N8 463 E711, V4: N8 464, E711, G) IVERSIONES MINERAS OLIVER I, 040010608;35 A) MINERA DUSANTOS 1, B) 53-00041-26, C) EMPRESA MINERA DUSANTOS S.R.L. D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°266-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 450, E703, V2: N8 449, E703, V3: N8 449 E702, V4: N8 450, E720, G) No tiene derechos mineros por respetar;36 A) LUFRANE I, B) 53-00043-26, C) LUFRANE NECEL HUACHACA TEXI D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°272-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 425, E764, V2: N8 424, E764, V3: N8 424 E762, V4: N8 425, E762, G) No tiene derechos mineros por respetar;37 A) SOCCLLACASA 2, B) 53-00127-25, C) LUIS ALBERTO SANCHEZ LAOYZA D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°261-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 498, E735, V2: N8 497, E735, V3: N8 497 E734, V4: N8 498, E734, G) MINA JUANITA 2006, 010123606;38 A) SUR BRILLATE I, B) 53-00035-26, C) S.M.R.L. SUR BRILLATE I D) RESOLUCIÃN DIRECTORAL N°270-2026-GR-DREM-APURIMAC, 22/10/2026, E)18, F) V1: N8 459, E665, V2: N8 458, E665, V3: N8 458 E664, V4: N8 457, E664, V5: N8 457 E663, V6: N8 459, E663, G) HAWAZARA 1, 010076409.
JOSÃ RAÃL FARFÃN PORTUGAL
Director Regional
2574460-1
POR CUANTO:
El Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco, en la Octava Sesión Ordinaria de fecha diez de agosto del año dos mil veintiséis, ha emitido la presente Ordenanza Regional, y;
VISTO:
El Oficio N° 044-2026-GR CUSCO-CRC/CORNMASCGRD-P/FHR, de fecha 14 de julio del 2026, suscrito por el Presidente de la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo y Desastres del Consejo Regional de Cusco, periodo legislativo 2026, Sr. Felipe Hermoza Rojas, mediante el cual remite el Dictamen N° 002-2026- GR CUSCO-CRC-CORNMASCGRD, del proyecto de Ordenanza Regional que propone: âAPROBAR LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACCION REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CUSCO 2024-2027â; habiéndose procedido a su respectivo análisis, debate y evaluación conforme a las atribuciones conferidas por el marco normativo vigente; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artÃculo 191º de la Constitución PolÃtica del Perú, modificado por el artÃculo único de la Ley N° 30305, que señala que los Gobiernos Regionales tienen autonomÃa polÃtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. AutonomÃa que es delimitada, por el artÃculo 8º de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, como el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia; asà mismo, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su artÃculo 2º, señala que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurÃdicas de derecho público, con autonomÃa polÃtica, administrativa y económica en asuntos de su competencia y constituye un Pliego Presupuestal para su administración económica y financiera;
Que, La Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos Regionales, tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Asimismo, los literales b) y e) del artÃculo 9º, de la misma Ley, precisan como competencias constitucionales de los Gobiernos Regionales: âFormular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civilâ, âPromover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes (…)â. Igualmente, el artÃculo 10º de la citada Ley, establece que: âLos Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley, asà como las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno (…)â. De igual manera el artÃculo 38º señala que: âLas Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competenciaâ; y, el literal a) del artÃculo 15º de la misma norma, dispone que son atribuciones del Consejo Regional, aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencias y funciones del Gobierno Regional;
Que, el literal a) y b) del artÃculo 61º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, modificado por el artÃculo 2º de la Ley N° 29611, señalan que son funciones en materia de defensa Civil del Gobierno Regional, entre otras: âa) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las polÃticas regionales en materia de defensa civil y seguridad ciudadana, en concordancia con la polÃtica general del Gobierno y los planes sectoriales y locales, y; b) Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil y el Comité Regional de Seguridad Ciudadanaâ;
Que, la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1454 crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), como un sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las polÃticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantÃas individuales y sociales a nivel nacional para lograr una situación de paz social y protección de libre ejercicio de los derechos y libertades, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El mismo cuerpo normativo en su ArtÃculo 5°, crea el Consejo Nacional de seguridad Ciudadana (CONASEC), como el máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las polÃticas de seguridad ciudadana, con autonomÃa funcional y técnica;
Que, el artÃculo 15º del Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, señala que, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de polÃticas, planes, programas, directivas y actividades en materia de seguridad ciudadana, en el marco de las PolÃticas Nacionales diseñadas por el CONASEC. Articula las relaciones entre las diversas entidades públicas y privadas que forman parte del SINASEC a nivel Regional. Cuentan con una secretaria técnica;
Que, el artÃculo 9º del Decreto Supremo N° 010-2019-IN, que modifica el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, establece: âEl Ministerio del Interior es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). Constituye la autoridad técnico normativa de alcance nacional encargada de dictar normas, establecer los lineamientos y procedimientos relacionados con el diseño, la implementación y evaluación de las polÃticas de seguridad ciudadana y coordinar su operación técnica, asà como las formas de articulación entre las diversas entidades involucradas. Es responsable del funcionamiento estructurado, articulado y descentralizado de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadanaâ. El mismo dispositivo legal establece en su artÃculo 17° como una de las funciones del CORESEC la de: âProponer ante el Gobierno Regional la aprobación del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana alineado al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y sus medidas sectoriales, elaborado bajo los enfoques de gestión por resultados, intercultural y regional, y articulado con los instrumentos del SINAPLANâ;
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2022-IN, se aprueba la âPOLÃTICA NACIONAL MULTISECTORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA AL 2030â, que establece el problema público y sus causas estableciendo la Matriz Operativa de la PolÃtica Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, que comprende 05 Objetivos Prioritarios: OP1: Incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencias cometidos por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población, OP2: Mejorar el acceso de la ciudadanÃa a los servicios de seguridad ciudadana, OP3: Reducir la victimización por los delitos de robo y hurto en espacios públicos, OP4: Reducir la incidencia de delitos violentos que afectan a la población y OP5: Disminuir los delitos de complejidad cometidos por bandas criminales que victimiza a la población;
Que, la Resolución Ministerial N° 0786-2023-IN, aprueba la Directiva N° 006-2023-IN-DGSC denominada âLineamientos técnicos para la formulación, aprobación, implementación y actualización de los Planes de Acción Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadanaâ, ha sido utilizada para la formulación del Plan de Acción;
Que, en cumplimento a la Resolución Ministerial N° 970-2024-IN, que Modifica la Directiva Nº 006-2023-IN-DGSC âLineamientos técnicos para la formulación, aprobación, implementación y actualización de los Planes de Acción Regional, Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadanaâ; que indica en su Ãtem 7.1.4. Actualización del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana, 7.1.4.6, âEn caso corresponda ser APROBADO el PARSC, el presidente del CORESEC propone ante el Consejo Regional del Gobierno Regional la APROBACIÃN mediante Ordenanza Regional. En caso corresponda ser VALIDADO por el CORESEC, este se manifiesta en un Acta refrendada por los miembros titulares de las entidades que conforman el CORESEC. En ambos casos, se comienza a implementar al dÃa siguiente de haber obtenido su APROBACIÃN o VALIDACIÃN, según la recomendación de la SecretarÃa Técnica del CONASEC-DGSCâ;
Que, el literal a) del artÃculo 17º y 19º del Decreto Supremo N° 001-2025-IN, que Modifica el Reglamento de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2014-IN, para adecuarlo a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1618, en cuyo contenido establece las funciones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana y las funciones de la Secretaria Técnica del CORESEC; indicando que tiene como función presentar al Gobierno Regional y Comité Regional la propuesta del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana aprobado y validado por el CORESEC, para su aprobación mediante Ordenanza Regional;
Que, el Texto Ãnico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2026-JUS, en su numeral 1 artÃculo 17° señala que: âLa autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopciónâ, siendo asÃ, la âActualización del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana Cusco 2024-2027â, deberá ser aprobada con eficacia al 02 de enero de 2026, conforme lo establecido por el área técnica, ya que el 01 de enero de 2026, era feriado nacional, conforme lo establece el artÃculo 6 del Decreto Legislativo Nº 713, Decreto Legislativo que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada;
Que, mediante Informe N° 0018-2025-GR CUSCO/ORGRDS/ST-CORESEC/MAOA, del 12 de noviembre de 2025, el Director de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Ciudadana- Secretario Técnico del CORESEC â CUSCO, remite la Actualización del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2024-2027 para su aprobación mediante Ordenanza Regional al Sr. Gobernador Regional en su condición de Presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana â Cusco para que desde su despacho solicite el respectivo trámite de aprobación por el Consejo Regional, y con Oficio N° 0134-2026-GR CUSCO/ORGRDS, del 15 de abril de 2026, la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, indica que: âRespecto al punto del Ãtem 13 del Informe N° 253-2025-GR CUSCO-CRC/SCR/MMPC, donde observan porqué de la publicación en la plataforma del Gobierno Regional Cusco, se debe aclarar que al ser el PARSC 2024-2027, un instrumento de gestión e insumo modelo para los comités provinciales y distritales y contando con el informe de opinión técnica favorable del ente rector -Dirección General de Seguridad Ciudadana del MININTER, se procedió a la publicación interna en nuestra plataforma Gobierno Regional, mas no se incumplió con la normativa que establece y la letra dice âLa Secretaria Técnica del CORESEC registra la nueva versión del PARSC actualizado y su respectiva Ordenanza Regional de aprobación o Acta de validación del CORESEC, según corresponda, y el Informe de la instancia superior que contiene la OPINIÃN TÃCNICA FAVORABLE en la plataforma digital implementada por la DGSC en un plazo no mayor a diez (10) dÃas hábiles posteriores a su aprobación o validación, según la RECOMENDACIÃN brindada por la Secretaria Técnica del CONASEC-DGSC; pero en merito a la observancia se ha procedido a eliminar la publicación en nuestra plataforma, para no inferir con el trámite correspondiente. (â¦) Respecto al punto del Ãtem 14, mediante MEMORANDUM N° 893-2026-GR CUSCO/GRPPM, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, precisa la disponibilidad presupuestal favorable hasta la suma de S/ 150,000.00 (Ciento cincuenta mil con 00/100 soles) para el presente Ejercicio Fiscal 2026; dichos recursos están destinados a la implementación de las actividades de la matriz estratégica del Plan y Presupuesto que debe ser asignado por el Gobierno Regional Cusco y cuentan con cargo a la Meta 0001: âAsistencia Técnica y administrativa a los comités de seguridad ciudadanaâ y el presupuesto para las actividades estratégicas nuevas que asciende a S/. 238,570.00, se puede gestionar la viabilidad para la ampliación presupuestal. (â¦) De lo expuesto, y en el marco de lo dispuesto en el artÃculo 17 de la Ley N° 27444, se solicita que la Ordenanza Regional pueda tener la aplicación de la eficacia anticipada del acto administrativo, a fin de que la Ordenanza Regional que aprueba la Actualización del Plan Regional de Seguridad Ciudadana (PARSC) 2024-2027 tenga efectos desde el 01 de enero de 2026, en tanto indicar que la medida no vulnera derechos de terceros, más al contrario favorecerÃa el interés público y garantiza la continuidad de las intervenciones en materia de seguridad ciudadana en la región.â;
Que, mediante Informe Técnico N° 521-2025-GR CUSCO/GRPPM-SGPL, de fecha 26 de noviembre del 2025, la Subgerencia de Planeamiento concluye que: âEn tal virtud, se concluye que el presente Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana Cusco 2024 2027 se enmarca en el Objetivo Estratégico Regional (OER) 08 âGarantizar la Gobernanza en el departamentoâ dentro del cual se contempla la Acción Estratégica Regional (AER 8.4) âReducir la inseguridad ciudadanaâ del âPlan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2033â además, el indicado Plan cumple con las etapas de aprobación de los Lineamientos técnicos para la formulación, aprobación, implementación y actualización de los Planes de Acción Regional, provincial y distrital de Seguridad Ciudadana de la Resolución Ministerial N° 0970 -2024-IN, que modifica algunos numerales de la Directiva N° 006-2023-IN-DGSCâ y considerando que el Plan ha sido validado por unanimidad por los integrantes del CORESEC en fecha 28 de octubre del 2025 en la quinta Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.1.2 Aprobación del PARSC, de la Directiva N° 006-2023-IN-DGSC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0786-2023, establece: en el numeral 7.1.2.1 âHabiéndose validado la propuesta del PARSC por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, el presidente del CORESEC propone ante el Consejo Regional del Gobierno Regional la APROBACIÃN del mismoâ asà mismo en el numeral 7.1.2.2 señala: âEl Consejo Regional del Gobierno Regional aprueba el PARSC mediante Ordenanza Regional en el más corto plazo, logrando Cumplir este objetivo antes del término del mismo año de su formulaciónâ, en ese entender, la Subgerencia de Planeamiento emite el informe técnico para proseguir con los trámites correspondientes para su aprobaciónâ;
Que, mediante Informe N° 1496-2025-GR CUSCO/GRPPM-SGPR, del 28 de noviembre de 2025, la Subgerencia de Presupuesto, señala que: âLa âActualización del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2024-2027, es un instrumento de Gestión, a través del cual, se implementará acciones para fortalecer el trabajo multisectorial y multidisciplinario en la Región del Cusco, mediante la interrelación de acciones estratégicas de prevención y operativas, capacitación, asistencia técnica y administrativa de los sectores e instituciones comprometidos, con la participación de la Comunidad Organizada, a fin de reducir los niveles de percepción de inseguridad Ciudadana, el mismo que se encuentra articulado a la PolÃtica Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. Por lo expuesto en el análisis del último párrafo, esta Sub Gerencia emite Informe de Disponibilidad Presupuestal, con cargo al presupuesto asignado al Programa Presupuestal 0030 âREDUCCIÃN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANAâ; Producto 3000356 Comunidad Organizada a Favor de la Seguridad Ciudadana, Actividad 5004165 Asistencia Técnica y Administrativa a los Comités de Seguridad Ciudadana, con dependencia de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.3, Bienes y Servicios por el importe de S/ 206,047.00, (DOS CIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), para el presente ejercicio fiscal 2025â. Consecuentemente con Informe N° 481-2026-GR CUSCO/GRPPM-SGPR, del 10 de abril de 2026, la Subgerencia de Presupuesto estableció que: âCabe informar, el Informe N° 1496-2025-GR CUSCO/GRPPM-SGPR, de fecha 28 de noviembre del 2025, emitido por esta Subgerencia, corresponde al Ejercicio Fiscal 2025, el cual no tiene incidencia presupuestal para el presente Ejercicio Fiscal 2026, por cuanto para el presente ejercicio fiscal tiene una asignación presupuestal de S/ 150,000.00, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Programa Presupuestal: 0030 âReducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadanaâ, Producto: 3.000356 âComunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadanaâ, Meta: 0001 âAsistencia Técnica y Administrativa a los Comités de Seguridad Ciudadanaâ, Genérica de Gasto 2.3 âBienes y Serviciosâ. (â¦) Por lo expuesto en los párrafos precedentes, para el Ejercicio Fiscal 2026, se emite informe favorable de disponibilidad presupuestal hasta por la suma de SI 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 Soles). con cargo al presupuesto asignado al Ãrea de Seguridad Ciudadana de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, en la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.3 âBienes y Serviciosâ, Programa Presupuestal: 0030 âReducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadanaâ, Meta: 0001 âAsistencia Técnica y Administrativa a los Comités de Seguridad Ciudadanaâ, para la implementación de las actividades de la matriz estratégica contenidas en el Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2024-2027â. En consecuencia, se tiene la opinión de capacidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal 2026.â;
Que, a través de Informe Legal N° 1101-2025-GR CUSCO/ORAJ, la Oficina Regional de AsesorÃa JurÃdica, conforme a sus funciones, emite opinión legal: âFAVORABLE a la Propuesta de Ordenanza Regional, que establece: APROBAR LA ACTUALIZACIÃN DEL PLAN DE ACCIÃN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CUSCO 2024-2027â. Informe legal debidamente ratificado con informe N 250-2026-GR CUSCO/ORAJ, del 21 de mayo de 2026 e Informe N° 291-2026-GR CUSCO/ORAJ;
Que, mediante oficio Nº 881-2026-GR CUSCO-CRC/SCR, de fecha 03 de julio de 2026, La Secretaria del Consejo Regional remite el informe a la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos y desastres, para conocimiento y acciones que correspondan, la misma que adjunta el informe N° 105-2026-GR CUSCO-CRC/SCR/MMPC/NMJ, la misma que precisa en sus conclusiones: âPrimero.- Emisión de opinión favorable habiéndose verificado el cumplimiento de las exigencias constitucionales, legales y técnicas aplicables y contando con los informes técnicos favorables de Planeamiento, Presupuesto, la validación unánime del CORESEC, el visto bueno del ente rector (MININTER) y la opinión legal de procedencia de la Oficina de AsesorÃa JurÃdica del Gobierno Regional de Cusco (Informe Legal N° 291-2026-GR CUSCO/ORAJ), Los asesores de la Comisión remiten OPINIÃN FAVORABLE para que se apruebe el Proyecto de Ordenanza Regional de ACTUALIZACIÃN DEL PLAN DE ACCIÃN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024-2027. Segundo. – Eficacia Anticipada: Se determina VIABLE y jurÃdicamente necesario que la Ordenanza Regional disponga expresamente su eficacia anticipada al 02 de enero de 2026, al amparo de lo normado en el articulo17° del Texto Ãnico Ordenado de la Ley N°27444, con el fin de regularizar acciones estratégicas en marcha y garantizar el amparo legal y presupuestal de las operaciones de seguridad ciudadana ejecutadas durante el presente año fiscal;
Que, la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y Desastres del Consejo Regional del Cusco, periodo legislativo 2026, en fecha 09 de julio del 2026 llevó a cabo su Tercera Sesión Extraordinaria, presidida por el Consejero Regional Sr. Felipe Hermoza Rojas, oportunidad en la cual se efectuó el análisis y evaluación de la procedencia de la propuesta de Ordenanza Regional que propone: âAPROBAR LA ACTUALIZACIÃN DEL PLAN DE ACCIÃN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CUSCO 2024-2027 â y, habiéndose valorado los sustentos técnicos y jurÃdicos que respaldan la referida propuesta normativa, la citada Comisión Ordinaria acordó aprobar por mayorÃa el Proyecto de Ordenanza Regional;
Que, en la Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Regional de Cusco, de fecha 10 de agosto de 2026, el Presidente del Consejo Regional sometió a consideración del Pleno, el Proyecto de Ordenanza Regional que propone: âAPROBAR LA ACTUALIZACIÃN DEL PLAN DE ACCIÃN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CUSCO 2024-2027 â, presentado por el Presidente de Comisión Ordinaria de Recursos Naturales, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y Desastres, mediante el documento de visto y luego de ser debidamente sustentado, fue sometido a votación, siendo aprobado por voto nominal por unanimidad, conforme consta en el acta de sesión correspondiente;
Por lo expuesto, el pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco en uso de sus facultades conferidas por la Constitución PolÃtica del Perú, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Ley N° 27783 â Ley de Bases de la Descentralización, el Reglamento Interno del Consejo Regional de Cusco aprobado por la Ordenanza Regional N° 248-2024-CR/GRC CUSCO; y de conformidad con el Dictamen Dictamen N° 002-2026-GR CUSCO-CRC-CORNMASCGRD, de la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo y Desastres del Consejo Regional de Cusco, con el voto nominal por unanimidad de los Consejeros Regionales presentes, con la dispensa del trámite de lectura del acta:
HA DADO LA SIGUIENTE:
ArtÃculo Primero.-APROBAR, con eficacia anticipada al 02 de enero del 2026, la âACTUALIZACIÃN DEL PLAN DE ACCIÃN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CUSCO 2024-2027, REGION CUSCOâ, aprobada mediante Ordenanza Regional N° 246-2023-CR/GRC, del Gobierno Regional del Cusco, validado por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) y APTO para su implementación, cuyo texto Ãntegro, en anexo impreso en folios 143, forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional.
ArtÃculo Segundo.-ENCARGAR, a la Secretaria Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana adoptar los procedimientos y medidas necesarias para la implementación de la âActualización del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2024-2027â, debiendo informar trimestralmente al CORESEC sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos del mismo.
ArtÃculo Tercero.-El anexo único, âActualización del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2024-2027â, que forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional será publicado en el portal institucional del Gobierno Regional del Cusco.
ArtÃculo Cuarto.-Dejar sin efecto legal alguno, todas las disposiciones que se opongan a la vigencia de la presente Ordenanza Regional.
ArtÃculo Quinto.-La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al dÃa siguiente de su publicación en el Diario Oficial âEl Peruanoâ. Encargar a la Gerencia General Regional y a la Oficina de Imagen Institucional la publicación y difusión en el Portal Institucional del Gobierno Regional de Cusco.
ComunÃquese al Señor Gobernador Regional del Gobierno Regional de Cusco para su promulgación.
Dado en Cusco, a los diez dÃas del mes de agosto del año dos mil veintiséis.
RegÃstrese, publÃquese y cúmplase.
EULOGIO CRUZ CARTAGENA
Presidente del Consejo Regional Cusco
Periodo Legislativo 2026
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional del Cusco, a los 11 dÃas del mes de Setiembre del año 2026
WERNER MÃXIMO SALCEDO ÃLVAREZ
Gobernador Regional del Cusco
Gobierno Regional del Cusco
2555017-1
2575679-1
Juliaca, 14 de mayo del 2026
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÃN – JULIACA
VISTOS:
El INFORME N° 004, 41-2026-MPSR-J/GAT/SGEC, emitido por la Subgerencia de Ejecución Coactiva; INFORME N° 007, 25-2026-MPSR-J/GAT/JMCH, emitido por la Gerencia de Administración Tributaria; INFORME TÃCNICO N° 040, 083-2026-MPSRJ/OGPP/OPM, emitido por la Oficina de Planeamiento y Modernización; INFORME N° 0193, 742-2026-MPSR-J/OGPP, emitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; INFORME N° 083-2026-MPSR-J/GEMU, emitido por la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con personerÃa jurÃdica de derecho público y tienen autonomÃa polÃtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artÃculo 194° de la Constitución PolÃtica del Perú, concordante con el Art. II del TÃtulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Que, la Ley N° 27204, Ley que precisa que el cargo de ejecutor y auxiliar coactivo no es cargo de confianza, señala en su artÃculo 1° que, el Ejecutor y el Auxiliar Coactivo son funcionarios nombrados o contratados, según el régimen laboral de la Entidad a la cual representan, y su designación, en los términos señalados en el ArtÃculo 7 de la Ley Nº 26979, âLey de Procedimiento de Ejecución Coactivaâ, no implica que dichos cargos sean de confianza.
Que, el Texto Ãnico Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, en su numeral 7.1 del artÃculo 7° sobre la designación del Ejecutor Coactivo, establece:âLa designación del Ejecutor como la del Auxiliar se efectuará mediante concurso público de méritos, (â¦)â;
Que, el Texto Ãnico Ordenado de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, en su artÃculo 33-A sobre la Acreditación del Ejecutor Coactivo, señala que:âSólo los Ejecutores coactivos debidamente acreditados ante las entidades del sistema financiero y bancario, la PolicÃa Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del territorio nacional y ante el Banco de la Nación, podrán ordenar embargos o requerir su cumplimiento. Dicha acreditación deberá contener, cuando menos, el nombre de la persona, el número del documento de identificación personal, el domicilio personal, el número de inscripción correspondiente a su colegiatura, el número y fecha de la resolución que lo designa, el registro de firmas y sellos correspondiente, la dirección de la oficina en donde funciona la EjecutorÃa coactiva de la Entidad. La acreditación del Ejecutor coactivo deberá ser suscrita por el titular de la Entidad correspondiente. Los terceros exigirán, bajo responsabilidad, la acreditación antes referida, quedando dispensados de ejecutar las medidas cautelares que sean dictadas en caso de que la misma no sea cumplida y/o no se encuentre conforme a lo establecido en la presente Ley.â.
Que, mediante Resolución de AlcaldÃa N° 172-2024-MPSR-J/A, de fecha 06 de setiembre del 2024, se ratifica la designación de la Abg. Reina Aguirre Huaynasi, en el cargo de Ejecutora Coactiva de Deudas Tributarias de la Municipalidad Provincial de San Román (â¦).
En ese contexto, y de la valoración de los actuados en el expediente administrativo materia de la presente, el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, por medio del INFORME N° 083-2026-MPSR-J/GEMU, de fecha 08 de mayo del 2026, informa que la administración municipal enfrenta dificultades operativas para hacer efectiva su potestad sancionadora en materias administrativas. La falta de un ejecutor para deudas no tributarias no solo genera impunidad ante las infracciones, sino que pone en riesgo la recaudación de ingresos propios y la eficacia de las resoluciones de gerencia. Por tanto, concluye que, con el fin de optimizar la gestión administrativa y asegurar el cumplimiento de las sanciones impuestas por las distintas gerencias de la Municipalidad, es necesario y legalmente procedente ampliar las facultades de la actual Ejecutora Coactiva.
Por las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades conferidas en el artÃculo 194° de la Constitución PolÃtica del Estado, y tomando en consideración el inciso 6 del artÃculo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972;
SE RESUELVE:
ArtÃculo Primero.- DESIGNAR y ACREDITAR por necesidad operativa institucional, a la Abg. REINA AGUIRRE HUAYNASI, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 02433294, como Ejecutor Coactivo de Deudas No Tributarias de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, ello en adición a sus funciones como Ejecutor Coactivo de Deudas Tributarias de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, de acuerdo con las facultades que otorga la Ley especÃfica de la materia
ArtÃculo Segundo.- DISPONER a la Abg. REINA AGUIRRE HUAYNASI – Ejecutor Coactivo de Deudas Tributarias y No Tributarios de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, cumpla las funciones establecidas en la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y el Texto Ãnico Ordenado, aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, y sus modificatorias.
ArtÃculo Tercero.-DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Ejecución Coactiva, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y demás dependencias competentes de esta Municipalidad.
ArtÃculo Cuarto.-ENCARGAR a la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, la notificación del presente acto resolutivo a la profesional descrita en el artÃculo primero de la presente Resolución, a las unidades orgánicas competentes de la Municipalidad; asà como su Publicación en el Diario Oficial El Peruano, y el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de San Román.
Registrese, comuniquese y archÃvese.
OSCAR WYLLAMS CÃCERES RODRÃGUEZ
Alcalde
Juliaca, 2 de octubre de 2026
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÃN â JULIACA
VISTOS:
El INFORME N° 173-2026-MPSR-J/GAT/SGEC, emitido por la Subgerencia de Ejecución Coactiva; INFORME N° 73-2026-MPSR-J/GAT, emitido por la Gerencia de Administración Tributaria;
OPINIÃN LEGAL N° 464-2026-MPSR-J/OGAJ, emitido por la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica, y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con personerÃa jurÃdica de derecho público y tienen autonomÃa polÃtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artÃculo 194° de la Constitución PolÃtica del Perú, concordante con el Art. II del TÃtulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Que, la Ley N.° 27204, Ley que precisa que el cargo de ejecutor y auxiliar coactivo no es cargo de confianza, señala en su artÃculo 1° que, el Ejecutor y el Auxiliar Coactivo son funcionarios nombrados o contratados, según el régimen laboral de la Entidad a la cual representan, y su designación, en los términos señalados en el ArtÃculo 7° de la Ley Nº 26979, âLey de Procedimiento de Ejecución Coactivaâ, no implica que dichos cargos sean de confianza.
Que, el Texto Ãnico Ordenado de la Ley N.° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, en su literal f) del artÃculo 5° sobre la función del Auxiliar Coactivo, establece: âDar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funcionesâ. Tanto más que, la fe pública coactiva implica que el Auxiliar actúa como un fedatario especializado de la potestad autotutela ejecutiva de la Administración Pública. Su firma y validación otorgan presunción de certeza y juridicidad a las actuaciones practicadas por el Ejecutor Coactivo;
Que, el Texto Ãnico Ordenado de la Ley N.° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, en su numeral 7.1 del artÃculo 7° sobre la designación del Ejecutor Coactivo, establece: âLa designación del Ejecutor como la del Auxiliar se efectuará mediante concurso público de méritos.â.
Que, mediante Resolución de AlcaldÃa N° 248-2026-MPSR-J/A, de fecha 10 de setiembre de 2026, se designó y acreditó al Abg. Javier Larico Cañapataña, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 70319752, en el cargo de Auxiliar Coactivo de Deudas Tributarias de la Municipalidad Provincial de San Román â Juliaca, bajo el régimen laboral de Decreto Legislativo N° 11057 (Contrato CAS Transitorio por Concurso Público de Méritos).
Bajo esa premisa, por medio del INFORME N° 173-2026-MPSR-J/GAT/SGEC, de fecha 15 de setiembre de 2026, la Subgerencia de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de San Román â Juliaca, solicita ampliar las funciones del Auxiliar Coactivo de Deudas Tributarias y cumpla las funciones también del Ãrea de Deudas No Tributarias, a fin de velar por la continuidad de los procedimientos administrativos, la defensa del interés público y la validez legal de las actuaciones coactivas;
Que, a través del INFORME N° 73-2026-MPSR-J/GAT, de fecha 17 de setiembre de 2026, el Gerente de Administración Tributaria de este corporativo municipal, eleva el pedido efectuado por la Subgerencia de Ejecución Coactiva de este corporativo municipal, a fin de que en su oportunidad se emita el acto resolutivo correspondiente.
Que, estando a los antecedentes y actuados, premisa normativa, fáctica y análisis legal efectuado por la Oficina General de AsesorÃa JurÃdica mediante OPINIÃN LEGAL N° 464-2026-MPSR-J/OGAJ, opina que es jurÃdicamente viable expedir una Resolución de AlcaldÃa que disponga en adición de sus funciones del Abg. Javier Larico Cañapataña al Ãrea de Deudas No Tributarias, sujetándose a la vigencia de su contrato administrativo de servicios (Decreto Legislativo N° 1057), a fin de velar por la continuidad de los procedimientos administrativos, la defensa del interés público y la validez legal de las actuaciones coactivas de esta corporación municipal.
Por las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades conferidas en el artÃculo 194° de la Constitución PolÃtica del Estado, y tomando en consideración el inciso 6 del artÃculo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972;
SE RESUELVE:
ArtÃculo Primero.-AMPLIARlas funciones del Abg.JAVIER LARICO CAÃAPATAÃA,en su condición deAuxiliar Coactivo de Deudas Tributarias de la Municipalidad Provincial de San Román â Juliaca, para que ejerza de forma conjunta las funciones inherentes al Ãrea de Deudas No Tributarias, adscrita a la Subgerencia de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de San Román â Juliaca, sujetándose a la vigencia de su contrato administrativo de servicios (Decreto Legislativo N° 1057), a fin de velar por la continuidad de los procedimientos administrativos, la defensa del interés público y la validez legal de las actuaciones coactivas de esta corporación municipal.
ArtÃculo Segundo.-PRECISARque la ampliación de funciones dispuesta en el artÃculo precedente es de carácter estrictamente temporal. Esta asignación no genera derecho de estabilidad laboral en las nuevas funciones encomendadas, ni implica una modificación de los términos y condiciones de su vÃnculo laboral bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS).
ArtÃculo Tercero.-NOTIFICARla presente resolución al Abg. Javier Larico Cañapataña, a la Gerencia Municipal,Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Ejecución Coactiva, Oficina de Gestión de Recursos Humanos,y a las demás dependencias administrativas pertinentes para su conocimiento y fines de Ley.
ArtÃculo Cuarto.-ENCARGARa la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de San Román â Juliaca.
Registrese, comuniquese y cúmplase.
OSCAR WYLLAMS CÃCERES RODRÃGUEZ
Alcalde
2574746-2

